Durante una audiencia ante la CIDH, en la que representantes del gobierno mexicano y de ocho organizaciones de derechos humanos debatieron sobre la respuesta oficial a la desaparición de estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, señaló que México está viviendo un momento que “pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos” y, subrayó, hay una “grave crisis” a raíz del caso de Iguala y el de Tlatlaya.
“Hoy nuestro país está viviendo un momento que, sin duda, pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos, y obliga a las autoridades a tomar medidas para erradicar definitivamente hechos de esta naturaleza“, dijo Icaza.
Asimismo, señaló que lo dramático en ambos casos es la dimensión: “Pero lo lamentable, es que son patrones que venían sucediendo antes. Lo dramático es la dimensión, pero no hay sorpresa en términos de la ocurrencia”, lo que es “preocupante”, agregó.
Por su parte, el relator de la CIDH para México, comisionado James Cavallaro, dijo percibir un “contraste fuerte” entre la buena voluntad de las autoridades federales y la actuación de distintas autoridades estatales y municipales. “¿Cómo superar este desafío?”, se preguntó.
Mientras que, durante la audiencia, activistas acusaron a las autoridades mexicanas de desatender la “seria crisis de derechos humanos” que atraviesa su país.
Maria Luisa Aguilar, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó al auditorio guardar un minuto de silencio por tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el mismo evento del 26 de septiembre, tras haber leído los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos.
También estaban representantes del gobierno mexicano y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, dijo que ante hechos como éste “nunca se puede decir que se está haciendo lo suficiente”.
“El reto enorme es llevar a la práctica las reformas institucionales“, dijo Limón en referencia a modificaciones a la justicia penal, a la ley de víctimas y una reforma constitucional de derechos humanos, entre otras.
La Comisión celebró la audiencia un día después de que padres de los estudiantes se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre cuando fueron atacados por policías municipales en la ciudad de Iguala, a unos 130 kilómetros al sur de la Ciudad de México.
A principios de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los 43 estudiantes desaparecidos, facultad de la Comisión para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.
Docenas de manifestantes se apostaron a las puertas de la Organización de Estados Americanos con banderas mexicanas y fotos de los 43 estudiantes, mientras gritaban consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Por el caso han sido detenidas 56 personas, en su mayoría policías de las municipalidades vecinas de Iguala y Cocula, así como el líder principal del supuesto gripo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
Juan Manuel Gómez Robledo de la cancillería mexicana dijo a The Associated Press que comunicará a la CIDH la disposición para un comité de expertos avale el trabajo investigativo realizado en su país por el caso de Iguala, tal como solicitaron las familias de los desaparecidos.
Los siete integrantes de la CIDH se reunirán a puertas cerradas la semana próxima para determinar su respuesta, tras haber recabado información durante cinco audiencias sobre México.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
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