Hay 383 civiles, incluyendo al líder fundador del movimiento, José Manuel Mireles, que hoy siguen sujetos a procesos penales, enfrentando la posibilidad de una sentencia de 2 a 9 años en la cárcel.
La liberación de los autodefensas que defendían sus propiedades y su vida no se ha cumplido, pese a que fue un compromiso del Gobierno Federal, tras los acuerdos para que se sumarán a la policía estatal.
La mayoría de los detenidos, acusados del delito federal de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, se encuentran recluidos en las cárceles estatales de Apatzingán y Morelia, en el estado de Michoacán, en tanto que al menos 139 de esos autodefensas están en las cárceles federales de Sonora, Nayarit y Veracruz.
Los reos, principalmente los que se encuentran en cárceles federales, insisten con sus familias sobre el trato inhumano que reciben de parte de los custodios de esas instituciones.
Han señalado el riesgo en el que se encuentran sus vidas al estar encerrados en los mismos pasillos en donde la población mayoritaria es señalada de pertenecer al crimen organizado que ellos comenzaron a combatir.
El caso más evidente es el de Mireles. Al líder fundador se le mantiene segregado en el área de hospitalización ante la posibilidad de ser agredido por otros presos que formaron parte de células criminales como Los Zetas, el Cártel del Golfo, La Familia Michoacana o el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Versiones obtenidas desde el interior de la cárcel federal de Hermosillo indican que Mireles ha recibido diversas amenazas de muerte. Se ha ganado a pulso la enemistad de otros presos, no solo por el combate contra el crimen organizado que venía haciendo, sino por haber denunciado actos de corrupción al interior de la cárcel.
Movimiento que sigue
La situación que afronta José Manuel Mireles no es distinta a la que la mayoría de sus seguidores tienen que encarar en las prisiones federales en las que se encuentran, dijeron a Reporte Indigo un grupo de mujeres que hicieron públicamente responsable al Gobierno Federal de lo que les pase a sus hijos y esposos.
El grupo denominado Colectivo de Mujeres de Autodefensas aseguró que mientras sus hijos y esposos sigan en prisión, continuará la desobediencia civil en los municipios de Tierra Caliente.
Prueba de ellos es la intensa movilización ciudadana -de la que no dan cuenta los medios locales de comunicación y de la que el gobierno estatal de Salvador Jara no habla- pero que se realiza desde hace más de 2 meses, en los municipios de Aquila, Coalcomán, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán.
Una defensa difícil de llevar
El encarcelamiento de los autodefensas que se alzaron contra el crimen organizado en Michoacán es emblemático, no solo por la cantidad de detenidos acusados bajo el mismo delito, sino por el grado de peligrosidad con el que se les ha calificado al enviarlos a cárceles federales.
El 27 de junio del 2014, al lado de José Manuel Mireles, fueron detenidos sus tres escoltas y otros 83 integrantes del movimiento de autodefensa de La Mira.
Todos fueron integrados en un mismo proceso penal, el cual resulta difícil de atender por la dispersión de los integrantes del grupo, lo que ha imposibilitado llevar una defensa conjunta.
Al líder fundador del Consejo Nacional de Autodefensas se le envió al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Hermosillo, Sonora; a sus tres escoltas se les remitió al Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit, en tanto que a los demás autodefensas se les trasladó al Centro de Reinserción Social (Cereso) “David Franco Rodríguez” en Charo, y al “Francisco J. Múgica”, de Morelia.
En este momento, las defensas de los civiles alzados que se encuentran en prisión están trabajando para demostrar ante el juez la razón de las 68 armas de fuego, 20 vehículos, cartuchos y cargadores que les fueron asegurados.
Una nueva Ley para los ‘alzados’
La movilización social que se ha gestado en Michoacán, ante el reclamo de libertad para 383 autodefensas presos ha llevado a que en el Senado de la República se geste la iniciativa de una Ley de Amnistía, que beneficie a los civiles alzados contra el crimen organizado.
La propuesta se le atribuye al senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN), aun cuando está siendo cabildeada por la abogada michoacana Talía Vásquez Alatorre, quien lleva la defensa jurídica de José Manuel Mireles y sus tres escoltas.
De aprobarse la Ley de Amnistía, esta sería la puerta de salida para todos los autodefensas michoacanos que están en prisión bajo las acusaciones de delitos del orden federal cometidos en el estado de Michoacán entre el 24 de febrero de 2013 y el 1 de septiembre de 2014.
Esto, siempre y cuando hayan sido detenidos entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre de 2014 y hayan argumentado pertenecer a grupos u organizaciones denominados autodefensas o policías comunitarias.
La propuesta ya está consensada entre las bancadas del PAN, PT y PRD, cuyos 64 senadores la llevarán a tribuna.
El PRI no ha aceptado sumarse a esa iniciativa y en consecuencia podrían no hacerlo las fracciones del PVEM y PANAL, lo que podría resultar en 63 votos en contra.
Se espera que la iniciativa se haga Ley y los autodefensas presos alcancen el perdón presidencial antes de que concluya el mes de octubre.
El cerco para atrapar a ‘La Tuta’
El Gobierno Federal asegura que el jefe del Cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez “La Tuta” se encuentra cercado.
“Pronto caerá”, dicen las declaraciones públicas de los funcionarios federales.
En la zona de Tierra Caliente se ha desplegado un operativo militar sin precedente. Ni siquiera cuando se buscó a Nazario Moreno Gonzalez, “El Chayo”, fundador de Los Caballeros Templarios, se había observado el despliegue de Fuerzas Federales que hoy cubre a por lo menos 12 municipios de la zona sur del estado.
“No se le va a permitir escabullirse de nueva cuenta”, asegura el Comandante Cinco de Fuerza Rural de Michoacán.
La captura del líder templario se ha dado en una especie de augurio, luego de la detención de Jesús Tapia Sánchez, “El Zanate” uno de los hombres que conforman el círculo más cercano de Servando Gómez.
“El Zanate” es señalado como uno de los responsables por el asesinato de 12 policías federales ocurrido en Arteaga, por quien la PGR ofrecía una recompensa de 3 millones de pesos.
Las Fuerzas Federales han comenzado a cerrar el círculo entorno al jefe de Los Templarios, tanto así que en días pasados un hermano de Servando Gómez, un profesor identificado como Aquiles Gómez decidió suicidarse en la ciudad de Lázaro Cárdenas, cuando elementos de la Policía Federal intentaron detenerlo.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
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