La segunda vez que Arlen José huyó de Honduras guardaba en el bolsillo lo equivalente a mil pesos mexicanos y la cicatriz fresca de un balazo en el gemelo de su pierna izquierda.Al momento de salir con lo puesto de San Pedro Sula, su ciudad natal, el hondureño de 18 años llevaba al menos dos meses recluido en su casa. Tenía pánico a dejarse ver por el vecindario, narra en entrevista con Animal Político en el albergue Tochán, en el DF, porque tras ser deportado de Estados Unidos –a donde migró en un primer intento- los mareros a los que había conseguido evadir unos meses antes para evitar ser reclutado a la fuerza lo esperaban para darle sentencia.
“A la Mara vos no le podés decir no”, dice el joven con una sonrisa cansada mientras se acaricia la aparatosa marca de la pierna, como si aún recordara el tacto frío del plomo abrasándole la piel.
Ahora Arlen está en México. Después de que en Estados Unidos le negaran ayuda para solicitar ante un juez la condición de refugiado –el abogado de oficio se encogió de hombros cuando el hondureño le argumentó que no podía ser deportado porque su vida corría peligro si regresaba a su país-, Arlen consiguió, gracias a la ayuda de activistas religiosos y a organizaciones de la sociedad civil, que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) le concediera asilo tras meses de trámites burocráticos.
Cuestionado si conocía las dificultades que enfrentan miles de centroamericanos para conseguir refugio, Arlen admite que es consciente de que su historia con un final feliz es una rara excepción en México, país que a pesar de su histórica imagen de lugar de asilo para las personas que huyen por algún motivo, no está abriendo la puerta. Al contrario, según las estadísticas de la COMAR, de las 4 mil 589 solicitudes recibidas en 2013 –la cifra se cuadriplicó en comparación con 2012, cuando se recibieron mil 296- sólo se aprobaron mil 134. Es decir, que apenas un 24.7% de las peticiones de refugio fueron aceptadas. El resto recibió la orden de ser expulsados de México y devueltos a las colonias de las que salieron huyendo.
“México está muy lejos de ese otro México de los años 80, cuando se hablaba de un país muy solidario con los refugiados. Ahora estamos viviendo retos muy fuertes de violencia, y sin embargo México no está a la altura. No está adoptando un grado de solidaridad mayor en relación a la violencia que se vive en Centroamérica, ni está teniendo en cuenta las necesidades de protección internacional que tienen tanto centroamericanos, como los mexicanos que migran a Estados Unidos”, expone en entrevista Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, organización de la sociedad civil que, junto con otras 150 organizaciones de 14 países de las Américas, presentó el pasado lunes 27 de octubre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento ‘Iniciativa Cartagena +30’; un estudio en el que las organizaciones exponen los avances y desafíos en materia de protección internacional en toda la región latinoamericana.
Cuestionada al respecto sobre cuáles son las principales trabas que enfrentan los migrantes para conseguir la condición de refugiado en México, Nancy Pérez resumen las siguientes:
1.- No se garantiza el debido proceso en los casos de solicitantes de asilo.
La directora de Sin Fronteras hace referencia a que, en muchas ocasiones, los solicitantes no tienen acceso a una entrevista cualificada para determinar si, en efecto, califica para poder optar a la condición de refugiado en México. Además, Pérez resalta la falta de intérpretes cualificados y la ausencia de abogados disponibles para brindar ayuda a los migrantes que, en su mayoría, acuden a las organizaciones de la sociedad civil como única alternativa.
Otra dificultad es que no se da atención adecuada o acompañamiento a las personas con discapacidades, o que tienen necesidad de atención psicológica.
“La falta de este tipo de atención durante el proceso de solicitud de asilo afecta la habilidad y confianza de la persona para contar su historia, y también puede impedir un buen conocimiento de las circunstancias del caso. Esto también está relacionado con el tipo de preguntas que se plantean en la entrevista, que no siempre permiten que la persona exprese todo su relato o se omiten situaciones de trauma y se desconoce la información del país de origen”, apunta la defensora de derechos humanos.
2.- Plazos cortos para solicitar asilo que dejan fuera a gente merecedora de protección internacional.
Las personas que solicitan asilo después de los 30 días hábiles, refiere la directora de Sin Fronteras, es muy difícil que accedan al procedimiento de refugio, ya que la COMAR les exige que justifiquen por qué no lo hicieron a tiempo. Y el hecho de que la persona diga que por desconocimiento, no se toma en cuenta.
3.- Falta de personal y de infraestructura en la COMAR.
En México solo existen 3 oficinas de la COMAR: en Tapachula (Chiapas), Acayucan (Veracruz), y en el DF. “Sin duda, el personal que tiene la COMAR es insuficiente para la atención a este grupo de población, y eso se ve reflejado en el bajo número de solicitudes admitidas”, indica Pérez, que señala que además de que la COMAR tiene poca infraestructura, ésta se concentra en el DF, lo que obliga a los migrantes que están en el interior de la República a desplazarse a la capital para resolver su situación.
4.- Los migrantes desconocen que tienen derecho a solicitar asilo en México.
Para Nancy Pérez, el bajo número de solicitudes de asilo aceptadas por México también tiene mucho que ver con el desconocimiento de los migrantes de este derecho que México reconoce en el Capítulo 1, artículo cuatro, del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
“Hay que tener en cuenta que son muy pocas las personas que pueden acceder a este derecho, o que tiene contacto con alguna organización que le dice ‘mira, tú puedes solicitar asilo en el país’. El grueso de la población no lo conoce, porque las organizaciones tampoco pueden tener contacto con todos. Entonces, muchos se van con el flujo de tránsito sin saber que podían solicitar asilo en alguno de los países”, explica la activista.
5.- En el caso de menores migrantes no se garantiza el interés superior del niño, además hay agentes que no conocen la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
6.- No hay recursos de revisión efectivos, y se sigue deteniendo a las personas solicitantes en estaciones migratorias y eso desincentiva a la gente a permanecer en el trámite.
En cuanto a los recursos de revisión, Nancy Pérez señala la incongruencia de que sea la misma autoridad que niega el asilo -la COMAR- la que revise nuevamente el caso. Asimismo, recuerda que, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley de Migración de México, la presentación de un recurso administrativo o judicial contra la decisión de deportación o en este caso, de negativa de la condición de refugiado en primera instancia, trae como consecuencia la posibilidad de una privación indefinida de la libertad.
“Esto hace que las personas detenidas puedan estar hasta casi un año privadas de su libertad y que, a causa del encierro, procedan a desistir de su proceso de reconocimiento de la condición de refugiado por el impacto físico y emocional que tiene el encierro”, señala Pérez.
El discurso íntegro que la directora de Sin Fronteras ofreció en la sede de la CIDH en Washington, con motivo del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena, en el que presenta cuáles son los principales retos de México en materia de refugiados:
Palabras OSC Audiencia CIDH 2014 by http://www.animalpolitico.com:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANU URESTE.
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