En respuesta a una solicitud de acceso a la información, hecha por esta primera emisión de Noticias MVS desde julio pasado, Banobras consideró que transparentar el contenido de ese contrato violaría los secretos bancario y fiduciario, aun cuando estén de por medio recursos públicos.
Banobras fue designada, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, como la instancia encargada de transferir el dinero a la compañía estadounidense Boeing, para la compra del 787 Dreamliner. Sin embargo, el equipamiento estará bajo vigilancia del Estado Mayor Presidencial.
Ante la negativa de Banobras para transparentar el contrato, se solicitó la intervención del Instituto Federal de Acceso la Información y Protección de Datos, el Ifai, cuyos comisionados decidirán si ese archivo debe ser público o, por el contrario, permanecerá clasificado.
Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo ha transparentado documentos sobre las condiciones técnicas, de operación y seguridad del avión, que incluyen la capacitación para los pilotos y los vuelos de prueba, como el realizado el pasado jueves 9 de octubre, cuando el avión aterrizó en la base de Santa Lucía del Ejército, en el Estado de México.
El jueves pasado, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, explicó que aún falta el equipamiento de la aeronave: “El avión se está entregando por parte de la fábrica para su equipamiento probablemente en estos días sea esa entrega pero no es que llegue para ponerse en operación, llegará a un punto para equiparse y se entregará en septiembre del año que entra ya listo para operar”.
Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón se fijó en 7 mil 520 millones de pesos el costo total del nuevo avión, incluido el equipamiento especializado, según consta en un análisis de la Sedena al que tuvo acceso MVS el 15 de julio de 2013.
No obstante, antes de que concluyera el sexenio, el gobierno obtuvo una rebaja de 820 millones de pesos.
El entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, declaró en octubre del 2012 que el nuevo avión presidencial sería adquirido conjuntamente con la empresa Aeroméxico, a fin de obtener un precio privilegiado.
Aeroméxico, por su parte, informó a sus inversionistas de la compra de 100 aeronaves nuevas, en su último reporte trimestral del año 2012, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
De acuerdo con el propio Meade, se trató de una operación anclada. La primera emisión de Noticias MVS solicitó una explicación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el significado ese tipo de transacción con recursos públicos y, hasta el momento, no hay una respuesta.
El precio final de 6 mil 700 millones de pesos fue incluido en el presupuesto 2015 por parte de la Secretaría de Hacienda, el cual está disponible en internet.
Por separado, Comunicaciones y Transportes informó que el costo de la aeronave, sin equipamiento para pasajeros ni de seguridad y sin intereses, tendría un costo de 1,733 millones de pesos, bajo un esquema de arrendamiento financiero.
Este último se pagará durante 15 años, es decir, se liquidará hasta el año 2027.
El nuevo avión presidencial es un Boeing 787 modelo Dreamliner. En el ámbito comercial éste tiene una capacidad para 250 personas. Pero no se sabe cuántos lugares tendrá con las modificaciones que se le realizarán.
De acuerdo con un reportaje publicado por la revista Emeequis, en agosto de 2013, el avión puede volar a una velocidad de 954 kilómetros por hora y su diseño le permite usar 20 por ciento menos combustible, comparado con cualquier otro avión de su tamaño. Mide 56 metros de largo y puede ir de México a Tokio sin escalas.
Pero la compra del nuevo avión presidencial no será la única inversión que hará el actual gobierno.
El hangar presidencial será remodelado con un gasto extra de 945 millones de pesos, según un convenio firmado el 25 de octubre del 2013, entre la SCT, la Sedena y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En este documento, consta que el Estado Mayor Presidencial supervisará las obras; y el procedimiento de contratación quedará a cargo del propio aeropuerto del Distrito Federal.
Según las autoridades, la remodelación es necesaria porque las instalaciones están saturadas y complican el resguardo de las aeronaves.
Textualmente dice lo siguiente:
“Lo anterior se robustece considerando el tema de la seguridad nacional, que por sí sólo sería razón suficiente para realizar de manera inmediata e impostergable el rediseño y construcción del nuevo hangar presidencial, en beneficio de la integridad física y seguridad del primer mandatario y funcionarios de la administración pública federal”.
En conjunto, el nuevo avión presidencial equipado por completo y la remodelación del hangar costarán al erario 7 mil 645 millones de pesos, es decir, alrededor de 588 millones de dólares.
Esta inversión con recursos públicos alcanzaría para cubrir la mayor parte de las afectaciones ocasionadas por el huracán “Odile”, que azotó la península de Baja California el 15 de septiembre, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Turismo.
Esta misma bolsa de dinero, equivale al presunto desfalco de la compañía petrolera Oceanografía a Banamex, estimado por las autoridades en 580 millones de dólares.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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