La exigencia de que renuncie a su cargo es a sangre y fuego. Se hacen marchas y se incendian palacios para conseguirlo.
Los partidos -incluida un ala del PRD- también se unen a la petición de que deje su puesto. Las manifestaciones en su contra inundan las calles de cientos de ciudades en México y el mundo.
Ayer, apenas pasaba de mediodía y el ayuntamiento de Iguala ya estaba en llamas.
Maestros y normalistas disidentes de la CETEG prendieron fuego al edificio en una clara muestra de que su advertencia de elevar el tono de su protestas va en serio.
“Ya se nos agotó la paciencia, porque ya tocamos todas las puertas, hablamos con las más altas autoridades de la federación, sin embargo, no hay avances significativos para dar con el paradero de nuestros 43 compañeros”, señalaron.
La falta de información y resultados que ayuden a desenmarañar el caso de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre, ha puesto la cabeza de Aguirre en juego.
El confuso y enredado tema de la desaparición de poderes en el estado enciende los ánimos y exacerba la idea de que quitarle la silla al gobernador traerá esa justicia que se pide a gritos.
Pero la historia no es muy optimista en ese punto.
Basta cruzar la frontera de Guerrero y llegar a Michoacán para poner al ahora exgobernador, Fausto Vallejo, como ejemplo.
A mediados de junio, el mandatario priista anunció que dejaría su cargo por problemas de salud.
Unos días antes de ese aviso, un video en el que presuntamente aparecía su hijo en franca plática con Servando Gómez, “La Tuta”, inundaba las redes. Y en mayo, se había dictado una orden de aprensión contra su exsecretario de gobierno, Jesús Reyna, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El cártel de Los Caballeros Templarios aterrorizaba la región y todo Michoacán hervía con la aparición de los grupos de autodefensas.
El motivo oficial de Vallejo para dejar la silla fue visto como una excusa ante la ingobernabilidad que se vivía en el estado.
Su administración ya se había interrumpido por razones de salud en 2013. A su regreso a funciones, la crisis de violencia que permanecía en Tierra Caliente obligó al Gobierno Federal nombrar a un comisionado especial.
En la Cámara de diputados, las izquierdas solicitaron la salida de Vallejo, bajo el argumento de que su incapacidad para gobernar le impedía conciliar y devolver la paz social a la entidad.
Finalmente Vallejo se fue, pero la violencia se quedó. El problema fue más allá de un cambio de gobernador.
Esto no es nada
El martes, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), advirtieron que mientras no haya respuestas sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos las protestas irán en aumento.
Ayer, cientos de manifestantes salieron a las calles de Iguala a exigir respuestas con machetes, piedras y palos.
La marcha terminó en disturbios y en el incendio del Palacio Municipal.
Una enorme manta con la imagen de María de los Ángeles Pineda -la esposa del alcalde- ardía en la plaza.
“Lo sentimos, pero esto que le están haciendo los compañeros al Ayuntamiento no es nada en comparación con lo que les ocurrió a nuestros hijos. A uno lo desollaron y lo tiraron en la carretera como a un animal, estuvieron horas sin que nadie los recogiera, 43 estudiantes siguen desaparecidos”.
Funcionarios involucrados
Además de los 22 policías relacionados con la desaparición de los normalistas, hay otros funcionarios que también están señalados por su presunta participación en los hechos:
> José Luis Abarca
Alcalde de Iguala
Prófugo de la justicia
> María de los Ángeles Pineda
Presidenta de DIF de Iguala
Prófuga de la justicia
> Felipe Flores Velázquez
Secretario de Seguridad Pública de Iguala
prófugo de la justicia
> César Nava González
Subdirector de la Policía de Cocula
prófugo de la justicia
> Sidronio Casarrubias Salgado
Líder del grupo criminal Guerreros Unidos
Consignado al penal de máxima seguridad El Altiplano
> Óscar Antonio Chávez Pineda
Síndico de Iguala
Detenido por la PGR y trasladado a SEIDO para declarar
Los infiltrados
Ayer, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, reconoció que cártel de los Guerreros Unidos tejió una red de complicidad con la alcaldía y con la policía de Iguala y de Cocula.
En conferencia de prensa, el procurador dijo que la PGR tiene plenamente identificados a los presuntos responsables de los hechos ocurridos en Ayotzinapa y su captura será crucial para las investigaciones del caso.
Murillo Karam destacó que la prioridad es encontrar a los normalistas desaparecidos y erradicar los serios problemas de infiltración de los delincuentes en las corporaciones de los municipios.
El lunes, la Policía Federal apoyada por el Ejército Mexicano asumió las labores de seguridad pública en 12 municipios de Guerrero y uno más del Estado de México, tras descubrir que elementos de esas 13 policías municipales tenían nexos con Guerreros Unidos.
El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, explicó que en las 13 policías municipales intervenidas son corporaciones en las que se detectaron graves irregularidades en su operación.
“Derivada de la investigación, se han identificado situaciones irregulares en algunas corporaciones de seguridad municipal en las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero, así como en el municipio limítrofe de Ixtapan de la Sal, ya en el Estado de México, lo que permite presumir nexos entre elementos de seguridad pública de dicho orden y miembros de la delincuencia organizada”, detalló.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
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