Peor aún, las seis personas procesadas (tres servidores públicos) por homicidio imprudencial no han sido sentenciadas, las víctimas no han sido indemnizadas y dos grupos internos del PRI utilizan el caso como botín político de cara a las elecciones de 2015.
Pasó casi un año cuando 51 víctimas decidieron interponer una denuncia ante el ayuntamiento para recibir sus respectivas indemnizaciones, aunque otras dos habían interpuesto anteriormente el recurso, pero ninguna ha sido aceptada por las autoridades municipales.
Incluso, las familias crearon la asociación civil 5 de Octubre, que tiene como fin dar seguimiento al proceso de indemnizaciones, ya que padres y madres de familia que eran sostén de su hogar se vieron gravemente afectados en sus ingresos, además del pago de terapias costosas derivadas del accidente.
La asociación busca, además, aportar su experiencia para que las autoridades y ciudadanía tengan conciencia de la importancia de la prevención y protección civil en todo tipo de eventos, explicó uno de los integrantes, Iván Santos, papá de Paulina Santos Luna, quien a sus seis años se convirtió en una de las víctimas mortales del evento.
Otras dos familias, que no son parte de la fundación, entre ellas los papás de los niños Diego y Julia Sophia Tarango Holguín, interpusieron demandas directas ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), pero ambas fueron desechadas y ahora se encuentran en un juzgado federal.
Cada familia ha decidido diferentes formas de llevar su luto y enfrentar las demandas de justicia, ya que hasta ahora no les han entregado indemnizaciones, a pesar de que el ayuntamiento anunció hace casi seis meses que les darían como “adelanto” un millón 100 mil pesos a los deudos de quienes fallecieron en el evento.
Casi todas las familias rechazaron la disculpa pública que ofreció el alcalde actual, Javier Garfio Pacheco en mayo, porque lo hizo obligado por la CNDH y en ningún momento reconoció la responsabilidad del municipio.
Las víctimas se sumaron a una mesa técnica que conformó el ayuntamiento, pero luego de meses sin resultados han decidido no participar más en ella.
Y no es todo, pues la empresa privada de seguridad contratada para el evento ha sido protegida por las autoridades.
En las declaraciones de los participantes en Demolition Show, el evento donde ocurrió el accidente, indican que ésta ha sido adjudicada al actual director de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Eduardo Guerrero, situación que no ha sido negado por las autoridades.
Al solicitar la información a través de Infomex, el ayuntamiento de Chihuahua respondió en la solicitud 0003762014 que esa información está clasificada como reservada durante seis años, según acuerdo AIR-02/2013, respuesta que dan a través de la dirección de Desarrollo Comercial y Turístico.
No obstante, el ayuntamiento demandó vía civil a la organización Eventos Extremos de Chihuahua para que ésta le pague 43 millones de pesos que ha erogado en atención a las víctimas.
Sin embargo, los directivos de la organización, Jorge Cuesta y Mario Dueñas, se victimizaron y justificaron que ellos también tuvieron pérdidas y previo a ello entregaron grandes ganancias con los eventos que organizaron y que nunca quisieron causar un daño de esa naturaleza. Tampoco ellos han sido llamados ante un juez.
El único que ha enfrentado este año en prisión es el chofer de la monster truck, Francisco Velázquez Samaniego, a pesar de que un juez federal pidió que se repusiera la audiencia de vinculación, porque el juez de garantía no fundó ni motivó su decisión para ordenar la prisión preventiva para el chofer.
Hoy, la juez de garantía Alejandra Ramos pospuso la audiencia en la que repondrían la audiencia de vinculación a proceso, debido a que aún no se resuelve el fondo del amparo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en abril pasado una recomendación para que se investigara penalmente la actuación del exalcalde Marco Adán Quezada Martínez y seis exfuncionarios municipales más.
En mayo presentó las denuncias penales en contra de Marco Adán Quezada (exalcalde), Javier Torres Cardona (exsubdirector de Gobernación que ya está sujeto a proceso), Fernando Rodríguez García (exsecretario del ayuntamiento y notario de la asociación Eventos Extremos del municipio de Chihuahua), Ildefonso Sepúlveda (oficial mayor) y Alfonso Prieto Prieto (director de Comercio)
La CNDH pidió además que se investigara la asignación y ejecución de más de 17 millones entregados a la organización civil Eventos Extremos del municipio de Chihuahua, que se encargó de organizar el espectáculo y de la seguridad de los asistentes.
Como resultado, el Congreso local ordenó que la Auditoría Superior del Estado fiscalizara el caso y ésta encontró una serie de irregularidades, pero hasta ahora la auditoría no ha sido dictaminada por los diputados.
Hace un mes aproximadamente, cuando el auditor Jesús Manuel Esparza Flores dio a conocer los resultados de la auditoría y entregó su reporte a la Comisión de Fiscalízación, arremetió contra los exfuncionarios y, en defensa de éstos, salió el legislador priista Eloy García Tarín, quien fue secretario del ayuntamiento en la administración pasada, pero renunció para irse a la campaña por la diputación.
Los dos grupos internos del PRI que especulan con el caso son el del gobernador César Duarte Jáquez, que tiene a la mayoría en el Congreso, y el del exmandatario José Reyes Baeza Terrazas, quien está cerca de Marco Adán Quezada Martínez, el exalcalde señalado como uno de los presuntos responsables de la falta de seguridad en Aeroshow.
Marco Adán Quezada es uno de los políticos que aspiran a ser candidatos por una diputación federal durante el año entrante y él ha manifestado públicamente que está a disposición de las autoridades, pero ha defendido reiteradamente que no incurrieron en ningún delito.
A esto se suma que el PAN tomó en parte la defensa de las víctimas, con lo que el caso se “politizó” en el Congreso estatal y en el cabildo, a pesar de la postura contraria de deudos, heridos y familiares.
La fiscalía especial para el caso Aeroshow, a cargo de Noé Jiménez, aún no formula imputación al exalcalde ni a otros cinco funcionarios señalados por la CNDH.
Todos promovieron amparos que han dilatado el proceso penal, ya que los jueces de garantía dieron de seis a ocho meses de investigación para cerrar el caso.
Felipe Ponce, defensor de los derechos humanos de las víctimas que conformaron la asociación 5 de Octubre, dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trabaja en el caso de Aeroshow desde enero pasado.
No obstante, lamentó que el ayuntamiento siga empeñado en no reconocer su responsabilidad por violación a derechos humanos de las víctimas, pero destacó que éstas están organizadas y finalmente demandaron ante el ayuntamiento.
La Legislatura pasada aprobó, antes del accidente trágico, la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Municipio de Chihuahua, que incorpora el tema de indemnizaciones en casos de negligencia o irresponsabilidad de funcionarios públicos contra ciudadanos. El plazo para interponer la denuncia venció al año del accidente, es decir, el domingo 5.
Sin embargo, las autoridades actuales se han empeñado en declarar que no pueden indemnizar ni reconocer las fallas de la instancia hasta que los jueces sentencien a los involucrados.
“Los amparos de los imputados atrasaron el procedimiento, pero todavía en diciembre no estaba acreditada la calidad de víctimas de los afectados, no conocían lo que sucedía en el proceso porque nadie les había explicado”, recuerda Felipe Ponce.
Y los integrantes de la asociación indican que ningún abogado a los que solicitaron apoyo quiso enfrentarse al municipio, y sólo lo hizo Felipe Ponce, quien se ha especializado en derechos humanos.
Sin embargo, Ponce indica que el proceso penal es una cosa y el proceso de indemnización otra, por lo que no debe retrasar uno a otro.
Ayer, durante el primer aniversario de Aeroshow, el alcalde Javier Garfio aseguró que siempre ha estado cerca de las víctimas, sin reflectores, pero ellos no lo han sentido así, aseguran, por lo menos no ante sus demandas.
Garfio pidió que no se utilizara a las víctimas para lucrar o “politizar” con ellas.
Las personas procesadas hasta ahora son, además de Francisco Velázquez, los empresarios Luis Felipe Valdez Caraveo (representante legal de la asociación) y Eliot Gerardo Castillo Hernández (representante de Demolition Show), así como cuatro exfuncionarios: Guillermo Ávila Olivas, exsubdirectoe de Protección Civil municipal; José Manuel Domínguez Castillo, coordinador u oficial de Protección Civil, y Javier Torres Cardona, subdirector de gobernación municipal.
Los afectados por aquel accidente acudieron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal para informar que consideran insuficiente e inadecuada la respuesta del municipio de Chihuahua hacia ellos, y la dependencia confirmó de enterada a través del oficio CEAV/JHB/0279/204 el 23 de septiembre.
El rostro de la tragedia
Ese sábado, Octavo Díaz Romero acudió con su familia a presenciar los actos que organizaron en el festival Extremo Aeroshow, entre ellos el espectáculo de la troca monstruo Big Show.
Ya había asistido los dos años anteriores y en 2013 acudió con su esposa, con su hija menor de 13 años y una sobrina de 12.
“Estaba totalmente lleno, la gente no dejaba de entrar. Nosotros ya no alcanzamos lugar en las gradas, pero vimos que la gente comenzó a caminar hacia el lado izquierdo, era gente siguiendo a gente, sin guía. Nosotros, los de atrás, pensábamos que alguien iba guiando, pero en ningún momento vimos señalamientos, listón amarillo, personas, nada… Comenzamos a llenar los espacios vacíos, estábamos parados y quedamos junto a un tractocamión”.
La gente seguía llegando e inició el evento y más personas se acomodaron atrás de ellos.
“Primero fue el espectáculo de motos, que nos sorprendió a mi esposa y a mí, al observar cómo la adrenalina de los participantes pasaba a los asistentes.
“No nos gustó, por ejemplo, que pedían a la gente que pasaran ocho niños. Los acostaron y pasaron la motos por arriba de ellos; luego pidieron 15, 18, 20, hubo un momento en que un niño se levantó corriendo cuando la moto ya había arrancado y no nos gustó eso”, narra.
Luego siguió otro evento de carros contra muro de fuego, y posteriormente la troca monstruo. Su esposa y las niñas fueron al baño, la camioneta hizo la rutina y luego vino el momento catastrófico.
“Yo estaba justo frente a la troca. Vi que la troca se colocaba, el chofer le hace señas al conductor del evento, con el tiempo supimos qué le decía.
“El del micrófono le decía que ya le había pagado y que no podía decirles que no, se sintió forzado y brincó. Tomó la decisión equivocada. Vi clarito cuando se pega con la pick-up, su cabeza se ladea y se le cae el casco. Volteé a ver para dónde corría pero estaba lleno, tenía que pasar por arriba de las personas, no había tiempo de nada, sólo me tiré un clavado hacia el frente”, relata con la sensación de aquel día.
Una llanta de enfrente le pasó por la espalda y por las dos piernas, luego otra llanta quedó sobre él.
“La troca se incrustó en cuatrimotos y empezó a aventar un tráiler que estaba ahí, lo movió como dos metros. Luego veo que el chofer trata de meter reversa y yo estaba abajo. Oía los engranes, sólo tenía libres la pierna y el brazo izquierdo, no me podía mover. Apagó el motor y me dije: ‘Ya no me muevo’, tenía múltiples fracturas”.
Luego supo que tenía fracturado el brazo izquierdo, el húmero, el fémur, le explotó un pulmón, las costillas quebradas y una de éstas le perforó el hígado; además, tenía quebrados el esternón y el diafragma.
Trató de arrastrarse un poco pero no podía mover una pierna y el dolor era insoportable. Por instinto aguantó la respiración. “Oía el glu glu glu cuando respiraba, gorgoreaba y mejor me quedé tranquilo. La pierna se me empezó a hinchar hasta que el pantalón tronó”.
Después recordó que su esposa y las niñas lo estarían buscando. Con su mano derecha pudo alcanzar el celular en la bolsa del lado izquierdo y funcionó.
“Mi esposa pensaba que yo andaría ayudando a la gente porque había tomado cursos de primeros auxilios. Cuando salieron del baño les dijeron que había habido un accidente y que la troca monstruo había atropellado a mucha gente. Cuando le llamé le dije que estaba atropellado, le dije ‘Vieja: estoy muy mal, la troca me atropelló y estoy muy delicado. Deja a las niñas un rato porque esto está muy feo, ven a ayudarme’. Después de un tiempo, nos dimos cuenta que yo ya me estaba despidiendo de ella, le decía que la amaba y que estaba en paz con ella”.
Los gritos de la gente y de los niños estremecían el lugar, niños buscando a sus padres, padres buscando a sus hijos.
“Eran gritos de desesperación, pasaban corriendo y se cegaban, pasaban por arriba de mis piernas. Luego llegaron los paramédicos, se acercó uno y me hablaba para mantenerme despierto. Me vio y ya iba con otra persona, pero le agarré la mano porque como no tenía sangre, pensaba que no estaba tan mal…
“Le pedí que escuchara mi respiración y me dijo que estaba muy delicado, buscó una ambulancia, me dijo que tenía que irme ya”.
Cuando quitaron la llanta que estaba sobre él se dio cuenta que “estaba desbaratado, parecía calcomanía, estaba pegado y extendido. Luego despega un helicóptero con pacientes y me llena de tierra, no podía respirar por la polvareda, estuvo peor porque entró tierra a mi garganta”.
Sin embargo, pensaba en que había gente más grave que él y debería aguantar hasta que tocara su turno para subir a una ambulancia.
“Todos querían subir a su gente a la ambulancia, había gente que discutía. Cuando ya lo iban a subir, llegó una señora más grave”. Le ayudó un paramédico voluntario que iba sin uniforme y logró que lo subieran a la ambulancia con la señora que iba grave.
“Me preguntaron si tenía IMSS y les dije que sí, por eso me subieron a una camilla de madera, nada más con la cintura amarrada y me subieron donde van los paramédicos, junto a la señora. La ambulancia se fue por la terracería porque no podía salir con tanta gente y carro. El camino se me hizo eterno, mi esposa se quedó con las niñas. Yo sólo contenía la respiración. Sólo le pedía a Dios que si me quería llevar, que me llevara, que se hiciera su voluntad… les pedí oxígeno y les decía que escucharan cómo respiraba, pero no llevaban oxígeno”.
La señora que iba con él también estaba grave, era enfermera del IMSS y sus compañeros iban muy preocupados también por ella.
“Yo no la podía ver porque iba poquito más arriba que ella, sólo se escuchaba que se quejaba muy fuerte, pegábamos en las paredes de la ambulancia por el camino accidentado, lleno de matorrales”.
El chofer de la ambulancia le gritaba a sus compañeros que atendieran a la enfermera herida, sabían que iba grave.
“Eran quejidos muy fuertes. El chofer estaba desesperado por la impotencia que tenía, debía conducir. Luego agarró por fin el pavimento y pude respirar mejor. Llegando al lugar, la enfermera dejó de quejarse y hubo un silencio total. Los paramédicos de atrás gritaban ‘ya se nos fue’. Tengo entendido que la reanimaron, pero no fue suficiente, falleció”.
Era Cristina Baca Gámez, enfermera del IMSS de 43 años.
A Octavo Díaz lo pasaron a terapia intensiva, le colocaron una manguera para extraer lo que le impedía respirar, lo intervinieron quirúrgicamente.
Su familia lo buscó por todos los nosocomios y en el hospital privado Cima les indicaron que sí estaba ahí, ya que ahí llevaron a la mayoría. Les dijeron que estaba delicado pero estable.
Sin embargo, cuando uno de sus familiares ingresó a buscarlo, no lo encontró.
Durante horas lo buscaron hasta que lo localizaron casi a la medianoche. “No supieron clasificar a los pacientes, no nos distribuyeron bien, saturaron el Dima, pero gracias a Dios me mandaron al IMSS porque era de menor demanda, sólo caímos tres ahí”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL)
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