Alberga un quiosco, jardineras y una escultura del Benemérito de las Américas, que mira de frente al edificio que antiguamente era ocupado por el Ayuntamiento igualteco, con su famosa frase inscrita al pie: “Entre las naciones como entre las personas, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Hace 54 años, esta plaza fue el escenario del acto más sangriento del que la historia de Iguala tuviera registro, hasta antes del pasado 26 de septiembre de 2014, cuando la Policía Municipal emboscó a un contingente de estudiantes normalistas, asesinando a tres de ellos, así como a tres transeúntes, y secuestrando a otros 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.
“El 30 de septiembre de 1962 –narra Salvador Román, profesor igualteco de secundaria, abogado e historiador– aquí hubo una masacre, en el Jardín Juárez, cuando Genaro Vázquez, líder de la Asociación Cívica Guerrerense, llevaba a cabo un acto de protesta porque su agrupación se consideró despojada del triunfo electoral que los llevaría al gobierno municipal de Iguala, así como al gobierno del estado”.
Desde el antiguo palacio del Ayuntamiento, que hoy es sede del Museo de la Bandera, “esa noche de 1962 fueron baleados los manifestantes, por parte de agentes de la Policía Municipal de Iguala, apoyados por agentes de la Policía Judicial y elementos del Ejército Mexicano –señala el experto en movimientos sociales de Guerrero y México–. Y aunque oficialmente sólo se acreditó de forma legal la muerte de siete personas a manos de las autoridades, hay versiones de la época que señalan que, en realidad, fueron 15 los asesinados… ése había sido el evento más cruento del que Iguala tuviera memoria, hasta el pasado 26 de septiembre, y, por eso, lo que ocurrió ese día, lo que le hicieron a esos jovencitos de la Normal Rural, no tiene parangón: si, Dios no lo quiera, se confirma que ellos ya no están con vida, estaríamos hablando de que el ataque de hace unas semanas habría dejado 49 víctimas fatales, y esa es una cifra espantosa, terrible, y es un hecho que difícilmente vamos a poder superar…”
El profesor Roldán habla pausadamente, dentro de su oficina en la escuela secundaria Plan de Iguala, por cuyas ventanas se ve brincar a los alumnos que juegan y practican deportes en el patio.
“Hoy como nunca me encuentro conmovido por lo que ha sucedido en mi tierra, por lo que aconteció esa noche del 26 de septiembre de 2014, que ha entrado ya como un hito en nuestra ciudad, en nuestro estado y en la nación mexicana… Como igualteco –se lamenta– estoy realmente desconcertado, porque, como lo bautizó la prensa en Europa, este municipio es ahora el corazón salvaje de Guerrero, y eso nos lastima, porque no se habla de Iguala como la cuna de la Bandera Nacional, como el lugar donde se proclamó la independencia de México, como el lugar donde nació el primer ejército nacional mexicano, que fue el Ejército de las Tres Garantías… no… ahora se habla de Iguala de otra forma: Iguala está ahora en la nota roja de todos los periódicos nacionales y extranjeros.”
La voz
Hoy, el Jardín Juárez luce como un sitio apacible, al que la gente acude a tomar la sombra. Nada en esta plaza hace memoria sobre la masacre del 62 y, si acaso, los pobladores la identifican por ser éste el punto principal de reunión para el reducido gremio de boleros callejeros de Iguala, así como por ser el lugar donde en la actualidad se acopian alimentos para donar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa –luego de que el gobierno estatal suspendiera el abasto de comida a ese plantel-internado, tras el ataque del 26 de septiembre–.
El centro de acopio en el Jardín Juárez, de hecho, es operado por un puñado de adolescentes, que se definen como “normalistas urbanos”, la mayoría mujeres, estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Iguala.
Temen hablar, pero están convencidas de que es necesario difundir la existencia de ese centro de acopio, el cual, se enorgullecen, “instalamos sin pedirle permiso a nadie, porque sabemos la necesidad que tienen los compañeros de Ayotzinapa”.
Es un joven de uniforme escolar el elegido por sus compañeras para conceder una breve entrevista.
“Hay un gran temor, una psicosis, entre la población de Iguala –comienza a decir el muchacho, pero inmediatamente titubea… tres agentes de la Policía Federal, con armas largas y radios al oído, se han acercado a dos metros del centro de acopio, y miran fijamente a los y las adolescentes, atrincheradas tras la pila de alimentos que han logrado reunir en cuatro días. Un segundo después el joven se recompone y prosigue, lo suficientemente alto para que los policías lo escuchen bien–: Los compañeros estamos espantados, asustados, porque ya se ve que no hay el respeto, no se tiene la decencia de decir ‘ése es un estudiante’, no somos gente que se la pase en las calles, sin hacer nada, sin estudiar… cuando nosotros nos manifestamos, lo hacemos porque nos atrevemos a alzar la voz, y somos uno de los pocos sectores de esta sociedad que se atreven a alzar la voz, a reclamar, a exponer las necesidades que es obligación del Estado cubrir…”
Los policías sonríen y se van, a paso lento.
“Sí –dice el adolescente–, hay un gran temor por la represión a líderes sociales, a estudiantes… sí, está el temor, pero finalmente, con el nudo en la garganta, estamos aquí presentes”.
–¿Qué tanto han logrado recaudar?
–Poco –responde–, porque la economía del municipio está a la baja, de eso se quejan los comerciantes. Prácticamente los únicos negocios que tienen venta en estos días son los de alimentos, los restaurantes, porque ahí comen los federales, pero los pequeños negocios, los que viven del pueblo igualteco, pues se han visto afectados. Entonces, sí, hay una respuesta humanitaria de la gente, pero es poco lo que nos pueden traer, una lata, un litro de aceite, un litro de agua… estamos pidiendo a la gente que done productos de higiene, productos enlatados, o empacados, que no se descompongan rápidamente, y en un par de días realizaremos el primer envío de alimentos, porque estamos haciendo esto con nuestros propios recursos, no tenemos vehículo para llevar esto a Ayotzinapa, y vamos a tener que pagarlo y pagar la gasolina. No estamos recibiendo apoyo de ninguna autoridad y vamos a resolver por nuestra cuenta el aspecto del traslado de los víveres.
–¿Han sido acosados o agredidos de alguna forma en estos días que llevan aquí?
–Nomás así –dice, en referencia a los policías de hace unos segundos–… al menos han tenido la decencia de no venirnos a molestar aquí, en el quiosco, donde nos instalamos.
Antes de partir del Jardín Juárez, se antoja imprescindible una foto del monumento a Juárez, y mientras la cámara se alista, un hombre de sombrero se aproxima, se planta a un metro, mira fijamente, amenazantemente, y extrae de su bolsillo un teléfono celular.
El hombre no sólo clava su mirada. Reta con ella.
Teclea un rápido mensaje en su teléfono, y vuelve a a la intimidación.
Una foto de Juárez y es todo.
“Aquí parece haber calma –afirma R., un igualteco dedicado al transporte público que acepta hablar, sólo a condición de no identificarlo–, pero sólo ‘parece’ haber calma… porque, en realidad, sobre todo el municipio hay una nube de intranquilidad, de pesadez, se siente el ambiente difícil… aún con la presencia de la Policía Federal”.
Pero esta calma tensa, advierte, sólo se acentuó a partir del 26 de septiembre, no inició esa noche.
“Mira –explica–, antes del 26 de septiembre todo mundo en Iguala ya tenía miedo. Aquí se decía, por ejemplo, que de día cuidaban los policías, y de noche cuidaban los malos… Desde hace tiempo, por ejemplo, se instalaron retenes a las salidas de la ciudad, retenes permanentes, que de día eran cuidados por policías, y de noche eran cuidados por delincuentes. ¿Y de qué se cuidaban? Pues de que no entraran otros grupos delictivos a posesionarse de la plaza.”
R. es hoy un hombre maduro, dedicado al autoempleo, pero en su juventud fue policía municipal y “antes –recuerda–, te hablo de hace 20 años, aquí no había este tipo de cosas. Si a alguien llevabas a la comandancia, era a los borrachitos que se quedaban tirados en la calle; al que estaba orinando en la vía pública; lo más grave que llegaba a pasar es que a alguien le encontraras algo de mariguana en sus bolsillos, y los remitíamos al Ministerio Público federal. Pero desde hace unos 15 años, la cosa empezó a deteriorarse, y hace cinco años, más o menos, cuando se dio todo esto de la guerra de Calderón, fue cuando empezó a ser común saber de un muerto, dos muertos, tres muertos al día en esta región, y ahora la novedad es cuando no hay un muerto… pero no te estoy hablando nada más de muertes así, simples, sino de gente que fue degollada, que fue decapitada, que fue descuartizada, o gente que está desaparecida…”
En el pasado, añora, “Iguala era un importante punto comercial, porque era la puerta de entrada y salida del estado de Guerrero. Y aquí había un importante comercio de oro. Existían unas 50 familias de orfebres que se dedicaban a trabajar el oro y a comerciarlo. Y había extranjeros, había libaneses, japoneses, alemanes, gente que se dedicaba al comercio… y ahora ya no hay ninguno. Y de las familias dedicadas al oro, pues ya casi todas se fueron, o cerraron su negocio, y sólo quedan dos o tres, una de las cuales, por cierto, es la del alcalde José Luis Abarca, actualmente ‘huído’… y lo que nadie se explica es cómo se convirtió esa familia en ‘orera’, si el papá vendía sombreros de pueblo en pueblo… hoy, los Abarca tienen una plaza comercial, una cadena de escuelas privadas, el negocio del oro y quién sabe cuántas cosas más, y lo que uno se pregunta es de dónde, cómo le hicieron, porque, mira, uno trabaja toda su vida y apenas tiene para salir adelante… ¿Cómo ellos pudieron convertirse en los magnates de Iguala, de la noche a la mañana? Yo sólo encuentro una respuesta: el crimen organizado.”
Luego de destacar los vínculos de Abarca con el cartel conocido como Guerreros Unidos –que opera en Guerrero y Morelos, y cuyos líderes son hermanos de María de los Ángeles pineda, esposa del alcalde–, R. destaca: “Abarca y su esposa se manejaban como los príncipes chiquitos de esta región, y su plan, de todos conocido, era gobernar Iguala al menos durante 12 años, primero él, luego ella, y luego la reelección para ambos, así consecutivas…”
–¿Usted o su familia han sido víctimas de alguna forma de violencia por parte del crimen organizado? –se pregunta a R.
–Sí, hace un año secuestraron y asesinaron a un primo, en Morelos, y luego, durante las elecciones, a cada transportista de Iguala, ya fuese taxista, combis, camiones, todos, cada semana, teníamos que llevar dos despensas a una oficina de supuesta gestoría del transporte, pero que en realidad era una oficina de los malos, desde donde nos tenían a todos bien checaditos… Hace un mes, apenas, igual, a todos los transportistas, nos avisaron que el entre iba a ser de 200 pesos por unidad a la semana… así se manejan las cosas aquí, y esa oficina ahorita está cerrada, la desmantelaron rápido. Y eso es con nosotros, los transportistas, pero en el mercado, con los comerciantes de allá, es igual, pasan a cobrar, aquí tienen todo muy bien organizado”.
La pregunta de cuánto tardará esa oficina en reabrirse ahí o en otro lado de la ciudad queda sin respuesta.
Epílogo: el diablo sigue en Iguala
Frente a la iglesia principal de Iguala, cuyo santo patrono es Francisco de Asís, pasa la calle Juan N. Álvarez, que cruza de sur a norte la ciudad. Doce cuadras más allá, en sentido sur, está el cruce con Periférico donde, el 26 de septiembre, y en dos episodios ocurridos entre las 21:30 horas y la medianoche, tres autobuses con estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron emboscados por la Policía Municipal igualteca.
En una esquina de este cruce, en el suelo, tres ramos de flores, ya marchitas por el sol intenso, permanecen en memoria de los jóvenes asesinados y desaparecidos, junto a cinco veladoras cuya flama se apagó en algún momento, y nadie volvió a encender.
Encima, a un metro y medio, sobre la pared permanece un hoyo de bala, y junto, alguien pegó un cartel de búsqueda, con los rostros de los 43 normalistas secuestrados por la Policía Municipal.
En un recorrido previo, realizado dos días antes, esos mismos hombres ya estaban ahí, apostados. Esta vez, se les solicita autorización para tomar fotos del altar, y ellos acceden, haciéndose a un lado, para asegurarse de no ser retratados.
Algunos minutos después, en el camino de vuelta al centro de Iguala, dos vehículos cruzan lento, cada cual con tres o cuatro tripulantes, todos con miradas escrutadoras e intimidantes.
“Los mafiosos siguen en Iguala –advierte un policía comunitario, de los 400 que llegaron a Iguala provenientes de municipios rurales, y que buscan a los normalistas desaparecidos, en labores independientes a las realizadas por la autoridad estatal y federal–. Aquí siguen todos ellos, no se han ido… aquí pasan a cada rato, en sus motonetas, en sus carros, nomás mirando, o tomando fotos, radiando…”
El policía comunitario, un hombre fornido, alto, habla en la preparatoria 32 de Iguala, donde tienen su centro de información, instalado para recibir pistas y denuncias de la población igualteca, que permitan localizar a los normalistas desaparecidos o a sus captores.
“De nada sirve que esté aquí la Policía Federal, porque ellos patrullan el centro de la ciudad, quizá dan algunos rondines por la periferia, o hacen patrullaje aéreo, con helicópteros, pero eso no es ir por los malos, ellos siguen en Iguala patrullando en sus vehículos, tienen todo lleno de ‘halcones’, que se mueven a pie y en motoneta, y entran y salen de Iguala, porque, aunque los militares y los federales tengan puestos de revisión a las entradas de la ciudad, no paran a nadie, no revisan… todos esos delincuentes que tienen su base en Iguala, y que tienen jodida a la ciudadanía, quizá ahorita estén calmaditos, pero porque esa orden recibieron, en lo que pasa la tormenta.”
Con cierta ansiedad, el comunitario revela sus anhelos: “Nosotros quisiéramos que la ciudadanía de Iguala nos diga si quieren que la Policía Comunitaria entre a la ciudad, porque, la gente ya está cansada, aquí han venido muchas personas a dejarnos cartas, a decirnos de viva voz, todo lo que ocurre, y la gente es la única que puede resolver este problema de inseguridad, porque la gente sabe quiénes son, sabe qué han hecho, sabe dónde operan, qué delitos cometen… las mujeres son las más entronas, las denuncias que nos han venido a dejar son la mayoría de mujeres, de señoras, y si la ciudadanía nos lo pide, esta misma semana entramos, y formamos con la población la nueva policía comunitaria de Iguala, y ahora sí, a catear las casas de los malos, a cerrar las carreteras y a revisar todos los carros, para ver quién entra, pero también para impedir que escapen, como ya se les escapó a los federales Abarca y su esposa.”
El comunitario no oculta su ansiedad.
–¿Qué futuro puede esperarse para la comunidad de Iguala, a partir de lo ocurrido el 26 de septiembre? –se pregunta al profesor Salvador Román?
–Yo creo que tenemos dos escenarios –responde–: el optimista, porque puede verse con optimismo el que la federación al fin volteó sus ojos a Guerrero, y especialmente a Iguala. Y ahora esperamos que vengan programas sociales, ahora esperamos que vengan, dentro de los programas sociales, un fuerte apoyo a la educación, a la salud, y más becas para los estudiantes. Y esperemos que no sea pura llamarada de petate, mientras se calman las cosas, y que después las autoridades vuelvan a cerrar los ojos. Ojalá y el gobierno federal y el Congreso de la Unión se den cuenta de que Guerrero necesita mucho apoyo, pero además necesita que auditen sus cuentas públicas, para que realmente el dinero que viene por la vía federal llegue a su destino y se cumplan sus objetivos, que no se quede en los bolsillos de los gobernantes… El otro es el escenario pesimista: el del temor ante la falta de certeza sobre ¿qué va a pasar con los igualtecos cuando se retire la Policía Federal, la Gendarmería, y tengamos nueva policía municipal sin certificar, o aún certificada, con sueldos de hambre, cuyos agentes vuelvan a ser cooptados por las organizaciones delictivas… entonces sí, que Dios se apiade de nosotros…
Cabe destacar que durante el gobierno municipal de Abarca, en Iguala fueron asaltadas 136 viviendas, 86 negocios, y se reportaron 919 robos “de otro tipo”, según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, de octubre de 2012 a agosto de 2014, en Iguala fueron robados 489 autos, y por primera vez en los últimos años se dieron tres casos de asaltos bancarios y dos robos a casas de cambio.
Asimismo, durante la presidencia municipal de Abarca han sido asesinadas 184 personas y otras 12 fueron secuestradas. A ellas, hay que sumar a las seis víctimas mortales del ataque del 26 de sepetiembre pasado, y las 43 víctimas de desaparición forzada.
Viene entonces a cuento una frase del cura de Iguala, durante la misa nocturna del pasado viernes: “Hay que buscar la paz –oró ante los presentes–, la unidad, ahora que estamos en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, aquí en Iguala… que reine la paz y que se vaya Satanás, que los siete espíritus del mal no se refugien en Iguala, que se vayan de aquí, que regresen a su lugar, porque para eso es el infierno, y no un pueblo, una comunidad como la nuestra…”
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
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