En declaraciones a Noticias MVS, reveló que se trata de otros testimonios de testigos del secuestro y asesinato del líder del Frente Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, y de dos personas más en mayo del año pasado, así como de versiones obtenidas por él mismo durante su trabajo político en Guerrero.
Lo único que pide a cambio es garantizar la seguridad de sus informantes y la de él y la de su familia.
Los testigos, dijo, saben más cosas de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre con los normalistas de Ayotzinapa.
“Me han hablado de toda la red delincuencial, de las personas que existen, de los nombres, de la historia que han conocido, de los delitos que se han venido ejerciendo, de la red de complicidad que existen, de las causas por las cuales presumiblemente ejecutaron… desaparecieron… mataron a seis (en Ayotzinpa) y desaparecieron a otros.
–¿Cuáles serían esas causas presumibles René?—preguntó la periodista Carmen Aristegui.
–Pues al parecer, según ellos, como hay una pugna, una disputa entre “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”, les hicieron creer a los policías, que también son integrantes del grupo de la delincuencia organizada, que eran del otro grupo delictivo y ellos explican que por eso la saña con la que trataron a los muchachos, por eso desollaron a uno, como para escarmentarlo, como si se tratara de otros delincuentes.
“Quizás, quienes le dieron la orden a esos policías delincuentes les hicieron creer que eran de otro cártel que compite en el mismo lugar, que se conoce como ‘Los Rojos’, que por eso es que hicieron lo que hicieron y no se sabe de los otros 43.
“Hablaron de muchas cosas, pero yo quiero pedir comprensión de que no puedo, mientras no obren en una declaración, decir muchas cosas. Quiero solicitar garantías pues claramente con respecto a estos testigos, a estas víctimas, de que se les proteja, claro, que habrá que buscarlos y presentarlos, pero no es así de fácil.
“Tiene que haber seguridad para ellos. Y, bueno, pues yo estoy también dispuesto a declarar. A mí me constan muchas cosas también y si es necesario, yo también declaro. Pero también quiero pedir protección”, refirió el perredista.
En la entrevista, Bejarano reiteró que la PGR y la Secretaría de Gobernación pudieron haber evitado la tragedia en Iguala de actuar con prontitud.
Dijo que al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, le dio datos, nombres, fechas, ubicaciones, y “no hizo nada, pudo detenerlo”.
A través del Cisen, agregó, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien también acudió, puedo haber investigado pero igual que Murillo Karam hizo caso omiso.
“No hubo la respuesta que se necesitaba, ahora estamos ante una tragedia mayor. Si autoridades hubieran actuado no habría seis asesinatos más ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar para que finalmente se decidieran a intervenir? ¿Por qué no hicieron caso a las declaraciones ante el notarios y los medios?”, cuestionó Bejarano Martínez.
“En pocas palabras desde el primer momento se hicieron las denuncias, tengo anotado todo y puedo recordar algunas fechas”.
Con base en sus apuntes personales, dijo que el 2 de junio de 2013, denunció públicamente desde Acapulco que José Luis Abarca estaba detrás del asesinato del líder del Frente Unidad Popular, porque había amenazas previas.
Dichas amenazas, siguió, fueron denunciadas ante autoridades estatales por uno de los dos hombres que fueron asesinados el mismo día de Hernández Cardona. No se ratificó la denuncia el 30 de mayo de 2013 porque ese mismo día miembros de la UP fueron “levantados”.
El 3 de junio fueron encontrados los cuerpos de tres de secuestrados, entre ellos el del líder de la UP, y dos días después la senadora Dolores Padierna presentó un punto de acuerdo ante la comisión permanente del Congreso de la Unión, para que el Comisionado Nacional de Seguridad diera un informe sobre lo ocurrido en Iguala.
Posteriormente, contó Bejarano, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la PGR que ejerciera su facultad de atracción para aclarar los hechos y el gobernador, Ángel Aguirre Rivero hizo lo propio de manera oficial porque se presumían de carácter federal. Nada ocurrió.
Un mes después, siguió Bejarano, logró una cita con el procurador General. El encuentro fue –dijo—el martes 2 de julio de 2013, a las ocho de la mañana y se extendió hasta las 9:30 horas.
Según el líder de IDN en esa reunión participó la subprocuradora Mariana Benítez, una diputada y él, y “se señalaron indicios fundados” de múltiples delitos de carácter federal. Tampoco hubo respuesta.
El 5 de julio, sin conseguir respuesta hasta ese día, Nicolás Villa, quien fue testigo del asesinato de Hernández Cardona y dos hombres más, aceptó declarar contra el alcalde de Iguala y su testimonio fue notariado el 7 de agosto.
Una semana después, el 15 de agosto, en Acapulco, Murillo Karam habló finalmente sobre el tema pero dijo que los delitos eran del fuero común y declinó atraer el caso. La declaración quedó consignada en el periódico El Sur.
El mismo mes el sacerdote Raúl vera denunció públicamente al alcalde de Iguala pero nada sucedió, la mentó Bejarano, a pesar de que el caso implicaba uso exclusivo de armas para el Ejército, desaparición forzada, secuestro, tortura, asesinato, presunción de delincuencia organizada y lavado de dinero, todos ellos considerados delitos del fuero federal.
El 14 de noviembre de 2013, Bejarano acudió a unas oficinas alternas en Polanco para reunirse con el secretario de Gobernación para solicitarle realizar una investigación a través del Cisen pero tampoco obtuvo respuesta.
En marzo de este año, siguió, se turnó un desglose a la PGR pero nada sucedió.
“Quizá (si hubiera atendido la denuncia) no hubiera pasado lo de Iguala”, lamentó el perredista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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