Margarita Elena Tapia Fonllem, legisladora del PRD y presidenta de la comisión, dijo que visitarán la comunidad de San Pedro Limón en el municipio mexiquense de Tlatlaya, en donde el 30 de junio murieron 22 jóvenes en una bodega a manos de elementos del Ejército mexicano.
En su primera reunión, que había sido pospuesta por integrantes del PRI, según denunció el perredista Roberto López Suárez, la diputada dijo que realizarán una visita a la 22 Zona Militar “para conocer acerca de los hechos, así como del trabajo del personal militar”.
También comentó que “se encomendará la elaboración de dictámenes periciales a peritos independientes, con certificación internacional y experiencia en casos de investigación sobre violaciones a derechos humanos, propuestos en consulta con la Oficina el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comité Internacional de la Cruz Roja y Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Además, pedirán a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, al relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, y a la CIDH, “remitan informes sobre su análisis de los acontecimientos en Tlatlaya”.
Asimismo, los legisladores citarán a audiencia pública al secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para que explique el operativo y funciones de mando del batallón 102 de Infantería de la 22 Zona Militar.
Aparte, buscarán tener encuentros con las “víctimas, testigos, familiares y vecinos de la zona para recibir sus testimonios”, y aquéllos podrán ser privados o limitar su difusión del canal del Congreso, según lo determine el grupo de trabajo.
La diputada del PRD y presidenta de la comisión, detalló que solicitarán al Ejecutivo federal que invite a la “Fiscalía de la Corte Penal Internacional y al relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU para que realicen vistas de trabajo a México para recabar información sobre el caso”.
En el primer encuentro los miembros de la comisión aprobaron solicitar a Gobernación protección a los sobrevivientes, testigos y familiares de quienes fallecieron, y que a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos se “gestionen las medidas pertinentes en beneficio de los periodistas que han investigado los hechos y enfrenten situaciones de riesgo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
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