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Los incumplimientos del Ejecutivo a la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, y su impacto en la impunidad sobre estas formas de explotación (sexual y laboral principalmente), fueron evidenciados por la CNDH.
Así, mientras los gobiernos de Chiapas, Puebla, Baja California y el Distrito Federal destacan por los casos investigados (166, 107, 68 y 60 respectivamente) de 2009 al 2013 (a marzo), el Gobierno de Jalisco no le pudo enterar de uno solo a la CNDH, mucho menos alguna consignación o sentencia condenatoria.
Por eso concluye la CNDH en su Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, expuesto el 27 de agosto:
“Destaca que las autoridades de Jalisco, entidad que ha sido señalada por autoridades federales e internacionales como de alta incidencia, no reportaron una sola averiguación previa durante el periodo 2009 a 2013 (primer trimestre), lo cual hace presumir una deficiente capacidad de las autoridades locales para perseguir el delito de manera eficaz”.
Jalisco, Baja California Sur y San Luis Potosí, “en un lapso de cuatro años fueron omisas en reportar una sola averiguación previa por el delito de trata de personas”.
La CNDH marca entre las principales zonas de incidencia de trata del país a Guadalajara y Puerto Vallarta, señalado otra vez en 2014 por el Departamento de Estado estadounidense como uno de los sitios con más turismo sexual infantil, otra cara del ilícito.
“En diversas entidades las autoridades reportaron no contar con datos respecto de la incidencia delictiva, o bien fueron omisas en proporcionar información, lo que manifiesta desconocimiento o apatía, cuando menos, o incluso tolerancia al delito.
“Esta Comisión considera que la falta de registro de casos y de víctimas, lejos de significar que el delito no ocurra, debe constituirse en un llamado de atención a las autoridades locales para redoblar esfuerzos dirigidos a la detección de las víctimas y la persecución del delito”, detalla la CNDH.
Si bien el lapso evaluado en averiguaciones está aún en la anterior gestión estatal, el combate sigue siendo hoy incipiente. La Fiscalía General del Estado (FGE) suma durante 2013 y 2014 sólo seis indagatorias. El Diagnóstico ayuda a entenderlo.
Desde diciembre del 2012, por ley, el Ejecutivo debió reforzarse con una Fiscalía Especializada contra la trata, pero nunca lo hizo, lo que contrasta con la próxima designación de un fiscal exclusivo para lo electoral, y la creación el 11 de octubre de la Unidad Especializada de Protección Animal que dispone de dos agencias de la FGE, con nueve elementos cada una.
La CNDH cita experiencias que demuestran que los cuerpos especializados sí ayudan a perseguir y visibilizar la trata, como el Estado de México, que carecía de indagatorias:
“La creación de una Fiscalía Especial el 29 de junio de 2012 ha contribuido a un incremento en el número de carpetas de investigación iniciadas por esa autoridad (46)”.
Y aúna: “Otro factor relacionado con el exiguo número de procesos y sentencias se relaciona con la falta de unidades especializadas para la persecución de casos de trata, que permitan a su vez la especialización del personal responsable de la procuración de justicia”
Los otros gobiernos con estas áreas son Baja California, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y el DF.
La confusión
La falta de capacitación que halló la CNDH tiene muestras palpables en Jalisco:
“El número reducido de averiguaciones es atribuible en gran medida al desconocimiento que subsiste en torno al tema. No es extraño que el operador jurídico confunda la trata con el lenocinio u otros delitos. Con frecuencia, los agentes ministeriales carecen de elementos para identificar el delito y desconocen su mecánica”.
Ejemplo: el 31 de enero de 2014 la FGE informa que consignó a un entrenador de un equipo de futbol en Acatlán que producía con los infantes material pornográfico. Lo acusó de abuso sexual infantil, corrupción de menores, prostitución y pornografía infantil, pero no de trata, pese a que las dos últimas son de sus modalidades.
“Les prometía comprarles uniformes y zapatos para jugar, o bien, los amenazaba con golpearlos y agredirlos con una navaja. Admitió que a algunos de ellos les pagó entre 10 y 30 pesos por dejarse tomar fotos sin ropa, las cuales guardó en la memoria de su celular; la memoria tenía 549 fotos con contenido pornográfico.”
Las penas para la trata de infantes son mucho más altas, van de los 15 a los 30 años (con una mitad más si hay uso de una posición de confianza), mientras que las de la prostitución y pornografía infantil son de siete a 14 años.
En cambio, la Procuraduría General de la República (PGR), en el caso del sujeto que organizaba campamentos para niños y que poseía pornografía infantil –detenido el 8 de septiembre en Zapopan-, sí lo acusó de trata según la ley.
Hay otras inercias negativas: “Se han denunciado actitudes prejuiciosas y prácticas discriminatorias por parte de la autoridad (‘se fue con el novio’, ‘está ahí porque quiere’) que, de facto, retrasan u obstaculizan la persecución del delito (…) se ha advertido insensibilidad ante la problemática, lo que se traduce en apatía y negligencia en la actuación de la autoridad”.
El titular de la FGE, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, fue cuestionado por asociaciones el 6 de octubre, cuando ante los diputados desestimó la desaparición de mujeres (hay 384 en ese estatus en la entidad), pese a que pueden ser víctimas de trata.
“Y nos damos cuenta que muchas de las mujeres que se dicen desaparecidas, se sustraen de sus domicilios por temas familiares, por otro tipo de temas”, dijo sin aportar más datos.
Las víctimas
A nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo estima que hay 14.2 millones de víctimas de explotación laboral y otras 4.5 millones de tipo sexual. En Jalisco, sin embargo, el problema no termina por visibilizarse y pareciera no existir.
La trata por explotación sexual, como la prostitución forzada, dice la CNDH, se da a través de diversas prácticas y espacios:
“Ya sea en la calle o en casas de masajes, a domicilio (call girls) o servicios de acompañamiento (escorts), table dance, pornografía adulta e infantil (incluyendo el abuso sexual de niños), turismo sexual, lenocinio, explotación sexual comercial infantil, y puede llevarse a cabo casi en cualquier sitio”.
La explotación sexual causó el 82 por ciento de las 334 averiguaciones por trata que la PGR reportó en ese lapso, y el 89.1 de las 767 en los estados.
La PGR supo de 441 víctimas de trata, y los estados de mil 427. El 82.9 por ciento fueron mujeres, 13.7 por ciento, hombres, y 63 casos sin definir. En el rango de edades, el 42.1 por ciento eran adultos, y el 39.8 por ciento menores (un 18.1 sin definir).
En Jalisco, además del Fondo de Ayuda de la Ley de Atención a Víctimas que debió crearse el 3 de mayo pasado, debería existir otra bolsa con fines similares prevista en la ley contra la trata desde noviembre de 2012.
En el estado tampoco hay campañas para desalentar la demanda de servicios sexuales, aunque la ley penaliza al cliente-explotador si sabe que la víctima es tratada, y mientras en otras entidades ya hay sentencias con reparación del daño (en DF hay 10), aquí nunca ha sucedido.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.
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