En la aprobación coinciden las organizaciones que vieron con buenos ojos los cambios realizados en el Senado a la minuta que había enviado el Ejecutivo, y sus detractores.
La iniciativa busca regular una amplia gama de derechos para la infancia y la adolescencia.
La ley incluye el combate al bullying, la migración ilegal y los derechos sexuales o reproductivos de los menores, además de otras propuestas.
La iniciativa enviada por el ejecutivo tuvo modificaciones sustanciales en el Senado, de la mano principalmente de la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Estos cambios parecen el punto final de la ley.
El director nacional de Red Familia, que agrupa a 892 organizaciones civiles, Mario Romo, asegura en entrevista que hay un acuerdo para no moverle “ni una coma” en la Cámara revisora, y que la Ley pueda ser promulgada antes del plazo legal de 30 días posteriores al inicio del periodo ordinario de sesiones.
En esto coincide la senadora por el Partido del Trabajo (PT) Ana Gabriela Guevara, a quien le impidieron presentar las reservas a cuatro artículos que contenían “puntos preocupantes” respecto a los migrantes menores de edad.
Los artículos referidos a derechos sexuales, reproductivos y migración sobresalen como los focos rojos que podrían traer consecuencias “no deseadas o planeadas” cuando la Ley se ponga en práctica.
Padres excluidos
“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”, consigna el artículo 4º constitucional, reformado en 1974.
Este precepto ha sido tomado por la Secretaría de Salud y las organizaciones que defienden la educación sexual en edades tempranas como la base para argumentar que la carta magna contempla los “derechos sexuales y reproductivos”.
La interpretación llegó también hasta esta nueva ley, en la cual se incluyó en el artículo 50 que las autoridades deben “proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos a niños, niñas y adolescentes”.
Pero la Ley no define cuáles son estos derechos ni en qué consisten.
Tampoco lo están “en ningún tratado internacional vinculante de derechos humanos suscrito por el Ejecutivo y ratificado por el Senado”, dijo en entrevista Mario Romo, director nacional de Red Familia.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que en estos derechos se incluye la educación sexual, el embarazo adolescente, la esterilización voluntaria, la edad mínima para contraer matrimonio, el aborto y la confidencialidad de la información médica.
Otros conceptos agregan el cambio de sexo como parte de estos derechos.
La Red acusa que la ley debería hablar de “salud sexual y reproductiva” en lugar de “derechos sexuales”, ya que éstos no tienen una definición consensuada.
Como quedó en la ley, un menor podría abortar, cambiar de sexo o sufrir una esterilización quirúrgica sin conocimiento de sus tutores.
La promoción de la educación sexual integral, incluida en el artículo 58 de la Ley, tampoco habla de la participación de los padres o tutores ni hace una diferenciación entre niños pequeños, mayores o adolescentes para dirigir los esfuerzos de “desarrollo de competencias” para “ejercer sus derechos sexuales y reproductivos”.
Romo acusa: “Si quieren meter todo eso, que lo discutan en el ámbito democrático, lo que no se vale es que lo metan por debajo de la alfombra para luego de ahí hacer todo lo que quieras, eso es lo que no queremos”.
Una laguna peligrosa
En julio de este año, una comisión de legisladores que realizó la ruta del migrante por la frontera norte detectó que en el Centro de Atención al Migrante en Sonora había 60 menores no acompañados.
La Ley que aprobará la Cámara de Diputados no especifica en su artículo 92 que los niños migrantes a los que se les realizarán los procesos con garantías de información, intérprete, abogado, se aplicarán para estos menores no acompañados, a los que no se hace referencia en el proyecto de legislación.
El artículo 92, como quedó aprobado en el Senado, establece que “podrá prevalecer la unidad familiar”.
La senadora Ana Gabriela Guevara, como presidenta de la Comisión de Migración en la Cámara alta, busca que este principio sea obligatorio, es decir, que la ley diga que “se deberá hacer prevalecer” esta unidad, lo que es importante porque de lo contrario un niño puede ser recluido en un lugar y sus familiares en otro.
El mismo artículo dice que la reunificación familiar también podrá prevalecer, lo cual sería un vehículo para que muchos menores aleccionados pidan que se traigan a sus padres o tutores desde sus países, “con cargo al Estado mexicano”, según Guevara.
“Se presta para trata”, acota, “a veces vienen con coyotes y pueden estar aleccionados (…) tanto el Instituto Nacional de Migración (INM)como la Secretaría de Gobernación notaron la apertura que deja esto, están conscientes de que está mal, más allá de que el dictamen trae cosas muy bondadosas”.
El secretario técnico de la Comisión de Migración del Senado, Sergio Monroy, explica que la legislación debería indicar que la determinación de refugio de este menor debe ser dictaminada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero la ley es ambigua al respecto.
Este artículo podría traer como consecuencia que los coyotes obtengan visas humanitarias con los niños y se quedaran legalmente en México.
El artículo 98 aprobado no menciona la participación de la Comar sino del INM, el cual no tiene una capacidad jurídica para otorgar asilo.
“La explosión demográfica que tendría México derivada de la Ley no está calculada. No existe un censo de migrantes ilegales, no sabemos cuánta gente está aquí o podría venir”, alerta Monroy.
Negociando con niños
“El año pasado aventaron de La Bestia a una niña de nueve años porque su madre no tuvo 100 dólares para pagar por ella a las bandas de mara salvatrucha.
“Les están pidiendo 200 dólares para subir al tren. Si no pagan les cortan la cabeza, les disparan, los lanzan a las vías del tren. Lo hacen con hombres, mujeres, con bebés y niños”, cuenta el profesor Jorge Andrade.
Su relato tiene ancla en el trabajo que realiza en el Estado de México como parte del colectivo Ustedes Somos Nosotros, que ayuda a migrantes en su paso por México.
Andrade ha visto en los meses recientes que el paso de menores de edad va en aumento y que en muchos casos son extorsionados por los propios coyotes o polleros que sus padres les contratan desde Estados Unidos, donde los esperan para reunificarse.
Muchos menores viajan acompañados de algún familiar, amigo o del pollero con quien vienen “conectados” y se encarga de pasarlos por México.
“En el camino les cobran más de lo que habían acordado y pasan la frontera por un estado diferente al acordado”. dice el candidato a doctor en Antropología por la UAM.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
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