AUTOR: GEORGINA HOWARD.
El mínimo en México ha crecido 940 por ciento mientras el costo de la canasta básica más de 4 mil 582 por ciento. La cantidad que reciben 10 millones de trabajadores mexicanos no alcanza ni para comer, según investigaciones .
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| IMAGEN TOMADA DEL SITIO WEB DE REPORTE INDIGO |
Y de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el ingreso mínimo de los mexicanos es hoy uno de los más bajos de América Latina.
Apenas hace 12 años el salario mínimo en el país estaba por arriba del registrado en países como Nicaragua y Uruguay, pero en los últimos dos sexenios se colocó en la última posición de Latinoamérica.
El debate para aumentar esa percepción mínima, como lo solicitan algunos sectores, debe primero centrarse en resolver el problema de la informalidad, que concentra al 60 por ciento de la población trabajadora en México.
Pero sobre todo, dejar de utilizar el minisalario como mecanismo “para controlar la inflación y no para generar bienestar económico y social”.
Una estrategia que, en opinión de académico José de la Cruz Gallegos, mantiene el Banco de México desde hace 30 años para mantener a la baja el índice inflacionario.
Esto pone en entredicho la razón de ser de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, confiesa el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
Mucho trabajo y poco sueldo
Según la recomendación sobre la protección del salario de la OIT, emitida en 1949, el salario representa una forma de subsistencia para que una persona logre su desarrollo.
Sin embargo, en la actualidad un trabajador debe laborar 22 horas para obtener una Canasta Alimenticia Recomendable (CAR), cuando tres décadas atrás solo eran necesarias cuatro horas.
Es decir, el esfuerzo es 400 por ciento mayor hoy que en aquella época, como lo advierten los especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM en su reporte mensual.
Mientras en 1987 el precio por día de esa canasta era de 3.95 pesos, en abril de este año la misma registró un precio promedio de 184.96 pesos.
Lo que significa, aclara el CAM, que el salario se elevó 940 por ciento en ese lapso pero la canasta alimenticia lo hizo a razón de 4 mil 582 por ciento.
Tan sólo el año pasado cerca de 10 millones de mexicanos no pudieron adquirirla porque sus percepciones no rebasaron los dos salarios mínimos diarios, señala el CAM.
A ello se agrega que en el primer trimestre de este año cerca de 6.5 millones de personas no recibieron remuneración por su ocupación, según las propias cifras del INEGI.
Lo que refleja que el 13.1 por ciento de la población ocupada percibió un ingreso “que en el mejor de los casos fue de un salario mínimo”.
La recuperación de los salarios en México, menciona De la Cruz Gallegos, es una necesidad que reclama un cambio sustancial en la arquitectura de la política económica.
Es decir, requiere de “un compromiso público y privado que se sostenga en la productividad y formalización de las empresas”, para aumentar el bienestar social y económico de la población.
Y el eslabón más importante en esta madeja, dice, es la inversión.
Productividad, el reto
Aumentar la productividad implica elevar la eficacia de la mano de obra y renovar la maquinaria y equipo con la que operan las empresas.
Para elevar la productividad, “primero hay que formalizar la actividad productiva, lograr un crecimiento económico sostenido, eliminar el exceso de regulación y abatir la precariedad del mercado laboral”.
En su opinión, las reformas estructurales tocan el problema “de manera marginal”, solo la laboral cubre algunos aspectos pero en la práctica “tiene poca influencia para superarla”.
Informales y pobres
Difícilmente se puede pensar en promover incrementos al salario mínimo que beneficien a toda la población, cuando el 60 por ciento del mercado laboral opera en la informalidad y genera el 26 por ciento del PIB.
Lo que significa que 18 estados de toda la República Mexicana concentran un PIB menor que la informalidad.
Y si lo colocamos en una comparativa internacional, la economía informal de México sería la 35 a nivel global.
O lo que es lo mismo, reflexiona el especialista, el número de trabajadores en la informalidad es similar a la población de Venezuela o Arabia Saudita.
Las estadísticas del INEGI reconocen que “México tiene un sector laboral mayoritariamente informal”.
Incluso, por sector económico el 93 por ciento de la actividad productiva en la agricultura es informal y el 52 por ciento en el comercio.
Sin descartar, agrega, que el 79 por ciento de los servicios personales, de reparación, y mantenimiento se vincula con la informalidad.
Lo que significa, explica el académico, que existe una economía de subsistencia que no paga impuestos y donde la productividad es casi nula.
Gallegos explica que las Unidades Económicas con más de mil empleados generan el 43 por ciento de la producción bruta y solo constituyen el 0.03 por ciento del total.
Dichas Unidades pagan 33.9 por ciento de las remuneraciones totales y solo emplean 13.3 por ciento del personal total, por lo que no tienen capacidad para otorgar buenas remuneraciones.
Los micronegocios que representan el 65 por ciento del total, solo emplean formalmente al 17.6 por ciento del personal y únicamente concentran el 1.4 por ciento de las remuneraciones.
Es decir, lo que pagan no alcanza para salir de la pobreza, aclara el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
De ahí que los micronegocios y pequeñas empresas del país, anticipa, serán los primeros en enfrentar serias dificultades para poder elevar los salarios.
Y algo similar ocurrirá con las medianas y grandes empresas, “que acumulan ya más de una década de bajo crecimiento económico”, dijo Gallegos.
Para el caso de las prestaciones laborales, más del 44 por ciento de la afiliación total registrada en el IMSS, la registran grandes empresas con más de 250 trabajadores.
Lo que significa que solo 10 mil 202 patrones dan esta prestación.
Para superar el rezago, indica, se requiere que el Gobierno Federal y los estatales diseñen una política económica diferente, que haga más efectiva su gestión administrativa.
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