AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
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| IMAGEN TOMADA DEL SITIO WEB DE SIN EMBARGO |
Los crímenes de policías, Ejército y Marina se cuentan por decenas. La lista negra de las distintas policías, militares y marinos, incluye matanzas indiscriminadas, tiros de gracia, desapariciones forzadas, torturas, siembra de droga o armas para justificar sus delitos; fusilamientos, asesinatos…
En el Norte del país particularmente, así como a lo largo de la frontera con Estados Unidos, esos 3.200 kilómetros de experimento de violencia y droga, las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en el pan de cada día, una realidad que ciertamente se fue imponiendo en todo el país durante el sexenio de Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto.
La hemeroteca esta llena de estas historias. Hay testigos con nombres y apellidos que fundamentan los casos denunciados por periodistas y organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Incluso informes de organismos internacionales han dado cuenta de esta ominosa realidad sobre México.
El sello de las ejecuciones extrajudiciales masivas es visible a todos: gobierno, autoridades judiciales y sociedad. Y es visible sencillamente porque las bajas siempre son del lado de los supuestos “delincuentes” o “sicarios”. Hasta un niño de cuatro años comprende que esos supuestos “enfrentamientos” no son más que masacres, máxime cuando los cadáveres llevan el tiro de gracia o bien, sus heridas exhiben un claro fusilamiento.
Los casos abundan. Allí está la “muerte” de 25 supuestos “criminales” en Ciudad Mier a manos del Ejército ocurrida el 2 de septiembre de 2010. Normalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirma la supuesta refriega y emite un comunicado horas o días después de los hechos. A veces, convoca a conferencia de prensa y nos presenta el arsenal supuestamente incautado.
El método de la masacre extrajudicial cometida por Ejército o Marina, consiste en manipular y falsear la información. Ya se sabe: la primera víctima en una guerra, es la verdad. Los “muertos” nunca son “asesinados”, simplemente son “delincuentes, sicarios, narcotraficantes muertos”. Y siempre traían armas y drogas. Siempre fueron ellos los que empezaron a disparar. Y siempre, siempre, se trató de un “enfrentamiento”.
¿Cómo explicar que estos enfrentamientos terminan siempre con “delincuentes” muertos y ningún soldado fallecido? Es obvio, que esos casos son obvias ejecuciones extrajudiciales. Y allí están los casos sumidos en el hoyo negro de la nula impartición de justicia, por donde van cayendo las miles de víctimas civiles de esta guerra, que siguen esperando reparación.
Aquel 3 de septiembre los medios de comunicación locales reproducían el boletín de la Sedena: 25 delincuentes muertos y ningún soldado. La operación mediática hablaba de “allanamiento” de un campo de entrenamiento y el rescate de tres personas secuestradas, incluso supuestamente hubo dos elementos castrenses heridos, aunque nunca se dieron a conocer sus nombres. Algunos testimonios, sin embargo, hablaban de matanza. La luz de alarma se encendió en organismos de derechos humanos, pero en aquel entonces eran tantas las matanzas y los ejecutados diarios, que el caso cayó rápidamente en el olvido.
Quienes no olvidan las ejecuciones extrajudiciales son los familiares de los asesinados. Testigos con nombres y apellidos como en el caso de la primera ejecución extrajudicial reportada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se trata de Armando Humberto del Bosque de 33 años, desaparecido por la Marina y luego ejecutado en Colombia, Nuevo León el 3 de agosto del año pasado. Su padre, Humberto del Bosque Gutiérrez, fue testigo de cómo se lo llevaron los marinos:
“¿Te sientes muy seguro? Mejor te callas o a ti también te va a llevar la chingada”, le dijo Raúl Sánchez Labrada, capitán de la Armada de México. Una llamada le confirmó lo peor: “Vimos el Mustang de tu hijo en una brecha a 10 minutos del campamento de la Marina”, le dijo un amigo que andaba cazando el 3 de octubre. Humberto del Bosque corrió a buscarlo. Llegó al lugar, observó el coche abandonado cubierto de polvo y a 500 metros, entre los matorrales, alcanzó a contemplar la escena que le había atormentado en las pesadillas. Temblando, avanzó un poco y vio un tenis. En ese momento supo que era él. No pudo caminar más. Llamó a la policía y la instrucción fue concreta: “No se acerque”. (La Jornada 3 de octubre 2013).
El capitán Sánchez Labrada le había dado una tarjeta de presentación al padre del muchacho luego de llevárselo. Cuando este le dijo que no sabían donde estaba, le recordó los hechos, pero el capital le contestó: “No, a tu hijo nunca lo detuvimos. Ni lo conozco”. Humberto del Bosque le dijo entonces que él y otros testigos habían visto cómo él lo había detenido, lo habían subido a un vehículo de la Marina y luego él se había llevado el Mustang conduciendo”. La policía de Colombia la detención por la Marina y dice textualmente en el oficio 01/2013 del expediente 002: “Por la avenida Juárez, al cruce con la calle Urrea, se observó circular al denunciante Del Bosque Villarreal a bordo de un vehículo Ford tipo Mustang, color gris, por lo que fue intervenido por personal de la Marina, momento que el responsable del destacamento y comandante de la Marina refiere que a partir de ese momento ellos se hacen cargo de la denuncia, por lo que el denunciante y su vehículo quedan a su disposición”.
El caso llegó hasta el alto comisionado para la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional lanzó una acción urgente, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente para investigar los hechos, pero sin resultados. Sus padres siguen esperando justicia y reparación.
En SinEmbargo.mx publicamos el 15 de junio de 2012, un reportaje sobre casos emblemáticos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército y la Marina, como sello del sexenio de Felipe Calderón. Para ese entonces, la CNDH había emitido 31 recomendaciones por ejecuciones extrajudiciales dirigidas a la Sedena, Marina y Secretaría de Seguridad Pública Federal, principalmente, por un total de 47 civiles “asesinados” desde el inicio del sexenio. Dos de las recomendaciones se registraron en 2007, cinco en 2008, dos en 2009, ocho en 2010, y 14 el 2012.
Entre los casos reporteados está el de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de José Humberto Márquez Compeán, cuya detención por la Marina quedó en la memoria gráfica gracias a una foto periodística. El joven apareció asesinado en una calle, al día siguiente. El cuerpo tenía huellas de tortura y en su ropa había droga “sembrada” por la Marina. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 7 de junio de la recomendación 34/2011 en donde instaba a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) a indemnizar a la familia porque fue “torturado y asesinado por marinos”.
Esperando justicia, están también los familiares de Jorge Otilio Cantú Cantú a quien los militares le destrozaron la cara con cuatro tiros de gracia. La ejecución extrajudicial ocurrió el 18 de abril de 2011, cuando el joven recién casado se dirigía a trabajar. Un retén de militares le disparó. Recibió 12 disparos. Los militares le “sembraron” una pistola; le robaron el dinero de su cartera, cambiaron la escena del crimen y movieron su cuerpo de posición para luego argumentar que el muchacho les disparó primero, argumentando que era un “sicario” y hubo un “fuego cruzado”. Su padre, el doctor Otilio Cantú González, emprendió una batalla para demostrar la ejecución extrajudicial. La Procuraduría de Justicia de Nuevo León inició las investigaciones y determinó que efectivamente se trató de una ejecución extrajudicial de los militares. Los asesinos nunca fueron realmente castigados. La familia sigue esperando justicia y reparación.
De hecho, en todos los casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército y la Marina, la constante es la impunidad. Felipe Calderón y ahora Enrique Peña Nieto, han demostrado que las fuerzas armadas, en realidad son una casta de privilegiados por encima de la ley con licencia para matar. El fuero militar sigue siendo una grave prerrogativa que genera el incremento de todo tipo de crímenes. De hecho, los militares y marinos actúan muchas veces igual de sanguinarios que los miembros del crimen organizando.
El caso de la testigo de la masacre extrajudicial cometida por el Ejército en Tlatlaya, testigo cuya identidad se reserva en el reportaje publicado por la revista Esquire realizado por Pablo Ferri, confirma lo ya publicado sobre el mismo caso por Associated Press (AP) y por el Washington Post después de los hechos ocurridos el pasado 30 de junio. Ambos medios habían revelado que el supuesto “enfrentamiento” fue una ejecución de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya en el Estado de México: “Existe evidencia de que elementos del Ejército mexicano colocaron en un paredón improvisado dentro de una bodega a 22 presuntos delincuentes y los fusilaron”.
Pero aún. Ya un observador del Alto Comisionado de la ONU había inspeccionado la bodega y no encontró indicios de “balas perdidas” típicas en un enfrentamiento, ni tampoco señales de disparos efectuados desde el interior.
De hecho, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, emitieron en su momento un comunicado sobre la configuración de ejecuciones extrajudiciales: “que se enmarcan en el patrón sistematico de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del país en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que cerró en el 2013 con 212 mil 208 efectivos militares desplegados en todo el territorio mexicano”.
El extraordinario trabajo de Ferri, deja claro que lo de Tlatlaya es una masacre extrajudicial. ¿Qué espera el Ejército para iniciar una investigación y castigar a los culpables?
En México, la violencia del Estado no ha tenido la misma visibilidad en los medios de comunicación, que la violencia del crimen organizado. La línea que separa a ambos a veces es tan tenue que se confunden unos con otros. Y allí está el caso del general Bibiano Villa, ex director de seguridad pública en Torreón, Coahuila y actual jefe de seguridad en Quintana Roo, quien no tuvo empacho en decirme en entrevista grabada que cometía ejecuciones extrajudiciales: “Me gusta la adrenalina. Venir a patrullar. Cuando agarro un Zeta o Chapo lo mato. ¿Para qué interrogarlo? Que le vaya a decir a San Pedro lo que hizo”, dijo. La grabación la entregué a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que me la solicitó para ofrecer pruebas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en México.
Hay gente que aplaude los crímenes de las fuerzas armadas. Consideran que se necesita “mano dura” y hay que aplaudir dichos delitos, bajo el argumento de que son “delincuentes” que se lo merecían, pero no reflexionan que el día de mañana la “mano dura” les puede tocar a ellos o sus familias. Y siempre será una acción por encima de la ley que vulnera el Estado de derecho.
Convertir a los militares y marinos en vulgares y sanguinarios asesinos es responsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto y tarde o temprano tendrá que responder como su homólogo Felipe Calderón, actualmente acusado de crímenes de lesa humanidad ante La Haya. ¿Será Peña Nieto el próximo?
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