Con el caso de los 43 normalistas desaparecidos aún sin resolver y la caída del gobernador Ángel Aguirre Rivero, los “comunitarios” aprovecharon para reclamar su derecho a gobernar y fungir como autoridad.
La indignación social que surgió por el crimen de seis jóvenes y la desaparición de los otros 43, fue el detonante perfecto para que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estados de Guerrero (UPOEG) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) reaparecieran con toda su fuerza.
Las organizaciones comunitarias buscan hacer válidas sus banderas de lucha social y liderazgo, aunque detrás estos grupos armados se acumulen denuncias penales por extorsión y secuestro.
El informe “Organizaciones de seguridad y justicia comunitaria en Guerrero” -elaborado por autoridades del estado y entregado a la Secretaría de Gobernación- advierte que desde el 2013, tanto la OPOEG como la CRAC desarrollaron una intensa campaña de propaganda ampliar su presencia en la región.
Así fue que pasaron de tener presencia en 11 a 37 municipios de las regiones Montaña, Costa Chica, Centro y Norte.
“Nuevas comunidades muestran interés en adherirse a ese sistema comunitario; la UPOEG ha iniciado trabajos para posicionarse en zonas relevantes del estado como Chilpancingo (El Ocotito) y Acapulco (Xaltianguis).
“La CRAC y la UPOEG comienzan a tratar de asumir el control total de los territorios donde operan: prohíben el acceso a las fuerzas de seguridad (Ejército, Marina y cuerpos de seguridad estatales), critican a funcionarios municipales, mantienen una actitud de abierta confrontación hacia la autoridad y no respetan los acuerdos para operar solo en sus comunidades y no salir armados a otras zonas”, puntualiza el documento.
Asumen un rol estelar
En agosto, Gobierno del Estado dio a conocer que varios líderes de la UPOEG contaban con denuncias y órdenes de aprehensión en su contra.
Incluso la Federación tomó el caso por el bloqueo que esta organización hizo en la Autopista del Sol y la carretera federal Acapulco-México.
En esas mismas fechas, las autoridades estatales retiraron al personal de seguridad que se le había asignado al dirigente de las autodefensas, Bruno Plácido Valerio, pues contaba con dos órdenes de aprehensión.
A pesar de estos señalamientos, la Procuraduría General de la República (PGR) no hizo nada.
Plácido Valerio es uno de los dirigentes que encabeza la UPOEG y junto con su hermano Cirin, tienen gran influencia dentro de la CRAC.
Ahora que el caso Ayotzinapa pone de manifiesto la falta de gobernabilidad en el estado, los integrantes de la UPOEG han asumido un rol estelar en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos.
El viernes, en entrevista para MVS, el dirigente de la UPOEG consideró que los restos de las nueve fosas localizadas el jueves en Iguala son recientes porque había “carne semiroja”, lapiceros y mochilas.
Sin embargo, Plácido Valerio indicó que el gobierno debe realizar el trabajo profesional para la identificación de los restos por lo que buscaron a la Policía Federal.
Señaló que el objetivo principal de la UPOEG es buscar a los 43 normalistas y otros desaparecidos del estado.
Un líder bajo la mira
El 20 de junio de 2013, integrantes de la Alianza de Derechos Humanos Guerrero Unido A.C., que encabeza Leopoldo Soberanis Hernández, establecieron retenes en las comunidades Nuxco, El Llano y en la colonia 20 de noviembre de Tecpan de Galeana. Pedían seguridad.
Además, anunciaron la creación de grupos de “Protección Ciudadana” en ese municipio, en rechazo a las extorsiones que sufrían por parte de la delincuencia organizada.
Dos días después, mantas fueron colocadas en tres municipios de la región de la Costa Grande de Guerrero - Petatlán, Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez- presuntamente firmadas por Los Caballeros Templarios, las cuales acusaban a Soberanis de tener nexos con un cártel rival.
El grupo delictivo afirmó que Soberanis estaba al servicio de la pandilla conocida como “Los Granados”, un remanente del extinto cártel de los Beltrán Leyva.
“No vamos a permitir que sigan usando al pueblo y a las autoridades, formando autodefensa que están al servicio de Chava Granados, le pedimos al gobierno que no se metan, que nos dejen acabar con esas lacras que ya están siendo acorralados por nuestra fuerza templaria”
El caso de Néstora
En la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG) existen más de 50 averiguaciones previas por diversos ilícitos en contra de integrantes de la CRAC.
En tres de estas indagatorias se logró la detención de 29 integrantes de la denominada Policía Comunitaria, los cuales fueron puestos a disposición y se rescataron a 59 personas que se encontraban privadas de su libertad en supuestas casas de seguridad.
El nombre de Néstora Salgado salió a la luz.
En contra de la comandanta hubo varios testimonios.
Reporte Índigo publicó declaraciones de ciudadanos que aseguraron ser víctimas de la Policía Comunitaria al mando de Néstora.
Las presuntos afectados denunciaron que la comandanta fue una creación del ahora exgobernador Ángel Aguirre, con la ayuda del senador perredista, Sofío Ramírez Hernández, y Luisa Ayala Mondragón, exregidora de Olinalá.
Detallaron que esos funcionaios la habrían empoderado con patrullas y recursos, hasta que se les salió de control.
Con este respaldo, los comunitarios de Néstora se dedicaron a detener a supuestos delincuentes y a encarcelarlos en “casas de justicia”, obligándolos a trabajos forzados y sin permitirles contacto con familiar alguno, acusaron los denunciantes.
En mayo de 2014, cuando Aguirre intentó promover una Ley de Amnistía que permitiera liberar a Néstora, la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, solicitó a la Federación intervenir en el caso.
La comandanta actualmente se encuentra sujeta a proceso y recluida en el penal de máxima seguridad de Tepic.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
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