AUTOR: Aldabi Olvera/ 9 DE SEPTIEMBRE 2014.
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Ante la presencia del Comisariado Ejidal, a quienes se les adjudica el haber llevado golpeadores que agredieron a integrantes del FDPDT en la pasada audiencia del 22 de agosto, el magistrado Daniel Magaña aceptó y recibió las pruebas que entregaron los inconformes del FPDT y su abogado, Ricardo Lagunes Gasca.
Sin embargo, el magistrado consideró que la decisión de dicha asamblea por el cambio de uso de suelo común era válida debido a que supuestamente la mayoría de ejidatarios (514) aceptaron el cambio de la vocación social del núcleo agrario, dejando la puerta abierta para su venta en parcelas individuales.
Dio este fallo a pesar de que ni la Ley Agraria ni Convenios Internacionales distinguen entre el número de personas que pueden entablar juicios agrarios y sin resolver de fondo si la asamblea había cumplido con los requisitos de fondo de la mencionada ley.
“El día de hoy el Tribunal agrario dio marcha atrás: Levantó las medidas cautelares. Va a mandar un oficio al Registro Agrario Nacional y va a decir que esa suspensión ya no tiene vigencia”, dijo ante medios de comunicación el abogado Lagunes.
“Con estas decisiones a nivel interno está dejando en total indefensión a San Salvador Atenco”, sentenció.
El acta de asamblea fue impugnada en el juzgado Sexto de Distrito en Nezahuacóyotl. Se demandó que no tenga validez pidiendo la suspensión de su inscripción ante el Registro Agrario Nacional para que no surtiera efectos jurídicos.
“Podrían generar conflictos sociales muy fuertes”, fue el argumento de la defensa, que también reclama que la asamblea fue realizada en menos de dos horas, cuando las asambleas en Atenco normalmente duran seis horas, y fue realizada en una casa privada, en lugar del auditorio de la comunidad o la casa ejidal.
El abogado del FPDT sentenció:
“Prácticamente si esa acta de asamblea surte efectos jurídicos van a empezar a hacer los trámites para la venta de las tierras, de estas parcelas de uso común y eso es lo que queremos evitar hasta que haya una resolución de fondo”.
Sin embargo, el juicio agrario 400/2014 seguirá para entrar en una etapa de desahogo de pruebas entre las que se incluirá una inspección judicial a la casa donde se realizó la asamblea, un peritaje antropológico. Además, la defensa tiene planeado presentar otro amparo contra la decisión del magistrado y, en su defecto, acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Atenco, pueblo originario
San Salvador Atenco se encuentra en la ribera de lo que fue el Lago de Texcoco, lugar de asentamiento de los señoríos mexicas antes de la invasión española. Su nombre significa “a la orilla del agua”. En su territorio se encuentran dos cerros, Huatepec y Tepetzingo, con forma piramidal.
Algunas de sus piedras tienen glifos con formas circulares. Desde estos cerros se ve el Valle de México todavía con lagunas, se aprecia el vuelo de los patos y se distingue lo que fue México en tiempos prehispánicos. Justo en esos terrenos quiere ser construido el nuevo aeropuerto.
En el 2001 San Salvador Atenco adquirió relevancia internacional al echar abajo mediante marchas, bloqueos, mítines y amparos los decretos expropiatorios que el ex presidente Vicente Fox lanzó contra sus tierras. En el 2006 el pueblo de Atenco fue reprimido por órdenes del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Como pueblo de raíces originarias desde el silgo XVI, Atenco ha realizado litigios para la restitución de sus tierras. Lagunes Gasca argumenta que, como otros pueblos de México, tiene derecho a consulta libre, previa e informada, derecho garantizado en tratados como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Precisamente, el peritaje antropológico que se pretende presentar como prueba va en este sentido:
“Se determinará la relevancia social, cultural y simbólica para el pueblo de Atenco y la trascendencia social que podría tener este cambio de propiedad social a privada que sería despojar a un pueblo originario y campesino de las tierras que les ha dado sustento”, dijo el abogado.
Ante la pregunta si sabe la cantidad de hectáreas afectadas de los ejidatarios, Gasca menciona que los comisariados se han reservado la información. Hoy entregaron copias certificadas de las primeras hojas del primero de junio sin firmas de los ejidatarios.
Para el abogado, los daños sobre el ejido pueden ser “irreversibles” con el cambio de uso de suelo al llamado dominio pleno: “Pone en conflicto entre ejidatarios, familia y hacen conflicto intercomunitario”.
Igualmente, argumentó que la asamblea del pueblo podría disolverse, dejando sujetos los terrenos al derecho civil y comercial y a la relación individual entre los posesionarios, las empresas y el gobierno.
E igualmente advirtió:
“Ya la ley agraria y las normas que aplican como pueblo originario y campesino van a desaparecer con la venta de las tierras”.
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