AUTOR: MAJO SISCAR.
Ángel Amílcar Colón está condenado por delincuencia organizada al ser detenido en un operativo en Tijuana en una casa de seguridad, donde fue encerrado por un pollero. Sufrió tortura en el arraigo y en todo el proceso se vulneraron los derechos a la información sobre la asistencia consular, a la libertad personal, a la integridad y al debido proceso.
Al único lugar al que llegó fue al penal federal de Nayarit, acusado de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. Lleva más de cinco años preso a la espera de juicio.
Ninguna de las pruebas presentadas por el Ministerio Público señalan un vínculo entre Ángel y las otras personas, las armas o las drogas encontradas dentro del inmueble, así como la comisión de las actividades delictivas que se le imputan.
En cambio, su defensa acreditó irregularidades en la consignación y violación de al menos cuatro derechos:
• A la información sobre la asistencia consular. No le comunicaron que podía comunicarse con su embajada o consulado hasta después de haber rendido su declaración ministerial. Lo que le habría permitido tener un abogado desde el inicio.
• A la libertad personal. Pasó 15 horas en condiciones de detención irregular. Y le pusieron a disposición del Ministerio Público bajo tortura y en un edificio militar.
• A la integridad. Sufrió insultos, amenazas y tortura.
• Al debido proceso. No se respetó la presunción de inocencia y las garantías judiciales.
El último peritaje presentado hace apenas unas semanas ante la Procuraduría General de la República (PGR) –sin ninguna objeción de ésta– acredita Ángel sufrió discriminación y tortura en las instalaciones de la policía federal, de la PGR y militares. Ángel es hondureño y garífuna, el pueblo negro que habita en el caribe centroamericano.
De mayo a octubre de 2013, México ha mantenido mil 219 centroamericanos en sus cárceles: 247 están internos en centros federales, acusados de delitos graves. La gran mayoría, como Ángel, no tienen sentencia. Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) que lleva la defensa de Ángel, su caso “es un paradigma de la utilización de las y los migrantes criminalizados por las autoridades para simular que los delitos que se cometen son investigados adecuadamente y sancionados”. El estado mexicano, además, registró sólo en 2013, mil 505 denuncias de tortura.
Ángel tiene un historial de activismo y participación política en su país. Mientras estudiaba la carrera de Ingeniería en Sistemas participó en los movimientos universitarios. Luego trabajó en una organización de salud sexual y reproductiva en su municipio y encabezó la Organización Fraternal Negra de Honduras, que defiende la cultura e identidad del pueblo garífuna hondureño y sus recursos naturales. Amnistía Internacional lo declaró este año preso de conciencia y ahora busca que, la semana que viene, las conclusiones de la evaluación de las pruebas que la PGR presente sean no acusatorias y se sobresea la causa en su contra, lo que ocasionaría la libertad inmediata. De no ser así, pasaría a juicio a mediados de noviembre.
Amnistía Internacional ha impulsado una recolección de firmas para presionar a la PGR a que sobresea la causa.
VÍDEO: Libertad para Ángel Amílcar: Garífuna criminalizado en México por ser migrante from Centro Prodh on Vimeo.
La historia de Ángel Amílcar Colón
‘El Ruso’ le prometió que él lo cruzaba del otro lado y a él le pareció un buen trato. Llevaba cuatro días en Tijuana y dos meses en México intentando llegar a los Estados Unidos. El primer coyote, que contrató en Guatemala, le cobró 5 mil dólares con la promesa de acompañarlo a Houston y desapareció a apenas 60 kilómetros de la frontera mexicana, en Balancán, Tabasco. Desde entonces había recorrido más de 3 mil kilómetros en condiciones infrahumanas como las 34 horas seguidas en la cabina refrigeradora de un camión con otras 119 personas. Sólo quería llegar.
‘El Ruso’ lo metió en un coche con la cabeza agachada y lo encerró en una casa de una colonia residencial. Dentro de la casa había armas y drogas. Le amenazaron y le obligaron a hacer la limpieza. “Si quería seguir con vida” no podía hacer preguntas ni asomarse por las ventanas. El cuarto día escuchó disparos e intentó huir. Era un operativo federal.
“Me golpearon el costado derecho con algo metálico y posteriormente me remangaron la camisa y me taparon la cabeza con ella y me hicieron caminar hincado hacia una loma…bajo patadas y puñetazos en el estómago llegué a la loma […]me hicieron subir a una patrulla la cual me llevó a un lugar donde me dijeron los policías que ahí era la PEP [Policía Estatal Preventiva]”. Así empieza la ampliación de su declaración que hizo Ángel sobre su detención. Durante las 15 horas que siguieron a la detención, Ángel fue trasladado de un lugar a otro, torturado psicológicamente, humillado y amenazado.
En estas circunstancias, y frente a militares encapuchados y tres civiles que se identificaron como Ministerios Públicos (MP), Ángel firmó varias hojas en blanco. En la declaración ministerial Ángel negó los cargos que le imputaban y manifestó claramente “no formo parte de una organización delincuencial o grupo criminal”.
Ángel estuvo arraigado 77 días en los que sufrió todo tipo de vejaciones. Desde insultos hasta ponerle a limpiar los zapatos de otros detenidos con su saliva. “Me convirtieron en el payaso que divierte a su público”, declaró Ángel ante el MP.
El 31 de mayo de 2009, le dictaron auto de formal prisión por los delitos de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de comercio.
Su denuncia de torturas no ha sido investigada. Tampoco las violaciones a los derechos humanos, ni la discriminación racial. El pasado 18 de julio, Ángel presentó, por conducto del Centro Prodh, una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Un informe sobre la situación de los derechos de los migrantes publicado por la Comisión de Derechos Humanos del DF en 2012 revela que, sólo en la capital mexicana, los migrantes afrodescendientes han sufrido golpes brutales, intentos de homicidio y han sido sometidos a malos tratos y tortura tanto por personal de policía, como por autoridades penitenciarias. Cuatro de las 11 personas detenidas junto a él ya salieron en libertad: la señora que cocinaba, el guardia de un terreno aledaño y dos ciudadanos americanos. A Ángel le denegaron dos amparos contra el auto de formal prisión. Y ni siquiera pudo comunicarse con su esposa durante casi un año.
El objetivo inicial de su viaje era juntar dinero para el tratamiento de su hijo de siete años, enfermo de cáncer. Nueve meses después de dejar su casa y cuatro meses después de ser encarcelado, su hijo murió. Su esposa, July Baltazar se quedó con un niño de dos años y sin saber si su marido estaba vivo o muerto. El pasado primero de septiembre, July y Ángel se reencontraron por primera vez en casi seis años. Gracias al apoyo de Amnistía Internacional July y su hijo pequeño, que ahora tiene 8 años y no recordaba a su papá, pudieron visitar a Ángel Amílcar en el Centro Federal de Readaptación Social nº4. Ángel se mostró confiado de que en un mes le den la libertad y regresar a su país. Al sueño americano ya le dijo adiós. “Lo esperamos aquí en Honduras”, dice July en entrevista telefónica desde el caribe hondureño.
“Hay una política que, lejos de proteger a las personas migrantes, especialmente de la delincuencia organizada y de las y los funcionarios públicos que se coluden con ésta, las convierte en chivos expiatorios de la justificada exigencia social de que las autoridades investiguen los crímenes que se cometen en nuestro país”, concluye el Centro Prodh, quién presentará a las 17 hora de hoy, 10 de septiembre, un informe sobre migrantes encarcelados en México.
Dossier Angel by http://www.animalpolitico.com
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