El gobierno de Peña Nieto hace lo que puede para desmarcarse de responsabilidades en el caso Ayotzinapa. Ante la tragedia, su conducta se encuentra marcada por un antecedente de omisiones. Varias versiones coinciden en que fue avisado con suficiente anticipación de lo que estaba ocurriendo en Iguala –la connivencia entre policías, políticos locales y sicarios del narcotráfico–, pero no hizo nada a pesar de que tanto el Ejecutivo federal como su gabinete de seguridad están de sobra facultados por la Constitución para tomar medidas en casos como ese. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya dio una clara muestra de indolencia cuando turnó la atención de la crisis a la ventanilla del ámbito “local”.
–¿Por qué la PGR no ha atraído lo de Ayotzinapa?
–Porque tiene que ver con el ámbito local –respondió tras bajar del templete que mandó instalar junto a la Secretaría de Gobernación para anunciar, entre aplausos y vítores, que la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, había sido despedida.
Era el viernes 3 de octubre, un día después del 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Se cumplía una semana del asesinato de seis jóvenes y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, cerca de la 27 Zona Militar, presuntamente a manos de policías municipales y del grupo criminal Guerreros Unidos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto –insistió Osorio– sólo apoyaría en la búsqueda y lo demás era asunto local: “En lo que estamos ayudando es en la coadyuvancia (sic) para encontrar a los chavos. Hay averiguaciones contra presuntos responsables (en Guerrero), hay que esperar entonces”.
La estrategia del gobierno de Peña Nieto de encapsular la tragedia en sólo Guerrero e Iguala se ha mantenido desde entonces. Y aunque la presión mundial forzó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), ésta identifica sólo como responsables a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.
Sin embargo, pese a esta estrategia, no hay modo de que Peña Nieto evada su responsabilidad en los hechos ni el secretario de Gobernación, quien tras plantarse ante los politécnicos, y que le valió críticas palaciegas, prácticamente suspendió sus apariciones públicas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1982, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
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