AUTOR: Pablo Ferri Tórtola y Nathalie Iriarte.
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| IMAGEN TOMADA DEL SITIO DE SIN EMBARGO. |
La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), dice que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos. Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el 1 de julio que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.
Ahora, dos meses más tarde, Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.
En su comunicado del 30 de junio, la Sedena informó que en el suceso se decomisaron 38 armas —25 largas y 13 cortas, además de una granada de fragmentación— y se liberaron a tres mujeres secuestradas. Una de ellas, aunque sus nombres no han sido dados a conocer por las autoridades, era Julia. No obstante, ella afirma que no estaba secuestrada. Sólo un soldado resultó herido, dijo la Sedena.
El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia, quien pidió mantener su nombre en secreto por temor a represalias. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven era Erika Gómez González, de 15 años, quien recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.
Cuando le hirieron en la pierna, continúa Julia, Erika cayó boca abajo. La testigo dice que trató de ayudarla pero los militares se lo impidieron. En vez de eso la voltearon y le dispararon en el pecho, según Julia; luego se pusieron unos guantes y la dejaron boca abajo, como estaba antes de rematarla.
El certificado de defunción de Erika, al que Esquire tuvo acceso y del que posee una fotografía, indica que el motivo de la muerte fue “un impacto de bala en la cavidad torácica”. Uno de los médicos que vio el cadáver entre que llegó al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Toluca, el lunes 30 de junio, y fue enterrada en su pueblo el viernes siguiente, dijo a Esquire que la bala perforó el corazón y un pulmón de Erika y que fue “un tiro de gracia”. El médico pidió que su nombre no aparezca publicado por temor a represalias. Esquire también tiene en su poder fotografías del cadáver de la menor de edad donde se ve que tiene al menos dos agujeros ocasionados por disparo de arma de fuego en el tórax.
El director de la organización de derechos humanos Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió hace tres semanas que se esclarecieran los hechos ocurridos en Tlatlaya y se considerasen “adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron transparencia en las investigaciones.
El 8 de julio un reportaje de la agencia informativa estadounidense The Associated Press planteó dudas sobre que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento con el ejército y señaló que la fachada de la bodega solo presentaba agujeros de entrada de seis disparos. “Tampoco había señales de un tiroteo continúo dentro del edificio, (se veían) pocas marcas de bala y ningún casquillo”, decía la nota. Igualmente indicaba que en las paredes, por dentro, había cinco marcas que seguían el mismo patrón: uno o dos agujeros de bala cercanos rodeados por una salpicadura de sangre, “aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron uno o dos disparos a la altura del pecho”.
El 15 de julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió un comunicado en el que afirmaba lo siguiente: “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”. La PGJEM reveló además que había practicado una prueba de balística según la cual los 22 fallecidos habían efectuado disparos. Consultado por Esquire sobre la versión de la testigo, el departamento de prensa de la PGJEM informó que la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación “a los pocos días del suceso” y que por ello no pueden realizar declaraciones al respecto.
El departamento de prensa de la PGR dijo a Esquire que esta es una investigación en proceso en la que hay dos personas consignadas, sobre cuyas identidades y presuntos delitos no puede comentar. La Sedena no ha contestado a las múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos por parte de Esquire.
Vecinos de la zona que pidieron que no se revelara su identidad explican que Arcelia es bastión del cartel de La Familia, igual que Tlatlaya. Dicen que Johnny Hurtado, alias el Señor Pescado, es quien lidera la organización en la zona después de la aprensión de José María Chávez, alias El Pony, el pasado 2 de julio en Guanajuato.
En los pueblos y las comunidades que figuran en los 130 kilómetros que separan Iguala de Arcelia —San Miguel Totolapan, Apaxtla, Teloloapan, Tonalapa— el enfrentamiento entre grupos delincuenciales y de estos con las fuerzas de seguridad es constante. El pasado 7 de agosto las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un policía ministerial en Teloloapan y cuatro cuerpos más en una fosa en San Miguel Totolapan. En abril un marino y dos sicarios murieron en un enfrentamiento en Apaxtla, y en junio ocurrió lo de Tlatlaya.
En abril del año pasado las procuradurías de ocho estados del centro del país, entre ellos Guerrero y el Estado de México, firmaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer frente a la delincuencia. El Escudo Centro aúna esfuerzos desde entonces para “prevenir el delito” y “realizar operativos conjuntos”. Igualmente, en abril de 2014 el Estado de México puso en marcha el Operativo de Seguridad Mexiquense para frenar la delincuencia.
Declaraciones de vecinos de la zona recogidas por Esquire y aparecidas en otros medios desde el suceso de Tlatlaya difieren sobre el motivo que condujo a los 22 a la bodega. Julia —que fue liberada por las autoridades tras interrogarla— dice que llegó allí el 29 de junio a eso de las diez de la noche. Venía de Arcelia, a 38 kilómetros de la bodega. La mujer explicó a Esquire la razón de que acudiera a aquel sitio; sin embargo, difundirla la pondría en riesgo. Dice que dentro había dos carros blancos, cruzados, y que luego llegó otro. No recuerda el color del tercer vehículo. Fuera llovía. Julia piensa que quizá se refugiaron allí del agua.
Cuando llegó, Julia vio a Erika Gómez González, la menor de edad muerta en estos hechos, vestida con “un pantalón negro y una sudaderita negrita”. Como “a las tres de la mañana”, según Julia, uno de los presuntos delincuentes que había salido de la bodega volvió corriendo porque había visto un grupo de soldados. Los militares alumbraron el galpón con un reflector, empezaron a disparar y exigieron a los otros que se rindieran. Los de dentro respondieron con disparos y se escondieron entre los coches. En una de las ráfagas murió el primer muchacho dentro de la bodega, de acuerdo con Julia. Después hirieron a Erika y a otro muchacho. Julia afirma que todos los presuntos delincuentes eran muy jóvenes. The Associated Press recogió declaraciones de empleados del SEMEFO del Estado de México que dicen que la mayoría de los muertos tenían entre 16 y 24 años.
La Sedena informó en su comunicado que después del enfrentamiento los soldados liberaron a tres mujeres secuestradas. Julia constata que dentro de la bodega había dos mujeres además de ella. Dice que ya estaban allí cuando ella llegó y que ambas eran de Arcelia. Ella niega haber sido secuestrada. Durante el enfrentamiento los muchachos pensaron en simular el secuestro de las dos mujeres y de dos de ellos. Julia recuerda que los muchachos ataron a las mujeres a fin de simular el secuestro y que ellas empezaron a gritar “no nos maten, no nos maten, estamos secuestradas”. Finalmente el grupo se rindió. Durante el enfrentamiento, Julia se escondió en uno de los carros.
La Sedena dijo que el enfrentamiento empezó a las 5:30 de la mañana del lunes. Julia dice que empezó como a las 3:00 de la mañana y que duró unos treinta minutos. La rendición habría tomado media hora más. En las siguientes dos horas, calcula Julia, los soldados mataron a 19. Cuando ya estaba amaneciendo —como a las 7:00 de la mañana, dice Julia— mataron a los dos hombres que habían fingido el secuestro. Las mujeres fueron detenidas, al igual que Julia.
Julia dice que estuvo retenida una semana, primero en dependencias de la PGJEM en Toluca y luego en el Distrito Federal, en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que la PGR atrajera la investigación. La testigo afirma que desde que salió de la bodega el lunes por la mañana hasta que la liberaron el domingo siguiente, funcionarios de la Marina, la PGJEM y la SEIDO la coaccionaron para que dijera que los muertos eran delincuentes. Julia añade que le hicieron firmar muchos documentos y no le dieron copia de ninguno, que durante los tres primeros días no le dieron de comer y que, incluso, mientras estaba en las instalaciones de la PGJEM en Toluca, la fotografiaron junto a las armas incautadas en la bodega.
Cuando finalmente la soltaron y pudo volver a Arcelia, algunos de los muertos descansaban ya bajo tierra. Otros aún aguardaban en el SEMEFO de Toluca a que sus familiares fueran a buscarlos.
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