Hoy, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la indolencia y la impunidad es la que impera. Al menos con Felipe Calderón la mayor parte de los medios llamaban la atención cuando ocurrían hechos de esta naturaleza y criticaban al gobierno panista por su incapacidad de gobernar.
Pero ahora con el priista mexiquense, recientemente premiado como el “estadista del año” por una organización de Estados Unidos, no hay reacciones de la magnitud de los hechos, a pesar de que se trata de actos que muestran visos de ingobernabilidad como el fusilamiento de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de 58 estudiantes rurales en Iguala, Guerrero; la ejecución de seis más en Michoacán y en Chihuahua; el descubrimiento de una fosa clandestina con 32 cuerpos en Veracruz, o la muerte del diputado Gabriel Gómez Michel, inmolado junto con su chofer.
Ante la prensa domesticada por la publicidad y los intereses políticos, Peña Nieto ha dicho que los niveles de violencia y de muertes relacionadas con el crimen organizado han disminuido, pero los últimos hechos demuestran todo lo contrario. Y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como un hecho aislado la matanza en Tlatlaya, Estado de México. Pero todo esto es completamente falso.
El sistema político mexicano fue diseñado para ser presidencialista. Durante los 12 años de administración panista, esta forma de gobierno no cambió, aunque con la derrota del PRI los gobernadores se convirtieron en virreyes y así siguen operando hasta ahora, con toda impunidad y complicidad del solaz comportamiento de Peña Nieto, inmerso en su narcisismo de mirarse únicamente en el espejo de las reformas constitucionales sin percatarse de la violencia que se sigue expresando en todo el país, poniendo en duda la gobernabilidad.
No hay uno solo de los gobernadores que no tenga una mancha negra en su expediente de gobernabilidad, y en muchos de ellos esa marca es un sello de corrupción y de negocios ilegales con el crimen organizado, como sucedió con Fausto Vallejo en Michoacán.
Ese es el estado donde Peña Nieto ha puesto más interés para combatir al crimen organizado, debido a las llamadas de atención de grupos empresariales extranjeros y del mismo gobierno de Estados Unidos, que puso una alerta al mencionar que se estaba formando un gobierno narcotraficante.
Pero además de Michoacán, otros estados donde quien gobierna es el grupo criminal de la zona son: Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Morelos. Chihuahua, Nuevo León y Coahuila.
No obstante, el fracaso de Michoacán ha traído más violencia en el mismo estado y en los colindantes, Guerrero, Estado de México y Morelos, que ha crecido debido a la indolencia y la impunidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, sobre todo el federal, que constitucionalmente está obligado a combatir delitos federales como el narcotráfico y sus consecuencias: muertes, desapariciones, secuestros y extorsiones que sufren los habitantes de cada entidad.
Las acciones aparatosas de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán o la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, o de Nazario Moreno, El Chayo, no ha variado en lo mínimo la geografía de poder del crimen organizado en México, comprobando la afirmación de que nada vale cortar las cabezas de las bandas criminales porque saldrán otras nuevas.
Peña Nieto no ha sido capaz de ir a la raíz del problema que está en la parte política, en los gobernadores, legisladores, funcionarios públicos, militares, banqueros e inversionistas involucrados en las bandas criminales de manera directa o como lavadores de dinero.
Y mientras el Ejecutivo priista sigue vendiendo su imagen de triunfador y reformador de México, pueblos, comunidades y ciudades enteras continúan sufriendo el reino de terror impuesto por el crimen organizado, que sigue y seguirá creciendo en un terreno abonado por la corrupción y la impunidad del gobierno en turno.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
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