Sobre la exigencia de abrogación al Reglamento Interno, que el gobierno federal acordó cancelar, los estudiantes precisaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tendría esa facultad, toda vez que el documento en cuestión no tiene vigencia, por lo que demandaron la “cancelación definitiva de la publicación ahora y en lo posterior”, se lee en el documento que será presentado públicamente mañana.
Para la elaboración de un nuevo reglamento interno, los politécnicos reclamaron un “proceso democrático”, para lo cual habrá de establecerse un Congreso Nacional Politécnico, no permanente, que tenga un carácter “resolutivo y refundacional” de la institución.
Respecto de la anulación de los planes y programas de estudio impuestos durante la administración de la exdirectora Yoloxóchitl Bustamante, los jóvenes aclararon que esta es una atribución correspondiente a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), no de la SEP, por lo que propusieron como plazo máximo el segundo semestre de 2015 (con la participación del propuesto Congreso Nacional Politécnico) para la regularización de los planes y programas anteriores, con el respectivo “alineamiento académico” y revalidación de materias.
Aparte de la suspensión “definitiva” de los planes y programas impugnados, pidieron no incorporar a las unidades académicas del nivel medio superior dentro del Sistema Nacional del Bachillerato (SNB) y la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), pues consideran que “disminuyen el nivel académico de sus egresados”.
Rechazaron también la figura de las “salidas laterales”, que ofrecía a los estudiantes una salida prematura de sus carreras con el título de técnicos superiores, no de ingenieros.
Acerca de la democratización en los procesos de elección en el IPN, punto al que el gobierno no dio una respuesta concisa, la AGP fijó su postura: “Desconocemos a cualquier director interino que nos sea impuesto, por lo tanto demandamos una elección inmediata, mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los alumnos, personal docente, personal no docente y personal directivo”, se lee en los resolutivos. De igual manera, los inconformes exigieron la participación del ya mencionado Congreso Nacional del IPN.
Referente a la anulación de las pensiones vitalicias a exdirectivos de la institución, propusieron que los recursos asignados sean destinados al otorgamiento de becas y mejoras en la infraestructura de la institución.
En lo que corresponde a probables represalias en contra del movimiento o cualquiera de sus integrantes, hicieron responsable al presidente de la República “por cualquier daño físico, psicológico, académico, moral o de cualquier otra índole que atente contra la integridad personal de los miembros de la comunidad politécnica, y de otras instituciones educativas y no educativas que hayan dado muestra de apoyo y solidaridad al movimiento del Instituto Politécnico Nacional”.
Exigieron también mecanismos concretos de interlocución directa con las autoridades federales, locales y académicas competentes, que garanticen por escrito que “no habrá medidas de coerción o intimidación, a nivel administrativo y académico, para toda la comunidad politécnica”.
En torno del presupuesto, en la respuesta del movimiento estudiantil al gobierno federal se solicita el incremento de 8% del PIB al presupuesto de educación pública, y se reitera la exigencia de alcanzar 2% para la investigación en ciencia y tecnología.
Para evitar injerencias ajenas en los destinos del politécnico, demandaron transparentar cada uno de los convenios, acuerdos y contratos a través de los medios escritos y electrónicos de comunicación con los que cuenta la institución.
Y sumaron la demanda de la “abrogación del decreto por el cual se fundó el Tecnológico Nacional de México”, por considerar que se “contrapone al interés superior del Instituto Politécnico Nacional, el cual es regir la educación técnica y tecnológica del país”.
Por último, el documento dirigido a la Segob y también a la Presidencia de la República, la SEP, la Dirección General del IPN y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reivindica al movimiento como apartidista, democrático y exige “sancionar las prácticas porriles que inhiben la participación de la comunidad politécnica”.
Además, la AGP decidió convocar a una marcha mañana viernes 10 a las tres de la tarde, que partiría de la Estela de Luz rumbo a Tlatelolco. Sin embargo, la comunidad politécnica rechazó la ruta a través de las redes sociales desde las cuales se difundió, por lo que aún se discute en asambleas escolares. La AGP emplazó al gobierno federal a responder sus demandas el próximo martes 14.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
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