Sólo Washington logró “reabrir” el caso Tlatlaya

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Después de callar durante casi tres meses, la administración de Enrique Peña Nieto tuvo que reaccionar ante la evidencia: todo indica que un grupo de soldados ejecutó extrajudicialmente a 21 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya. Un reportaje de la revista Esquire, difundido de manera simultánea el miércoles 17 en la página electrónica de ese medio y en la de Proceso, provocó que el gobierno de Estados Unidos exigiera a las autoridades mexicanas una “explicación creíble” acerca de la matanza. Así, lo que no consiguieron las fundamentadas denuncias de Human Rights Watch y Amnistía Internacional lo logró Washington: orillar a la Secretaría de la Defensa y a la PGR a declararse “dispuestas” a investigar.

El gobierno de Enrique Peña Nieto había optado por el silencio, pero luego de que Washington le pidió una investigación creíble en torno a la muerte de 22 personas en Tlatlaya a manos del Ejército, ya no pudo mantener oídos sordos ante las versiones de la prensa nacional e internacional en el sentido de que se trató de una ejecución extrajudicial masiva.

Tuvo que llegar una declaración oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos para que la administración de Peña Nieto reaccionara. Los principales involucrados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), emitieron sendos comunicados la noche del viernes 19 para reiterar que han hecho bien las cosas, tanto en el operativo en ese municipio del Estado de México como durante su investigación, que aún no concluye.


La Sedena insistió en que los efectivos del Ejército repelieron una agresión la madrugada del 30 de junio cuando patrullaban cerca del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio mexiquense de Tlatlaya, en la frontera con el estado de Guerrero. Pero dijo estar dispuesta a una investigación para llegar al fondo del asunto conforme a derecho.

En el mismo tenor, la PGR aseveró que ha iniciado una averiguación previa y que está en la etapa de indagatorias con un equipo de especialistas en diversas disciplinas para saber si las conductas de los implicados se apegaron a derecho.

La Sedena y la PGR quedaron obligadas a fijar su postura horas después de que el Departamento de Estado le pidió al gobierno de Peña Nieto dar una versión creíble de lo ocurrido en Tlatlaya, ante las versiones de prensa de que no fue un enfrentamiento, como dicen los militares, sino una ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1977 de la revista Proceso, actualmente en circulación.