Si juega bien sus cartas, el movimiento estudiantil podría detonar una verdadera transición a la democracia en México. De lo contrario, terminará como otra explosión social temporal de alcances limitados. Y si los dignos politécnicos pierden totalmente la brújula, incluso podría contribuir a fortalecer al régimen autoritario. La historia está en sus manos.
La estrategia del gobierno es transparente. Busca dividir el movimiento por dentro y separarlo de otras expresiones sociales por medio de un coctel de concesiones y provocaciones fríamente calculadas.
El objetivo en todo momento será encapsularlo y focalizarlo en asuntos exclusivamente “locales”, supuestamente “puros” y “limpios”, con respecto a la gestión interna del IPN. Y mientras los politécnicos están entretenidos con el “policía bueno” de Miguel Ángel Osorio Chong, los otros estudiantes y jóvenes del país sufrirán cada vez más bajo las macabras estrategias de represión, provocación y violencia del régimen.
Lo que determinará el éxito o el fracaso del movimiento politécnico será entonces la medida en que los estudiantes logren levantar la mira para ser solidarios y generosos con otras causas sociales. Igualmente, es responsabilidad de todos expresar nuestra solidaridad con la importante lucha histórica por alcanzar tanto la autonomía como la democratización interna del IPN.
Las luchas locales, nacionales, e incluso internacionales, no se contraponen, sino que se fortalecen mutuamente. Por ejemplo, tanto la forma antidemocrática como el contenido neoliberal del nuevo reglamento del IPN son resultados directos de las contrarreformas “estructurales” impulsadas por Enrique Peña Nieto, Osorio Chong y el “Pacto por México”. En su conducción del proceso de reforma del IPN, Yoloxóchitl Bustamente no hizo más que seguir estrictamente las indicaciones de sus jefes en el gobierno federal, quienes a su vez cumplen con las órdenes de Washington. Es evidente que un simple cambio en la dirección del instituto no modificará las coordenadas estructurales del poder que impuso el nuevo reglamento.
Bustamante misma afirmó en su momento que la reforma al politécnico surgió a raíz del “compromiso institucional de armonizar la normatividad interna con la federal, en lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo y a la reforma educativa”. En otras palabras, no es más que la extensión de los tentáculos del poder corrupto hasta las entrañas del sistema educativo nacional. Ahora que el petróleo pertenecerá a las grandes empresas extranjeras, ya no será necesario que México forme investigadores científicos o ingenieros de primer nivel para impulsar el desarrollo nacional, puesto que solamente harán falta técnicos obedientes a las órdenes de sus nuevos jefes extranjeros.
Lo mismo ocurre en las normales rurales. Así como Lázaro Cárdenas del Río fundó el IPN en 1936 con el fin de “poner el técnico al servicio de la patria”, también fue el responsable de consolidar y generalizar el modelo de las normales rurales, como la Escuela Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. Durante su sexenio (1934-1940), la cantidad de estas instituciones se multiplicó exponencialmente y se fortaleció su carácter cooperativo y social. Desde hace casi un siglo, dichos planteles han abierto simultáneamente importantes oportunidades educativas y laborales para los jóvenes de las zonas más marginadas, y han sido esenciales para garantizar una educación pública humanista, crítica y de calidad. Tanto la doctora Tanalís Padilla, de la Universidad de Dartmouth, como Luis Hernández Navarro, de La Jornada, han realizado importantes estudios sobre esta valiosa experiencia.
Pero al régimen autoritario neoliberal no le interesa poner la técnica al servicio de la patria ni fomentar el pensamiento crítico o empoderar a los maestros rurales. La reforma educativa y el Plan Nacional de (sub)Desarrollo buscan la eliminación de la gran mayoría de las normales rurales y la conversión de las que queden en centros técnicos para la formación de maestros de “calidad” cuya única función será preparar mano de obra barata y siervos obedientes al gran capital internacional.
Los estudiantes del IPN y de Ayotzinapa sufren exactamente el mismo mal. El levantamiento de ambas comunidades está plenamente justificado. Su lucha es la lucha de todos por deshacernos de una vez por todas del yugo de la explotación y represión que ha mantenido postrada a la nación desde la Colonia. La reclamación de justicia para la perversa masacre en Iguala, cuna de la consumación de la Independencia, es evidentemente igual de importante que la exigencia de autonomía para el Politécnico.
La unión de esas exigencias y la articulación de los dos movimientos no implicaría, desde luego, la “politización” de ninguno de ellos, sino todo lo contrario. Significaría el fracaso de la tradicional estrategia política del régimen autoritario priista de “divide y vencerás”.
Todos hemos aprendido en la escuela cómo los valientes movimientos populares y los grandes ideales que inspiraron la Independencia y la Revolución fueron traicionados y domesticados por los líderes políticos que vendrían después. Hoy, Peña Nieto y el Pacto por México juegan el papel que en su momento cumplieron Antonio López de Santa Anna después de la independencia, y Miguel Alemán Valdés, el primer presidente emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de la Revolución.
Pero la tercera tendrá que ser la vencida. La lucha por la democracia en México nunca ha sido un asunto de acuerdos cupulares entre élites, como lo fue en otros países. Tal y como ocurrió durante la Independencia y la Revolución, el verdadero motor del interrumpido proceso de “transición” actual ha sido la movilización de la sociedad en defensa de sus intereses y en contra del saqueo. Habría que evitar a toda costa las divisiones internas con el fin de construir un amplio frente popular a favor de una verdadera transición hacia la justicia y la paz.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.
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