Los gobiernos panistas lo supieron en su momento y lo avalaron.
Hoy se padecen los desastres ambientales que ha dejado la minera Buenavista del Cobre, una de sus filiales, en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Los daños superan con mucho los mil 790 millones de dólares de multa que le impuso Estados Unidos a Grupo México por las afectaciones ambientales provocadas por su mina Asarco en El Paso, Texas.
Conagua, explica Miguel Ángel Montoya, concedió a Larrea un permiso oficial bajo el concepto de “uso público urbano”, pese a las actividades que desarrolla Grupo México.
El asesor en gestión integral del agua del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, advierte que en los últimos dos sexenios se han expedido diez títulos para realizar actividades de minería.
Pero en ninguno de ellos, dice, se incluye la permisión de descarga, es decir, no se le autoriza verter aguas residuales, “ni intermitente ni sistemáticamente, sean o no contaminantes ”.
Montoya realizó un amplio estudio para este grupo parlamentario donde se advierte que existe la posibilidad, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, de revocar las diez concesiones otorgadas.
Propuesta que, adelanta, harán los perredistas aduciendo como causal el daño ambiental.
“Se dañan los ecosistemas a consecuencia de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, por descargas de aguas residuales que contengan materiales o residuos peligrosos que ocasionen daños a la salud, recursos naturales, fauna, flora o ecosistemas”, dijo Montoya.
Ya son 40 mil metros cúbicos de productos tóxicos derramados en esos ríos, en franca violación a la Ley de Aguas Nacionales, porque había decretos de veda que impedían el uso industrial del recurso, explica el especialista.
Con las concesiones otorgadas, Grupo México dispone de 21 millones de metros cúbicos de líquido, 75 por ciento más que los siete municipios aledaños, que suman apenas 5.5 millones al año.
La concesión más reciente que le entregó la actual administración, el pasado 5 de septiembre del 2013, fue para uso público urbano, aunque para el especialista es obvio que se trata de una actividad industrial.
Incluso, señala, fue avalada por la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que certificó a la empresa de Larrea “como industria limpia”.
Concesiones a revisión
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara Baja ya solicitó al IFAI documentar 66 concesiones más otorgadas a la mina Buenavista del Cobre.
De éstas, 15 fueron avaladas por Conagua y 43 por la Semarnat, algunas incluso para modificar el uso del suelo, mientras que la Secretaría de Economía le otorgó cuatro.
De acuerdo con Montoya, en total se podrían analizar 319 concesiones que en los últimos 14 años han otorgado a Grupo México las mismas dependencias; más cuatro licencias de la Secretaría de la Defensa Nacional para el uso de explosivos.
El problema, explica, es que muchas de esas concesiones vencen hasta los años 2055 y 2060.
Germán Larrea inició su emporio en 1992 cuando el entonces presidente Carlos Salinas modificó la ley minera.
Desde entonces, Grupo México explota minas en Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila, Guerrero, Guanajuato, Durango y las cuencas del Río Bravo, la Pacífico Norte y las Centrales del Norte, y en todas se registran problemas por el abasto de agua.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: GEORGINA HOWARD.
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