En rueda de prensa, rechazaron las líneas de investigación enfocadas a vincular a los estudiantes con el crimen organizado. “Queremos que los busquen vivos, no en fosas o basureros”, exigieron al Ejecutivo federal.
Después de cinco horas de reunión en la residencia oficial de Los Pinos, a la que asistieron 150 familiares de los jóvenes desaparecidos, así como de los heridos y los fallecidos en los ataques armados del 26 y 27 de septiembre, los padres de los normalistas responsabilizaron a Peña Nieto de cualquier represalia que pudieran sufrir por exigir verdad y justicia.
En instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los familiares de las víctimas llegaron acompañados de sus defensores, todos ellos integrantes de organismos civiles.
Con pancartas en mano y fotos de los desaparecidos, los padres de familia manifestaron su desconfianza en la conducción de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), que se empeña en buscar a los estudiantes en fosas clandestinas.
Los padres de desaparecidos, entre ellos Melitón Ortega, Felipe Santiago de la Cruz, Epifanio Álvarez y Emiliano Navarrete, expresaron su desesperanza y desconfianza en las investigaciones realizadas por la PGR, y señalaron que sólo aceptaran resultados del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Ante el descubrimiento de fosas con cuerpos que las mismas autoridades han descartado que correspondan a sus hijos, los padres negaron que ello les conforte y, por el contrario, preguntaron a Peña Nieto qué de quiénes son esos restos.
Insistieron que tampoco les reconforta la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero, ni que haya una orden de aprehensión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, pues lo que quieren es la presentación con vida de sus hijos y el castigo a todas las autoridades que intervinieron en los hechos.
Edgar Andrés Vargas, padre de Nicolás Andrés Juan, joven al que un disparo le desfiguró el rostro, dijo que en la reunión con Peña Nieto acusó a militares de la 27 Zona Militar de haber obstaculizado la atención oportuna para su hijo, que estuvo al borde de la muerte, y que ahora requiere una cirugía reconstructiva.
Al demandar el pago total de la atención médica de los estudiantes heridos, los familiares recordaron que la estigmatización de que han sido víctimas los estudiantes de Ayotzinapa no es nueva, y que prueba de ello es que están impunes los homicidios de dos estudiantes, atribuidos a policías estatales, ocurridos el 12 de diciembre de 2011.
El director del Centro Prodh, Mario Patrón, y el abogado del Centro Tlachinollan, Vidulfo Rosales, aseguraron que en la reunión exigieron al presidente Peña Nieto que solicite la colaboración de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la localización de los 43 jóvenes, así como asistencia para la atención de los casi 30 mil desaparecidos que hay en México, gran parte de ellos herencia de la guerra contra el narcotráfico del exmandatario Felipe Calderón.
Añadieron que pidieron al mandatario que se redireccionara la investigación, toda vez que la que actual pretende criminalizar a las víctimas, pretendiendo reducir los “crímenes de lesa humanidad” cometidos hace 33 días en “una reyerta de delincuentes”.
David Flores Maldonado, de la representación estudiantil, y Melitón Ortega, a nombre de los padres de familia, anunciaron la intensificación de las acciones de protesta a partir de la próxima semana, entre ellas el reforzamiento de la vinculación de los normalistas con jóvenes de otros centros de estudios del país.
Ortega concluyó que el documento firmado por Peña Nieto “no es un pliego petitorio que le hacemos, son acuerdos a los que él se comprometió y que exigimos que se cumplan”.
Al acto acudieron, por el Centro Prodh, Mario Patrón y Santiago Aguirre; por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barreda y Vidulfo Rosales, y por Servicios y Asesoría de Paz, Miguel Álvarez y Dolores González, así como miembros de la Comisión Civil de Búsqueda y David Flores Maldonado y Omar García, representantes estudiantiles de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ
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