Desapariciones, tortura y graves violaciones a DH, el legado de los “Operativos Conjuntos” en México

El 27 de marzo de 2008 comenzó la operación “Operativo Coordinado Chihuahua”, esto como respuesta a la ola de ejecuciones que invadían Ciudad Juárez en ese momento. Se desplegaron 10 mil soldados y policías por territorio juarense. El resultado de esa operación fue el aumento en robos y homicidios. Tan sólo de 2008 a 2010, dos años con el operativo, los números alcanzaron los 5 mil 24 homicidios. De ese número, mil 668 ocurrieron en 2008, 2 mil 754 en 2009 y 602 hasta marzo de 2010.

César Duarte Jáquez, gobernador priísta en Chihuahua desde 2010, declaró un año después de estar en el cargo como ejecutivo del estado norteño, que “agradecía a todas las instancias de gobierno relacionadas con la seguridad, el trabajo realizado en el Operativo Coordinado Chihuahua, pues gracias a su trabajo conjunto, se han dado resultados positivos en el combate a la delincuencia y la inseguridad como no se veían desde hace más de un año.”

Sin embargo, bajo el operativo, las desapariciones forzadas se incrementaron en la entidad. Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reconoce mil 250 desapariciones forzadas de 1993 a la fecha, sin embargo, la mayoría de ellas ocurridas en el periodo del Operativo Coordinado Chihuahua.

Oscar Henríquez, directivo del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cdhpdn), exigió esta semana a los gobiernos estatal y federal a investigar las desapariciones forzadas, las cuales, afirmó, tienen que ver con políticas de Estado planeadas para generar terror en la sociedad o a ciertos grupos, y son perpetradas por agentes propios o externos.

Otro operativo que generó cuantiosas agresiones a la población fue el “Operativo Conjunto Tijuana” (abarcó todo Baja California). El operativo se implementó el 2 de enero de 2007. De 2006 a 2012, organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentaron la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en México, -por su carácter sistemático- en el periodo comprendido de 2006 a 2012 en esa entidad.

Documentaron 30 casos, con 95 víctimas, cuatro de las cuales sufrieron múltiples eventos de privación grave de la libertad y tortura. Los casos comprenden acciones dirigidas contra la población civil de Baja California, principalmente de clase media baja y baja, en comunidades populares que vivieron bajo amenaza de ser señaladas de contribuir con grupos relacionados con el narcotráfico. De los casos presentados no se conoce ningún presunto perpetrador ni autoridad sobre quien se cargue una responsabilidad mayor, que haya sido presentado ante la justicia civil.

En todos los casos de tortura hubo una privación de la libertad sin orden de un juez. En los casos en los que se presentaron agentes de seguridad a las casas de las víctimas, no contaban con una orden de cateo. Las técnicas de tortura se repitieron en todos los casos. A todas las víctimas las golpearon con una bolsa de plástico cubriéndoles la cabeza; a muchas les lanzaron agua sobre un trapo que les colocaban sobre la boca (waterboarding); además se les aplicaron descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluidos los genitales. Estas técnicas se aplicaron, incluso, a dos menores de edad.

Ante la falta de protocolos para regular el comportamiento de las fuerzas federales, militares y elementos de las fuerzas armadas y cuerpos policiales federales, estatales y municipales –sistemáticamente– estos elementos trasladaban a civiles detenidos, después de los operativos, a instalaciones militares o de control exclusivo en donde, fuera de cualquier vigilancia de autoridades civiles, las personas detenidas sufrieron vejaciones, torturas y en algunos casos, desaparición forzada. Además se documentó que elementos del Ejército vestían de civil en esos operativos.

En México se encuentran otros operativos como los mencionados: Frontera Sur (Istmo), Guerrero, Michoacán, Sinaloa (Culiacán‐Navolato), Triángulo Dorado (Chihuahua‐Sinaloa‐Durango), Noreste (Nuevo León ‐ Tamaulipas) y Veracruz. De acuerdo con el gobierno federal, “los operativos conjuntos son una respuesta al incremento de la violencia a partir de la rivalidad delincuencial”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: Sergio Castro Bibriesca.