Poco a poco, el montaje de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la actuación del Ejército en ese municipio mexiquense ha quedado en evidencia. Lo que presentó como una acción legal y legítima se está revelando cada vez más como una ejecución sumaria.
El silencio que el gobierno de Peña Nieto mantuvo durante tres meses se rompió en mal momento para el Ejército, en pleno recordatorio por el 46 aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en hechos que involucraron directamente al Ejército y al Estado Mayor Presidencial (EMP), la guardia castrense del presidente.
Por las implicaciones políticas y el costo en la imagen internacional que ha tenido la violación grave de derechos humanos en Tlatlaya, las investigaciones han sido encaminadas hacia tres “soldados indisciplinados” que cometieron el delito de homicidio por “uso excesivo de fuerza”.
Acorde con la opacidad con la que ha actuado, la administración federal no ha querido informar cuántas personas habrían sido asesinadas de esa manera. Los testimonios refieren 21 de los 22 fallecidos. Por más que el presidente diga que el Ejército esclarecerá lo ocurrido, hasta ahora lo que ha prevalecido es el encubrimiento, ocultando cuántos militares y de qué grado pueden estar implicados.
Al reducir los hechos a una “indisciplina militar”, se evita que las responsabilidades sigan en la cadena de mando propia de todo Ejército: desde el encargado del grupo que actuó hasta los comandantes de guarnición, zona y región militares, que obedecen al Alto Mando del Ejército representado por el titular de la Sedena, quien obedece a su vez al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República.
El propósito es evitar la responsabilidad institucional. Para asegurar, como dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la Cámara de Diputados, el viernes 26 de septiembre, que se trató de “un hecho aislado” y no de una forma de actuar de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Tlatlaya es una muestra más de que los militares no están entrenados para las funciones de seguridad pública. Lo suyo es la defensa nacional, la seguridad interior en casos de amenaza a la integridad del Estado mexicano y, en consecuencia, actúan para abatir al enemigo.
En esos términos se refirió la Sedena el mismo día de los hechos en Tlatlaya, el 30 de junio pasado. Informó que un grupo de efectivos de la 22ª Zona Militar “abatió” a 22 “secuestradores” durante un enfrentamiento. Aseguró que los militares patrullaban hacia las cinco y media de la mañana cuando fueron atacados cerca del poblado Cuadrilla Nueva, en ese municipio.
Si así lo reportó en su parte de novedades el teniente a cargo de la patrulla militar, así lo informó la comandancia de la zona militar y así lo comunicó oficialmente la Sedena a la opinión pública.
Ya con el escándalo encima, el viernes 19 de septiembre la Sedena insistió en que se trató de “un incidente” en donde la patrulla militar “repelió” la agresión de los civiles.
Conforme ha tenido que dar explicaciones, ha dejado en claro que sus hombres no están hechos para lidiar con la población civil, aun tratándose de delincuentes.
Si “los soldados indisciplinados” dispararon contra los civiles cuando el enfrentamiento ya había cesado, y dispararon “sin justificación alguna”, como aseguró el martes el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, es evidente que por más cursos de derechos humanos que pregona la Sedena no se va a cambiar la mentalidad de los militares y que en lugar del “comando de voz” que se da para la deposición de las armas, los soldados prefieren disparar que averiguar.
Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Michoacán y Morelos, por mencionar algunos, han dado cuenta en años recientes de la repetición de “incidentes” similares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA
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