AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
El autoritarismo del gobierno de Enrique Peña Nieto llegó hasta la sinrazón… Miembros de la Policía Federal, entre otras corporaciones, cachearon a niños y niñas, a bebés inclusive, la noche del Grito en el Zócalo de la Ciudad de México, en flagrante violación a tratados internacionales. Las imágenes, ampliamente difundidas por medios y redes sociales, desataron la indignación popular, pero las acciones fueron justificadas por las autoridades federales a las que, según defensores de los derechos humanos, les importa más aplicar la mano dura que proteger las garantías individuales.
IMAGEN TOMADA DEL SITIO DE PROCESO. |
Mientras el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva guardaba silencio –al menos hasta el viernes 19– el martes 16 el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido justificó esa medida con el argumento de que se buscaba “garantizar el interés general de los asistentes”.
Ante la crítica generalizada de organizaciones civiles y algunos legisladores de izquierda –entre ellos la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña– por los tocamientos a los menores en el Zócalo, Rubido dijo a los medios que la revisión exhaustiva “se dio conforme a los procedimientos de operación con que se tiene que actuar (…) de manera acomedida, de manera diligente”.
Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) –la cual agrupa a 77 organizaciones– sostiene en entrevista con Proceso que lo ocurrido el lunes 15 en las inmediaciones del Zócalo es violatorio de la Constitución y de la Convención de los Derechos del Niño, firmada por México hace 25 años.
Puntualiza que los cacheos a niños y niñas violaron los derechos a su intimidad, integridad y dignidad –previstos en la Convención y con rango de ley a partir de la reforma de 2011– y resalta que la modificación del artículo 4 constitucional ordena al Estado y a sus instituciones “tener como prioridad el interés superior de la infancia; esto incluye a las dependencias de seguridad y por lo visto no lo están cumpliendo”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1977, ya en circulación)
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