Mientras que una encuesta hecha por Parametría señala también que nueve de cada diez dice que en México hay desapariciones forzadas de personas.
De acuerdo con la encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría, en agosto de este año, 40% de los mexicanos cuestionados señaló a las organizaciones criminales como responsables de las desapariciones forzadas de personas en el país, 14% dijo que la responsabilidad es del gobierno y el 41%, “de forma espontánea”, dijo que tanto el gobierno como las organizaciones criminales eran los responsables de dichos actos.
Llama la atención las respuestas, pues por definición —según Amnistía Internacional— se le llamará desaparición forzada “cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley”.
Con esto podríamos concluir que la respuesta de ese 41% a la pregunta “¿quién considera que es el principal responsable de las desapariciones forzadas en México: el gobierno o las organizaciones criminales?” es ocasionada por la experiencia, pues en México las desapariciones forzadas suelen involucrar una cooperación entre integrantes del gobierno en cooperación con integrantes del crimen organizado.
Pero, a la pregunta “¿quién podía ser acusado de la desaparición forzada de personas?”, más del 90 % señaló a los cárteles del narcotráfico y a la delincuencia organizada. Ocho de cada diez dijo que “cualquier persona que actúe fuera de la ley o la delincuencia común”. Más del 50 % dijo que la policía (66 %), cualquier grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado (65 %), el Estado (61 %), los grupos paramilitares (58 %), el Ejército (50 %) y la Marina (37%).
El tema cobra relevancia después de que el 26 de septiembre desaparecieran 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. Hecho que ha provocado diversas manifestaciones en el país y en el extranjero; Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y Amnistía Internacional mostraron su preocupación por las violaciones a derechos humanos e hicieron recomendaciones en ese tenor al gobierno mexicano. Pero aclaremos: los mexicanos no desconocemos este tipo de prácticas y, de hecho, el conocimiento de este tipo de prácticas ha aumentado en la población. En una encuesta de Parametría realizada el pasado agosto, siete de cada diez dijeron conocer el concepto de desaparición forzada; mientras que “de abril de 2012 a la fecha, aumentó diez puntos el porcentaje de aquellos que señalan estar al tanto de esta práctica”, según el estudio de Parametría.
¿Usted diría que en México hay desapariciones forzadas de personas?
R= Nueve de cada diez mexicanos dijo que hay desapariciones forzadas de personas. Sólo el 3% consideró que dichas prácticas no se realizan y el 10% no supo o no contestó.
El resultado, comparado con los de la encuesta de abril de 2012, registra un aumento de cinco puntos respecto a los encuestados que dicen que en México sí existen las desapariciones forzadas de personas. Según el estudio de Parametría “estas opiniones pueden estar fundadas en la información difundida por diferentes medios de comunicación, o bien por la socialización de casos de desaparecidos a manos del gobierno, ya sea municipal, local o federal”.
De los 22 mil casos documentados de desapariciones forzadas, más de 12 mil correspoden a la administración de Felipe Calderón, mientras que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se reportan más de 9 mil desapariciones forzadas de personas, informó la investigadora del Centro de Análisis Fundar, Ximena Antillón, el pasado 30 de agosto —Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas—.
De acuerdo con la encuesta de Parametría, los más vulnerables a padecer una desaparición contra su voluntad son los niñ@s (36%), en segundo lugar se ubica “cualquier mexican@” (25%) —que hace dos años ocupaba el primer lugar con el 43%—; mientras el 20% de las menciones fue para las mujeres.
Un 7% considera que los que corren más peligro, en este tipo de casos, son los que “se oponen o critican al gobierno”; Un 6% considera que l@s periodist@s corren más peligro.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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