En cinco audiencias realizadas este jueves durante el 153 Periodo de Sesiones de la CIDH, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución de 22 jóvenes a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México, sirvieron como emblema para descalificar al gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de la defensa de las garantías individuales.
“México es un país de contradicciones, es un país adolorido que no puede tolerar más la simulación”, denunció Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del área de derechos humanos de la organización Fundar.
“La ejecución extrajudicial de 22 jóvenes en Tlatlaya, como ejemplo de la impunidad, ha sido ignorada, maquillada y escondida”, agregó ante la CIDH y frente a la delegación de funcionarios del gobierno mexicano que participó en el encuentro.
En la sesión del organismo de la defensa de los derechos humanos de la OEA, los representantes de las ONG´s que asistieron a nombre de la sociedad civil mexicana leyeron uno a uno los nombres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y de las seis personas que perdieron la vida el pasado 26 de septiembre. Enseguida pidieron guardar un minuto de silencio en su memoria.
A cada participación, los representantes de Fundar, Artículo XIX, Asociadas por lo Justo, Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Documenta, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Propuesta Cívica Sin Fronteras, se quejaron de la incapacidad del gobierno de Peña Nieto para encontrar a los 43 normalistas a más de 30 días de los hechos, así como para resolver las denuncias de más de 26 mil personas desaparecidas en los últimos ocho años.
“Fue el Estado”, sentenció por su parte María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan, al abordar el asunto de los normalistas de Ayotzinapa.
En respuesta a las quejas y las denuncias, Lia Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció de manera indirecta la incapacidad del gobierno federal para solucionar el caso de los estudiantes desaparecidos.
“Nunca se puede decir que se está haciendo lo suficiente cuando nos enfrentamos a hechos como los de Iguala”, dijo.
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores –quien encabezó la delegación mexicano ante las audiencias de la CIDH–; rechazó la queja de las ONG´s.
“No hay política de Estado en materia de violación de derechos humanos”, afirmó.
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, hizo eco de las denuncias de la sociedad civil mexicana sobre la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México. Consideró que casos como el de Ayotzinapa y Tlatlaya “ya no son sorpresa, sino un patrón recurrente”.
En el mismo tono, acotó que la desaparición de los 43 normalistas “pone en evidencia los limites reales del Estado Mexicano para buscar a personas desaparecidas”.
Antes de iniciar las audiencias sobre México, unas 30 personas se manifestaron ante la entrada del edificio sede de la CIDH, en Washington, para exigir al gobierno de Peña Nieto que “devuelva vivos” a los 43 normalistas de Ayotzinapa y que se castigue con el peso de la ley a los que resulten responsables de este “crimen de Estado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL
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