Mediante una solicitud de información, un particular solicitó a la PGR, entre otras cifras, el número de órdenes de aprehensión obtenidas y ejecutadas por el delito de desaparición forzada, el número de autos de formal prisión dictados, el número de sentencias de primera instancia dictadas, así como el número de sentencias firmes.
En respuesta la dependencia federal le proporcionó información estadística sobre la cantidad de averiguaciones previas iniciadas y consignadas, con detenido y sin detenido por ese delito, pero en el caso de las sentencias le indicó que el sistema estadístico institucional contabiliza el delito de desaparición forzada dentro del rubro “delitos cometidos por servidores públicos”, por lo que no podía entregar datos específicos.
En el caso de los autos de formal prisión, le indicó no contar con el dato exacto, porque el sistema estadístico institucional los contabiliza “en general y no por delito”.
Inconforme el requirente interpuso un recurso de revisión ante el Ifai, mismo que fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana.
En su análisis, la comisionada advirtió que la PGR no cumplió con el procedimiento de búsqueda porque no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes, al menos cinco, para conocer sobre las órdenes de aprehensión.
La PGR, indicó, cuenta además con el Sistema Informático de Procuración de Justicia Federal y el Sistema Institucional de Información Estadística, que administran información como la requerida.
Asimismo, refirió que en diversos informes de labores se citan cifras de autos de formal prisión por diversos delitos y de ellos se desprende que sí cuenta con información específica respecto al delito de desaparición forzada.
Por ejemplo, dijo, en el Informe de Gobierno de 2007 de la PGR dicha dependencia dio a conocer el número de órdenes de aprehensión cumplidas.
En cuanto al número de sentencias respecto del delito de desaparición forzada, la comisionada afirmó que la PGR también conoce el dato y como prueba mencionó un boletín de prensa en el que se informó que Roberto Hernández Galarza, quien se desempeñaba como agente de la extinta Agencia Federal de Investigación, fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión, por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
Cano Guadiana dijo que la desaparición forzada “es uno de los actos más extremos de violencia” y los hechos recientes de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa evidencian “el grave problema de las desapariciones forzadas en diferentes partes del país y la escasa o nula información existente”.
Por ello destacó que contar con registros construidos con base en criterios estandarizados por las distintas agencias del Ministerio Público, permitirá dar cuenta de la dimensión real del problema: “una información confiable y desagregada además de permitir la identificación de las víctimas es indispensable para que los familiares y la sociedad conozcan la verdad sobre estos hechos tan lamentables”, afirmó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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