La PGJE citó a las 18:30 horas a la prensa, a una conferencia en sus instalaciones ubicadas en el centro de esta capital, pero sólo se permitió el ingreso a cadenas de televisión y dos diarios locales.
A pesar de llegar puntuales a la cita, la recepcionista que se encuentra en la entrada principal de la PGJE negó el acceso a los corresponsales de la agencia EFE, La Jornada y Proceso. “Ya no hay acceso”, arguyó.
Ante el reclamo de los comunicadores, un escolta del titular de la PGJE se acercó y de plano les dijo: el procurador “no los va a recibir”.
En la conferencia, De la Garza informó que Julio Dávila fue detenido el pasado lunes 6 alrededor del mediodía por tomar fotografías a los vehículos de sus escoltas que se encontraban estacionados en doble fila sobre la calle 5 de Mayo, detrás del Palacio de Gobierno.
Argumentó que “hace algunos años el Congreso del estado aprobó modificaciones al Código Penal del estado para sancionar aquellas conductas tendientes a acechar y vigilar movimientos de autoridades de seguridad pública y procuración de justicia”.
En el caso del reportero de 43 años de edad, explicó, “seguía los movimientos de elementos de seguridad de diferentes corporaciones que se encontraban concentrados en el centro de Monterrey, a los alrededores del Palacio de Gobierno”.
Asimismo, informó que Julio Dávila llevaba consigo al momento de su detención una lap top, dos discos duros, una cámara fotográfica, teléfonos celulares y seis memorias USB.
Entre sus documentos, dijo que portaba una que lo identificaba como militante del Partido Acción Nacional desde hace 18 años.
El funcionario admitió que el delito que se le imputa está considerado como grave en el Código Penal, por lo que no alcanza fianza, pero aun así lo puso en libertad.
“El día de hoy el Ministerio Público solicitó ante un juez local levantar la medida cautelar de arraigo para que esta persona lleve el proceso de investigación en libertad bajo reserva, por lo que tendrá que presentarse ante el Ministerio Público cuantas veces sea necesario”, concluyó.
La detención del periodista estuvo plagada de irregularidades al permanecer incomunicado durante varias horas, amén de que fue agredido y arraigado por órdenes del Procurador. La detención ilegal provocó incluso que el Congreso local acordara formar una comisión de diputados para investigar el caso y ofrecer asesoría legal al periodista.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos también anunció que investigaría la detención y, por lo pronto, pidió medidas cautelares para el periodista.
Además, la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arrellanes, acudió a la casa del arraigo para ofrecer asesoría jurídica al reportero, quien tiene alrededor de 20 años de trabajar en diversos medios locales.
Tras entrevistarse con el detenido, Arrellanes acusó al gobernador Rodrigo Medina de regresar al pasado y calificó como “medida retrógrada” la detención ilegal del periodista.
La visita de la alcaldesa panista no fue cubierta por ninguna de las tres las cadenas locales y, según reporteros de eso medios, no asistieron por órdenes de Adrián de la Garza.
“El Procurador de Justicia ordenó a las cadenas de televisión no trasmitir ninguna información alusiva a la detención del periodista Julio César Dávila Martínez”, revelaron a esta agencia periodistas de esos medios que solicitaron el anonimato.
“Adrián de la Garza aprovechó que todos los directivos de las televisoras estaban reunidos durante el evento de Enrique Peña Nieto. Al término los citó para ordenarles que no cubrieran la visita de la alcaldesa a la casa del arraigo, donde está detenido el reportero”, precisó una de las fuentes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
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