La decisión se tomó en medio de una fuerte polémica ante la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno en la descomposición del gobierno municipal de Iguala.
El presidente del Senado, Miguel Barbosa, respaldó el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto de un día antes. Acompañado de los otros vicecoordinadores del PAN y del PRI, el también coordinador del PRD afirmó que el llamado a acabar con la impunidad en Guerrero “no llega tarde”.
En la tribuna, los senadores del PRD, Alejandro Encinas, Dolores Padierna y Armando Ríos Pitter, entre otros, coincidieron que se trata de una “crisis de Estado”, con similitudes a la guerra sucia de los años setenta. Luego, llamaron a ser autocríticos para evitar que el “narcopoder” tenga mayor influencia en los partidos.
“Hay que ser autocríticos”, afirmó Encinas. “Todos somos corresponsables por omisión o complicidad” frente al ascenso del narcopoder en el municipio de Iguala, donde el alcalde José Luis Abarca está claramente vinculado al cártel de Guerreros Unidos.
Padierna Luna advirtió que los vínculos de Abarca “fueron ampliamente documentados y denunciados” desde el 2013. Mencionó el caso del asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, a manos del propio Abarca. Esto ha sido “un claro ejemplo del desinterés gubernamental”, sentenció.
“Le tomamos la palabra al presidente de la República. La lucha es contra la corrupción y contra la impunidad, que no queden en discursos o pronunciamientos mediáticos”, afirmó la perredista.
Ríos Pitter, senador por Guerrero, estimó que los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapan se suman a “las más negras horas de la vida nacional”. Planteó un punto de acuerdo para que las investigaciones se realicen en un marco de transparencia, celeridad, objetividad y comunicación con el Senado.
Los senadores panistas también se incorporaron a éste, aunque se entramparon con algunos senadores del PRI sobre los saldos de la guerra contra el narcotráfico en los dos últimos años de la administración de Enrique Peña Nieto.
Luisa María Calderón, Adriana Dávila, Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Búrquez, entre otros, subieron a tribuna para reclamar que en dos años no se hayan reducido los índices de violencia del narcotráfico.
“No podemos llamarnos hoy sorprendidos. Han pasado 17 años de la primera Ley contra la Delincuencia Organizada. Ahora, y lo aprendimos claro, la delincuencia organizada frente a los intentos de contención también han hecho su modelo”, afirmó Calderón. Y citó los casos de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero por la similitud de infiltración del narcotráfico.
Los senadores del PRI, Graciela Ortiz, Cristina Díaz y René Juárez, este último exgobernador de Guerrero, expresaron su “enérgico rechazo” a toda “intención perversa” de politizar y lucrar con el dolor de las familias afectadas.
“No se puede en dos años resolver el desastre de país que se construyó en 12 años”, afirmó la priista Graciela Ortiz, en clara respuesta a los reclamos de senadores del PAN y del PRD.
El senador del PRI, Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Gobernación, exhortó a no lamentarse por los hechos de Guerrero, sino a condenarlos “enérgicamente”.
Más tarde, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, ofreció una rueda de prensa. En ella fue cuestionado sobre la posibilidad de decretar la desaparición de poderes en Guerrero, lo que llevaría a la renuncia del gobernador Ángel Aguirre.
Respondió: “Es una decisión muy personal del señor gobernador y una decisión del Congreso local. No es una decisión del Senado de la República. No tenemos nada qué ver ahí”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario