Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado de la agrupación internacional, indicó que ese asunto forma parte de tres expedientes que se expondrán el próximo 30 de octubre ante la CIDH, con el objetivo de evidenciar el clima de represión contra las manifestaciones sociales.
Otro caso que se presentará, dijo, es la agresión que sufrieron manifestantes el 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, así como la represión del 2 de octubre de 2013 contra participantes en la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco.
Artículo 19 anunció esa determinación en una rueda de prensa que se realizó en la sede del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la Ciudad de México, a la que acudió Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo –el niño que perdió la vida tras el operativo policiaco del pasado 9 de julio en la carretera Atlixco-Puebla–, acompañada de las esposas de los pobladores detenidos el sábado 18.
Las mujeres narraron que la madrugada de ese día, elementos policiacos irrumpieron en distintos domicilios de San Bernardino Chalchihuapan, rompieron puertas, amenazaron con armas, golpearon a mujeres, ancianos y niños, y detuvieron a cinco personas sin presentar órdenes de aprehensión.
De acuerdo con Maldonado Gutiérrez, al parecer el gobernador poblano aprovecha que la atención nacional se concentra actualmente en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, para reaprehender a los habitantes de Chalchihuapan por haberlo denunciado públicamente por la represión violenta que sufrieron el 9 de julio.
Lejos de cumplir con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 11 de septiembre, Moreno Valle arremetió nuevamente contra los pobladores, apuntó.
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