–¿Qué tanto estás chingando con el abono? ¡Me voy a dar el gusto de matarte! –le dijo al ingeniero Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular de Iguala, antes de torturarlo y dispararle con una escopeta en el pecho y la cabeza.
Este y otros dos asesinatos, cometidos el 30 de mayo del año pasado, quedaron impunes por la misma mecánica de complicidades que hizo posible, 16 meses después, la muerte a balazos de seis personas, entre ellas un ama de casa y el chofer y un jugador del equipo de futbol “Avispones”, las heridas a más de 20 y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Se trata de complicidades al más alto nivel: El alcalde Abarca Velázquez –ahora fugitivo– es integrante de Nueva Izquierda (NI), la corriente que domina el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y a ella pertenecen también el gobernador Angel Aguirre Rivero y el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, negados ambos a proceder contra aquél por esos crímenes denunciados formalmente.
Y es Nueva Izquierda, que jefatura Jesús Ortega y a la que pertenece Carlos Navarrete, el nuevo presidente del PRD, con la que se entiende bastante bien Enrique Peña Nieto y que explica en buena medida su inacción para esclarecer estos y otros crímenes, como los asociados a la tragedia de “Ingrid” y “Manuel”, el 15 de septiembre de hace un año, cuando Aguirre se emborrachaba.
Sólo estas complicidades explican también que sólo hasta este lunes 6, diez días después de la desaparición masiva de jóvenes normalistas –ocurrida entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre–, el gobierno de Peña haya ordenado acciones para dar con ellos, y sólo cuando hay indicios de que fueron ejecutados por criminales asociados al alcalde Abarca.
No hay modo de que las autoridades de los tres niveles de gobierno evadan su responsabilidad jurídica y política en estos crímenes, que son de Estado unido al crimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha intervenido y, pese a que puedan pasar meses, integrará un expediente sobre este crimen de lesa humanidad.
Tampoco el PRD puede escapar a su inmensa responsabilidad en la masacre de Iguala, que estará históricamente asociada a él y a su grupo hegemónico: Nueva Izquierda.
La fotografía de la mañana del sábado 4 de octubre es elocuente: En la Ciudad de México, Carlos Navarrete enlaza sus manos a las de los gobernadores del PRD, entre ellos Aguirre Rivero, justo cuando, en Iguala, son extraídos de fosas clandestinas los cuerpos de decenas de jóvenes, a los que también se les prendió fuego…
No hay modo de evitar otra masacre que ocurrió, también en Guerrero, hace 19 años: El 28 de junio de 1995 llegué al vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, cuando la sangre estaba fresca. Habían sido asesinados 17 campesinos a manos de la policía y por orden expresa del gobernador Rubén Figueroa.
En la edición 974 de Proceso, del 3 de julio de ese año, consta la descripción puntual de cómo fueron asesinados los campesinos por órdenes de Figueroa, quien sólo un año más tarde, en marzo de 1996, renunciaría tras difundir Ricardo Rocha el video que acreditó el crimen. El sustituto sería, a propuesta de Figueroa, Aguirre Rivero, entonces presidente del PRI.
Ese tiempo en Guerrero se percibía un aire denso, enrarecido, y a un año de la masacre, apareció –justo en el vado de Aguas Blancas– el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que Emilio Chuayffet, actual secretario de Educación y entonces secretario de Gobernación, llamó “pantomima”.
Sí, el mismo Chuayffet que renunció al cargo, en diciembre de 1997, por la matanza de Acteal, Chiapas, de la que justamente hoy, lunes 6 de octubre, fue exonerado Ernesto Zedillo en Estados Unidos por la “inmunidad diplomática” que tiene como expresidente, la que beneficiará también a Felipe Calderón por crímenes que se le atribuyen y que, en el México de Peña, no cesan. ¡Maldita sea!
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
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