Primero. No está compuesto por estudiantes, no reivindica ningún caso circunstancial, sus miembros no usan pasamontañas ni recurren a acciones que pueden bordar los márgenes de la ley en sentido formal.
Por el contrario, se trata de un grupo de profesores, todos con posgrado, maestría y/o doctorado que salen a la luz pública para fortalecer a la UNAM mediante la identificación, denuncia y seguimiento de casos de corrupción y/o violaciones de los derechos humanos de la comunidad universitaria.
Hace las veces de un contrapeso institucional que no busca – como siempre se trata de estigmatizar las movilizaciones que se hacen sin la orden o autorización de las autoridades- “desestabilizar” a la Universidad Nacional porque se hacen públicas acciones presuntamente ilícitas con pruebas o indicios razonables documentados en la mano.
El viejo refrán de que “la ropa sucia se lava en casa” es un llamado a la opacidad, a la resignación y a que corrupción y violación de derechos humanos se conviertan en un círculo vicioso porque gira sin cesar para que nadie se entere de lo que pasa intramuros. La UNAM es un organismo público paraestatal que depende del Ejecutivo Federal con autonomía legal únicamente para su régimen interno, pero quien paga su existencia es la sociedad entera.
“La ropa sucia se lava en casa” es una modalidad del adagio político mexicano de que en México “el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad”.
Segundo. Es natural que un movimiento como el Observatorio que apela a la Constitución, las leyes y la legislación universitaria como sus principales referentes de acción, genere incomodidad en las zonas de confort de quienes se han acostumbrado a suplir la ley por los usos y costumbres porque resulta más cómodo y se ha vuelto una subcultura de la simulación y porque como diría la frase clásica de Peña Nieto “la corrupción es una condición cultural”.
No creo que la corrupción sea un destino fatal de la sociedad y sólo quede entrar, si es posible, o ver con resignación cómo las instituciones se corrompen por estas prácticas como un cómplice silencioso y resignado.
En el Observatorio se busca, por una parte, dar voz a quien no la tiene, ser el canal de comunicación de la inmensa mayoría que no tiene acceso a los medios ni a las instancias para que denuncien casos de presunta violación de derechos humanos por autoridades, profesores o investigadores universitarios y sean rápidamente investigadas y, en su caso, debidamente castigadas.
En una palabra, se busca generar esperanza para esa gran parte de la comunidad que considera que acudir a las instituciones para denunciar lo que considera un atropello a sus derechos humanos es una pérdida de tiempo y, peor, causa de represalias y de una revictimización.
El silencio, todavía se piensa, es lo único que queda. Esto no se puede quedar así sin voces que digan: ¡No! Como lo hace el Observatorio que actúa con la Constitución y la ley en la mano y la voluntad de hacerlo pro bono (sin pago) en ayuda de quienes menos tienen.
Tercero. Las obligaciones de información de oficio que prevén el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia no son cumplidas por la mayor parte de Escuelas, Facultades, Institutos, Centros y otras dependencias de la Universidad, lo que impide a quien paga los sueldos de funcionarios y académicos conocer cómo, en qué, por qué y para qué se destinan recursos del pueblo, aceptando en el mejor de los casos los actos de fe, de que todo se hace bien y no hay de qué preocuparse, como si se trata de un asunto religioso donde el dogma de fe es piedra angular de su acción.
Eso no se puede apelar por quienes son servidores públicos. Si todo lo previsto en la ley se transparenta, la Universidad se fortalece y gana el apoyo social de que siga siendo una institución pública capaz de ejercer con responsabilidad y prudencia su autonomía.
Si se detectan algunos elementos que hacen mal uso del dinero de los mexicanos hay que identificarlo y sancionarlo. Es evidente que en ninguna parte del mundo hay cero corrupción. La enorme diferencia reside en que en las democracias avanzadas si es detectada se sanciona ejemplarmente, y en otras partes se deja que siga gozando de cabal salud, lo que genera incentivos para que sea un espacio donde no pasa nada.
Ese es el reto. No es nada fácil. Pero tampoco es imposible de que la ley y la conducta regulada transiten por un mismo sendero. Esa es la apuesta de este naciente Observatorio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.
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