“Nada nuevo. Lo mismo que vienen diciendo siempre, lo mismo que andan buscando, ahora sí en serio. Ningún resultado”, replicó un papá que se salió molesto de la reunión convocada en el auditorio de la escuela.
La intervención de la federación fue tardía, diría más tarde el abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, una de las organizaciones que lleva la defensa jurídica de los casos y el acompañamiento a las familias, quien estuvo presente en el encuentro.
“Apenas ayer, sábado (11 de octubre), el gobierno federal atrajo las investigaciones”, dijo en entrevista con Proceso. Mencionó que todo el gobierno estatal se ha enfocado principalmente en mantener la seguridad en Iguala, declarar a los detenidos y buscar fosas, pero ninguno de los dos gobiernos se han dedicado a buscar con vida a los estudiantes.
El enlace con el gobierno federal se comprometió a tener una reunión informativa todos los días con los familiares de los normalistas para evitar que se enteren por la prensa de los avances de las investigaciones, como hasta ahora ha ocurrido con los hallazgos de las fosas, dadas a conocer por el procurador de justicia local y el federal primero a los periodistas.
Varios familiares abandonaron la reunión molestos. Los padres no quisieron dar entrevistas, pero manifestaron su dolor, enojo y frustración por la tardía presencia del gobierno federal: “Nomás nos vinieron a calmar, a hipnotizar para que no hagamos nada”; “Ya se nos olvidó el dolor, ya tengo coraje. Ya pasamos a la etapa del enojo. Esto es un show”; “Tienen helicópteros pero mandan una patrulla. Tienen radares y no los usan. Mejor nos mandaron a nosotros a investigar. Si de verdad los quisieran utilizar ya hubieran encontrado”; “Están dejando que la gente se vaya resignando con el tiempo, ya cuando le vayan a decir para que ya esté resignada”.
Lo que más molestó a los entrevistados fue la presencia de psicólogos en la reunión informativa. Aunque eran especialistas enviados por organizaciones de la sociedad civil, culparon al gobierno de querer mantenerlos quietos a través de terapias.
“No queremos psicólogos, lo que exigimos son a nuestros hijos. Nosotros mismos nos damos fuerzas, por qué no dicen mejor dónde están. ¿Qué habrá dicho el gobernador? Ve y hazlos pendejos”.
“Ya mandaron doctores para apagar los nervios de los padres, ya cuando los vean calmados ‘ora sí, dile que están muertos’”.
Unos de los padres de familia dijo que la comida ha comenzado a escasear en la Normal y que el gobierno quiere debilitarlos para que cesen sus protestas y regresen a sus casas. En el comedor, en cambio, una de las ecónomas informó que siguen recibiendo víveres de organizaciones solidarias, pero como tienen que dar de comer a más de 2 mil personas que hacen guardia permanente en la escuela, “así como va llegando, se va acabando”.
El abogado Rosales hizo un recuento de la fallida intervención de los gobiernos estatal y federal que han soslayado la búsqueda con vida.
El 27 y 28 de septiembre el gobierno estatal tomó el control de Iguala, buscó a los estudiantes, tomó declaraciones a los sobrevivientes y a los policías detenidos. “Pero ameritaba cubrir todos los componentes que era buscar a los desaparecidos”, criticó el defensor.
El 28 los abogados de Tlachinollan pusieron las denuncias por la desaparición y aportaron las fotografías, los documentos y los números celulares que llevaban los jóvenes al momento de ser detenidos para que los rastrearan. En ese momento todavía daban línea.
El 30 tuvieron la primera reunión con el gobierno estatal donde las organizaciones y las familias de las víctimas exigieron una búsqueda intensiva, a lo que les respondieron que tenían desplegados en terreno a sus agentes.
“Les dijimos que nada más nos constaban las acciones para la seguridad de la ciudad pero no la búsqueda”, dijo.
El 1 de octubre, el gobierno comenzó el peinado de las colonias donde se sabe que hay actividad criminal, cementerios clandestinos y los jóvenes fueron vistos por última vez. La búsqueda, acompañada por los familiares, se hizo casa por casa en las colonias Jardín Pueblo Viejo, Sol Azteca, Genaro Vázquez, Jardín Campestre y Los Chocolines.
“Hubo un despliegue de fuerzas de seguridad grandes, eran como 400 elementos de Marina, Ejército, policía federal, ministerial y estatal. Nos extrañó que cada corporación llevaba su área de comunicación, sus área de prensa y sus carteles impresos, distintos”, dijo.
“Cuando llegamos al primer punto nos preguntaron que dónde había que buscar. Los policías no querían entrar a las casas vacías y les decían a los papás que ellos se metieran a buscar. El ejército iba a tras. No había trabajo de inteligencia para la búsqueda ni de información más fina que ellos debían de haber hecho”.
Tras el enojo de las familias, el gobierno mandó a toda la burocracia a la búsqueda sobre terreno –desde el de intendencia, pasando por los directivos de área y secretarios–, vestidos con playeras con el lema: “Hasta encontrarlos”.
A partir del hallazgo de las fosas, los esfuerzos se concentraron en la identificación de cadáveres y la búsqueda de nuevos restos. “Ese día pararon la búsqueda. Para ese entonces el gobierno federal no había aparecido, ni sus luces en el estado de Guerrero”.
Un día preguntó a la titular de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas, Elizabeth López Peña, cuál era el plan de búsqueda del gobierno estatal para encontrar a los jóvenes, la respuesta que le dio lo dejó pasmado.
“Nos dijo que el plan que tenía era sensibilizar a la población con los actos públicos, los carteles, el despliegue de la burocracia en la búsqueda, la campaña ‘Hasta encontrarlos’, las recompensas para que la gente pudiera sentir confianza en el gobierno y acercarse a dar la información que tiene. Su plan no era una acción de búsqueda directa”, señaló.
Sumado a esto bloquearon el acceso al Equipo Argentino de Antropología Forense al que han obstaculizado el trabajo para la recuperación de cadáveres y la identificación de los restos.
Proceso intentó entrevistar a López Peña pero en el área de Comunicación Social de la procuraduría informaron que sólo el procurador tiene autorizado hablar con la prensa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
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