El caso de Numarán es una de las 237 averiguaciones sobre funcionarios públicos llevadas a cabo actualmente por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE), en forma conjunta con la PGR, como parte de las acciones del Gobierno federal para el restablecimiento del orden jurídico en la entidad.
Madrigal Figueroa, desde que asumió el cargo –según se establece en las averiguaciones que inició la Procuraduría de Justicia de Michoacán– estuvo en contacto con una célula criminal, a la que ofreció y puso a su disposición el aparato de seguridad pública para alertar a los criminales sobre operativos de las fuerzas federales en la zona limítrofe de Michoacán y Guanajuato.
Por esa razón, junto con el alcalde fueron detenidos su hermano Edwin Madrigal Figueroa, quien era el secretario de Desarrollo Social de la administración local, así como el jefe de la policía municipal Jaime Daniel Solís Villegas, además de otros dos policías cuyos datos se reservaron las autoridades investigadoras.
El alcalde y sus cuatro colaboradores fueron llevados a la cárcel de Zamora, de donde podrían ser trasladados a una cárcel federal en el transcurso de la semana, si se logra el auto de formal prisión.
Según la procuraduría de Michoacán, el alcalde de Numarán era colaborador del cártel de Los Caballeros Templarios, a los que financió mediante el otorgamiento de recursos públicos, sustraídos de los programas de combate a la pobreza y alimentación. Además ponía a su disposición la operatividad de la policía municipal, a fin de permitir el libre tránsito de los grupos criminales en la zona.
Nada nuevo
Cabe recordar que desde hace dos años el munícipe José Luis Madrigal Figueroa ya era señalado por malos manejos. Una comisión de regidores venía exigiendo que el edil esclareciera el gasto de más de tres millones de pesos que tenía por comprobar en los fondos de combate a la pobreza y seguridad pública. El entonces secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, sepultó los reclamos de los regidores.
Madrigal Figueroa fue escándalo nacional cuando en el 2012 pagó con fondos del combate a la pobreza un baile para conmemorar la Independencia. La fiesta –que costó 340 mil pesos– fue un evento privado al cual solo asistieron los amigos y familiares del hoy presidente municipal procesado.
Paralelamente, la PGJE también logró desarticular una red de policías municipales en Zacapu que, se presume, estaba coludida con el cártel de los Templarios, a los que no solo informaban de las actividades de vigilancia que hacían fuerzas federales en la zona, sino que prestaban sus servicios para secuestrar y extorsionar a empresarios de los municipios cercanos. La red estaba conformada por 10 policías cuyos nombres se mantienen en reserva.
El “Michoacanazo” que sigue en proceso, ya ha logrado la detención de seis ediles acusados de estar al servicio del crimen organizado. Antes que el alcalde de Numarán, ya estaban encarcelados los presidentes Uriel Chávez Mendoza, de Apatzingán; Arquímedes Oseguera Solorio, de Lázaro Cárdenas; Jesús Cruz Valencia, de Aguililla; Dalia Santana Pineda de Huetamo y Salma Karrúm Cervantes, de Pátzcuaro. El alcalde de Tacámbaro Noé Octavio Aburto Inclán se encuentra también procesado, pero libre gracias a un amparo.
Con el encarcelamiento del alcalde de Numarán y sus cuatro colaboradores, ya son 175 funcionarios estatales y municipales los que actualmente se encuentran sometidos a proceso penal por su probable participación con el crimen organizado. Son 113 los que están en cárceles federales de máxima seguridad mientras que 62 están procesados en cárceles estatales de mínima seguridad.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
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