En rueda de prensa, calificaron de “farsa” y “pantomima” la búsqueda de los jóvenes por parte del gobierno de Ángel Aguirre, denunciaron “obstáculos” para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) participe en la identificación de restos, así como ausencia de claridad sobre la intervención de la PGR en las investigaciones.
Previo a la movilización en esta capital por la presentación con vida de los desaparecidos, uno de los estudiantes sobrevivientes, Omar García, reveló que la madrugada del sábado 27 de septiembre soldados del 27 Batallón de Infantería sometieron a las víctimas, los despojaron de sus celulares y pretendieron detenerlos.
“Se querían sentir muy hombrecitos, amárrense ahora los pantalones”, gritaron los militares a los jóvenes.
Los militares llegaron cinco minutos después del segundo ataque contra los normalistas perpetrado por hombres fuertemente armados y vestidos de civil, aseguró García.
Pese a que el destacamento militar está muy cerca de donde fueron atacados los jóvenes por policías municipales, quienes se llevaron detenidos a los 43 desaparecidos, fue hasta el segundo ataque, cuatro horas después, que los soldados acudieron al sitio pero no para ayudarlos.
“Los capitanes o comandantes que llegaron nos dijeron que nos lo habíamos buscado, nos quitaron los celulares y nos querían detener, decían que por allanamiento de morada, y es que estuvimos tocando en las casas para que nos abrieran para protegernos, pero cuando al fin se dieron cuenta de lo que había pasado y les explicamos que necesitábamos una ambulancia para nuestros compañeros, nos dijeron que en 15 minutos mandarían ayuda.
“Nunca llegó la ambulancia. Como pudimos llevamos a Edgar Andrés Vargas, el compañero que recibió un balazo en la cara y quien se desangró durante dos horas hasta que llegamos al Hospital General. Nadie nos quiso ayudar, ningún taxista se paró para llevarnos”, lamentó.
Melitón Ortega y Cruz Bautista, padres de desaparecidos, sostuvieron que a 13 días de los hechos de violencia “no hay investigaciones serias por parte del gobierno del estado” para la localización de los 43 jóvenes, por lo que exigieron al gobierno federal su intervención directa para emprender la búsqueda “en toda la región norte del estado de Guerrero”.
También criticaron que sin elementos de prueba las autoridades estatales hayan divulgado que los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Iguala pertenezcan a los normalistas detenidos por policías municipales, por lo que exigieron librar los obstáculos impuestos a integrantes del EAAF para participar en el proceso de identificación de los restos.
Además, demandaron atención oportuna y reparación de daños a los heridos que se recuperan en el Hospital General de Iguala.
Enseguida denunciaron que el gobierno de Aguirre Rivero no ha cumplido su compromiso de trasladar a Edgar Andrés Vargas a la Ciudad de México para que sea intervenido, en tanto que es incierta la situación de Aldo Gutiérrez Solano, quien se encuentra en “estado vegetativo”.
Luego de exigir castigo a los responsables de estos hechos, pidieron a Peña Nieto y Aguirre Rivero “facilidades para que el EAAF realicé todo lo que tenga que hacer para la identificación de los cuerpos; no queremos más trabas ni obstáculos al EAAF, al que le damos nuestro voto de confianza”.
Los padres, representantes de las 43 familias de desaparecidos, pidieron a las autoridades no “desviar la atención” sobre quiénes son los responsables de los ataques a los jóvenes.
“El Estado mexicano es el responsable de lo que ocurrió”, sentenciaron.
Maribel González, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan (CDHM-T), señaló que a pesar de que Peña Nieto anunció en cadena nacional la atracción federal de las investigaciones, “no hay claridad de qué está haciendo, pues hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del estado es la que sigue llevando todo”.
Las principales trabas que enfrenta el equipo forense son dos: la falta de reconocimiento oficial y acceder a los cuerpos rescatados de fosas clandestinas para obtener pruebas de ADN.
En el caso de los familiares, dijo que los forenses argentinos ya cuentan con el material genético, pero se han visto imposibilitados a cotejar con el de los restos por las trabas administrativas y las arduas diligencias.
Perseo Quiroz, secretario ejecutivo de Amnistía Internacional-México, reprochó la ausencia de compromiso del gobierno de Peña Nieto con los derechos humanos, “que están en el tercero o cuarto lugar de sus prioridades”, lo que explica lo ocurrido en Iguala, y criticó el mensaje en cadena nacional sobre el caso Ayotzinapa.
“No sirve de nada que el presidente salga y se lamente por los hechos, queremos acciones concretas; (la violencia hacia los normalistas) se da en un contexto de negligencia durante una década respecto del tema de los desaparecidos y el uso de la fuerza por parte del Estado: estaban dadas las condiciones para que esto pasara”, acusó el representante de Amnistía.
También pidió garantías de seguridad para los familiares de los desaparecidos y para los activistas que se desplegaron en su defensa; que no se deje la carga de la prueba por estos acontecimientos en los familiares, y las autoridades hagan pública la información sobre los avances de las investigaciones sobre las desapariciones, los homicidios, así como del deslinde de responsabilidades.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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