AUTOR: SERGIO CABALLERO (REPORTAJE ESPECIAL)
La isla quintanarroense de Holbox es el centro de un conflicto entre ejidatarios y un consorcio que pretende establecer ahí un desarrollo turístico de altos vuelos. Península Maya Developments ha recurrido a jugadas sucias: con engaños se apoderó de la asamblea ejidal y despojó de derechos agrarios y de parcelas a los tenedores originales de la tierra; con violencia evitó que los comuneros se defendieran del saqueo y para rematar acusó a algunos de ellos de delitos ambientales, cuando el complejo hotelero se asentará en un área natural protegida. Y las autoridades no acudieron en auxilio de los holboxeños, sino al contrario.
En esa intensa batalla legal y política por la posesión de más de 12 kilómetros de playa están implicados un centenar de ejidatarios, por un lado, y por el otro, el consorcio Península Maya Developments (PMD), que reúne a Fernando Ponce García y su yerno Ermilo Castilla Roche, de Bepensa, y Germán Ahumada Alduncin, de ARA.
El saldo hasta la fecha es de 16 detenidos acusados de delitos ambientales, represión contra los comuneros y 30 procedimientos abiertos ante las autoridades agrarias.
Y aunque Holbox forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de Yum Balam, el problema no es estrictamente ambiental, advierte Nivardo Mena Villanueva, quien reclama la presidencia del comisariado ejidal que las autoridades agrarias otorgaron a Benigno Mena Correa.
Los ejidatarios agraviados por Ponce y ARA, según Mena Villanueva, exigen “la devolución de derechos agrarios a los ejidatarios o un nuevo arreglo económico”.
Litigio viejo
La lucha por Holbox se inicio en 2003 y tiene como primeros protagonistas a los exgobernadores quintanarroenses Joaquín Hendricks Díaz y Félix González Canto. Ponce llegó como turista a Holbox, comenta a Proceso Mena Villanueva. “Es empresario y tuvo visión para hacer un gran desarrollo (turístico)”.
Según el relato del comisariado ejidal de Holbox, en 2003 empezaron a llegar operadores a fin de sembrar entre los comuneros la idea de que vender sus tierras para un desarrollo turístico sería una “oportunidad” que los beneficiaría.
Uno de esos primeros operadores fue Alfonso El Mosco Pereira, cercano a Hendricks, pero no avanzó gran cosa. Hacia 2005 aparecieron operadores vinculados con el entonces gobernador electo González Canto, quienes de entrada ofrecieron un plan de titulación y un fidecomiso para el desarrollo de Holbox, con la participación de empresarios y ejidatarios.
Los ejidatarios encabezados entonces por Francisco Cáceres Correa aceptaron la oferta y otorgaron “poder amplio y absoluto” a Ponce. En caso de fallecer éste, el poder recaería en su hijo.
La primera aparente muestra de generosidad de Ponce fueron préstamos de 250 mil pesos a cada ejidatario. Y la primera sorpresa para éstos fue que, cuando empezó el proceso de titulación, Ponce se cobró ese dinero, que quedó a cuenta del título de propiedad y con él se integró el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la Isla Holbox.
Y el entonces gobernador González Canto obtuvo su parte, heredada de la anterior administración. El exmandatario Hendricks había apartado tres parcelas que sumaban 12 hectáreas para el gobierno estatal; González Canto las entregó “en comodato” a Gamaliel Arana, exfuncionario del ayuntamiento de Cozumel.
Cuando concluyó el proceso de titulación, estas tres parcelas aparecieron escrituradas a nombre de Jaime González Zetina, primo de González Canto y actual recaudador de rentas de la secretaría estatal de Planeación y Finanzas en Cancún.
En 2008 Ponce inició la compra de lotes a ejidatarios; de 116 de ellos, 70 aceptaron vender; el empresario les expidió dos cheques: uno por 2 millones 200 mil pesos y otro por 2 millones 250 mil pesos. Al mismo tiempo les ofreció 100 mil pesos a familiares y amigos de los comuneros reacios para convencerlos de que vendieran.
Pero la compra del terreno incluía la entrega de los derechos agrarios; el argumento de Ponce y Castilla era el de “proteger el proyecto”. Además Bepensa les regaló electrodomésticos a los ejidatarios, quienes deberían firmar de “recibido” los obsequios; la mayoría estampó su rúbrica en documentos sin carátula, de modo que la empresa obtuvo firmas “de reserva de los comuneros”. Esos documentos fueron llevados a Mérida.
Estas operaciones se llevaron a cabo con la complacencia del entonces comisario ejidal Eduardo Jiménez Ancona.
Posteriormente –sigue Mena Villanueva– en la capital yucateca se celebró una falsa asamblea avalada por Jiménez Ancona, donde los derechos ejidales fueron cedidos a prestanombres de Ponce y Castilla. Así Bepensa obtuvo la mayoría de la junta de ejidatarios –de los cuales 70 eran “nuevos” y tenían domicilio en Mérida– para echar a andar su proyecto La Ensenada: 875 villas y condominios, tres hoteles, área comercial, canales y un puerto en Holbox.
Mena Villanueva cuenta en entrevista que hay tres grupos de prestanombres: “Hay empleados de confianza de Bepensa y de otras empresas de Ponce; familiares y amigos de Ermilo Castilla y también gente relacionada directamente con Ahumada”.
Fraccionadores
El siguiente paso consistía en dividir la isla en cuatro partes, para lo cual era necesario llevar a cabo otra asamblea. Se decidió realizarla en Kantunilkín, cabecera del municipio de Lázaro Cárdenas, del cual forma parte Holbox. El primer intento de asamblea de los 70 ejidatarios meridanos falló cuando los holboxeños impidieron el acceso al restaurante donde tendría lugar.
El segundo intento –el pasado 1 de junio– tuvo éxito… con apoyo de la Policía Estatal. En una asamblea ejidal que duró una hora y 10 minutos se aprobó dividir la isla en cuatro ejidos: Holbox, Península Holbox, Isla Holbox y Punta Holbox. También eligieron presidentes de los nuevos ejidos a Benigno Correa en Holbox, Miguel Velásquez Niera en Isla Holbox, Alejandro Canales en Península Holbox y Everardo Gracida Aquino en Punta Holbox.
Según Mena Villanueva, sólo Correa es habitante de Holbox, e identificó a Canales como “gente de Ahumada Alduncin”. Gracida Aquino es exsubdelegado de la Procuraduría Agraria (PA) de Yucatán.
Esa segunda asamblea estaba convocada para celebrarse en un restaurante de Kantunilkín, pero finalmente se celebró en otro, María Itzel, propiedad del síndico municipal de Lázaro Cárdenas, Luis Campos Álvarez. Ambos locales fueron custodiados por granaderos quienes además colocaron retenes en la carretera Cancún-Kantunilkín. Asimismo el restaurante María Itzel estuvo resguardado por un grupo de golpeadores, quienes portaban un brazalete gris.
Los granaderos solamente permitieron el ingreso de los “ejidatarios” meridanos e impidieron el paso a los comuneros holboxeños.
Al concluir la asamblea, la camioneta tripulada por el secretario estatal de Seguridad Pública, Carlos Villa Castillo, se abrió paso entre los ejidatarios y atropelló e hirió a uno, Fausto Ancona. Esta acción enardeció los ánimos de los comuneros, quienes se enfrentaron a pedradas con la policía, la cual los dispersó con gases lacrimógenos.
Más tarde ese mismo día los ejidatarios tomaron la sede de la representación municipal en Holbox, la cual devolvieron horas más tarde, pero se apoderaron del local del comisariado ejidal, que sigue bajo su control.
Favoritismos
Mena Villanueva lamenta que la justicia no ha sido pareja y la balanza se ha inclinado en favor de Ponce García, Castilla Roche y Ahumada Alduncin.
Para Mena y los ejidatarios son cuatro las autoridades que han actuado de manera abierta en favor de Bepensa y ARA: el magistrado del 44 Tribunal Unitario Agrario de Chetumal, Georg Rubén Silesky Mata; los delegados del Registro Agrario Nacional (RAN) y de la Procuraduría Agraria (PA), Rodolfo Vallín Lugo y Jorge López Negrete, respectivamente, todos actualmente en funciones; y la exdelegada del RAN Irene Blanco Becerra, panista y quien inscribió a los 70 meridanos como ejidatarios de Holbox.
Como “botón de muestra” de las irregularidades en las que ha incurrido PMD y que han sido toleradas por la autoridades, destaca el acta de la asamblea del 1 de junio en Kantunilkín, la cual dividió Holbox en cuatro ejidos. Resume: “En el acta, primero no se sabe quiénes quedan en cada uno de los ejidos, no se sabe quiénes aprueban; no hay un mapa georreferencial satelital de los nuevos ejidos y mucho menos las coordenadas”, y sólo firman los ejidatarios que son de Holbox, no los “meridanos, y con todo esto dan por válida el acta de asamblea”.
También dice que anteriormente el RAN se negó a aceptar el ingreso de 98 ejidatarios, hijos de comuneros holboxeños, y a reconocer la asamblea en la cual él mismo (Mena Villanueva) fue elegido comisariado ejidal.
El abogado de los ejidatarios, Armando Miranda, señala que se han abierto unos 30 procedimientos en torno al conflicto de Holbox, con igual número de juicios de amparo. En particular acusa al magistrado Silesky Mata “de obstruir el acceso a la justicia”.
Indica que además los ejidatarios han acudido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para denunciar la actuación de funcionarios agrarios. También ante autoridades ambientales pues la isla Holbox está incluida en el APFF de Yum Balam y la ampara el Convenio Ramsar para la protección de manglares y humedales.
El fraude a los ejidatarios no sólo consiste en que PMD se apoderó de manera ilegal de sus certificados agrarios; además compró a precios muy por debajo de su valor comercial.
Miranda dice a este corresponsal que cada parcela tiene un valor comercial de 1 millón de dólares, según el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. “Es decir que cada ejidatario debió de recibir por lo menos 1 millón de dólares por parcela”, subraya.
Remate ambiental
En medio de la disputa de Holbox, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio un golpe espectacular en la isla… pero contra 13 holboxeños, quienes –con el apoyo de tres topógrafos– limpiaban terrenos para construir sus casas en la reserva urbana de la isla, en lotes de 7.5 por 20 metros. Los 16 fueron encarcelados y ahora enfrentan proceso por delitos ambientales. Los acusan de talar manglar y palma chit, especies protegidas.
Según Mena Villanueva, no se puede establecer directamente que se trató de una maniobra de PMD, aunque destacó que la denuncia fue presentada por Benigno Correa, comisariado ejidal avalado por el RAN y vinculado con Ponce García.
No obstante Carlos Martínez Correa, de la agrupación Yo Defiendo a Holbox, advierte que se trató de una maniobra para intimidar a los holboxeños. El activista destaca el impresionante operativo, en el cual intervinieron marinos en helicópteros y lanchas rápidas.
Sostiene que no se puede responsabilizar únicamente a la delegada de la Profepa, Ludivina Menchaca Castellanos, del Partido Verde, quien fue senadora por Quintana Roo cuando González Canto era gobernador. Pese a que Holbox está en una APFF, dice Martínez Correa, se ha permitido la construcción de hoteles, como el Nubes y el Villas Paraíso.
Para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Holbox es una ecosistema frágil y tiene una gama de especies en riesgo.
El Cemda había impugnado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto La Ensenada, que PMD ingresó el 5 de septiembre de 2012 ante la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Pero unos días después de la asamblea en la cual Holbox se dividió en cuatro ejidos, PMD retiró de la Semarnat la solicitud de la MIA para La Ensenada. Mena Villanueva y Martínez Correa sostienen que Bepensa y ARA sustituirán La Ensenada con otro proyecto, que se conocerá en cualquier momento.
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