Veracruz es el caso más grave. De 2009 a 2011 tuvo en sus arcas 716 millones 334 mil 745 pesos, pero no existe ninguna prueba fiscal de cómo gastó 91 por ciento de ello, es decir 655 millones 782 mil 573 pesos.
Tan solo en 2011, un año después de que Javier Duarte asumiera la gubernatura del estado, la Federación le entregó 652 millones 210 mil pesos, el mayor monto asignado a alguna entidad para este programa no solo en ese ejercicio fiscal sino durante los tres años de operación de HDT. Incluso, es casi lo mismo que las 32 entidades gastaron en 2009 (779 millones 200 mil pesos), pero la entidad quedó sin comprobar el destino de la totalidad de ese dinero.
Este monto equivale a la instalación de 3 mil 623 aulas, tomando en cuenta que cada una tuvo un costo promedio de 180 mil pesos que incluía computadoras, proyector, pizarrón electrónico, impresora y conexión a internet. El monto también es equiparable al 35% de aulas instaladas en secundarias en todo el país, pues de acuerdo con estadísticas de la SEP, el acumulado de 2009 a 2011 fue de 10 mil 122 salones equipados. Incluso, con ese dinero se podrían comprar 361 mil 735 tabletas electrónicas para un igual número de alumnos, como parte de la nueva estrategia digital de la Federación.
De acuerdo con el “libro blanco” –informe financiero– del programa elaborado por los funcionarios de la dependencia en 2012 y entregada a la nueva administración encabezada por Emilio Chuayffet– esa fue la entidad fue la más irregular durante los ejercicios fiscales de 2009 a 2011.
¿Dónde quedó el dinero?
Aunque Veracruz recibió el mayor monto presupuestal durante 2011, al terminar el año no había realizado ninguna licitación, contrato o convenio para equipar y conectar las 3 mil 78 aulas a internet que se había comprometido y ni siquiera había fijado una fecha de entrega y tampoco envió los informes mensuales de la cuenta bancaria donde la SEP realizó el depósito de los recursos, según lo reporta la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública.
La única justificación de los más de 652 millones de pesos se esboza en el primer informe de gobierno de Javier Duarte -2011-. En un párrafo se informa la instalación de 444 aulas telemáticas y la capacitación a mil docentes.
En el informa del siguiente año, la información es más ambigua: “se benefició a 306 mil 88 alumnos de 924 escuelas de educación básica y se incorporaron cinco escuelas de educación al programa (HDT) con la participación de UNETE”, sin aclarar cuántas aulas telemáticas se instalaron durante el año, pero menciona que entre los logros de HDT está la “preparación de 25 docentes como capacitadores-evaluadores de proyectos de aprendizajes con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Con base en estas irregularidades, la ASF solicitó a la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz una investigación y el inicio de procedimientos administrativos correspondientes “por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron la aplicación de los recursos ministrados”, toda vez que esta falta constituye “un probable daño” al erario público.
Además, en 2009 cuando recibió 63 millones 829 mil pesos, dejó sin comprobar tres millones 397 mil 73 pesos; para el año siguiente, de los 295 mil 500 pesos, no hubo justificación de 175 mil 500 pesos y en 2011, recibió 652 millones 210 mil pesos, de lo que no comprobó un peso.
Por ello, la Secretaría de Educación Pública pidió al gobierno estatal el reintegro de ese dinero, como lo establece las reglas de operación del programa para los recursos no devengados. En el oficio con fecha 29 de mayo de 2012, dirigido a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Función Pública se explica que Veracruz “ha sido omiso en la atención de los requerimientos del cumplimiento a los compromisos y obligaciones previstos”, referente a la comprobación del destino del gasto, por lo que se pide la intervención de la dependencia para “aclarar la utilización del recurso conforme a la norma o en su caso el reintegro del mismo”.
Otra solicitud en el mismo sentido fue dirigida al contralor general de Veracruz, Iván López Fernández el 19 de julio de 2012, para que “iniciar los procedimientos correspondientes y demás acciones legales”, pero hasta el momento no se ha hecho público nada de la investigación. Sin embargo, en marzo pasado hubo la destitución de Gabriel Deantes, subsecretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado y el oficial mayor de la Secretaría de Educación de la entidad, Edgar Spinoso, sin que el gobierno estatal diera explicación sobre el motivo, pero sucedió unos días después de que el presidente de la organización Mexicanos Primero, Claudio X. González, acusara a Veracruz como “el número uno en irregularidades”.
A través de una solicitud de información, Animal Político pidió a la Secretaría de Educación de la entidad el gasto desglosado, copia de las facturas y contratos realizados en los ejercicios fisacales de 2009, 2010 y 2011 como parte del programa HDT. Además de la base de datos de las escuelas con aulas telemáticas, incluyendo clave de trabajo y dirección; sin embargo, no entregó la información.
La oficina de Acceso a la Información del estado respondió que se trata de “información reservada”, pues aunque se trate de un recurso entregado hace tres años, está en etapa de “solventación de observaciones ante las autoridades federales (…) En tanto no cause definitividad, no es posible atender la solicitud”.
Aunque este medio solicitó una entrevista con el titular de la dependencia, Adolfo Mota Hernández, no ha habido respuesta hasta el momento. Y es que lo ocurrido en el ejercicio fiscal de 2011 forma parte de su responsabilidad, toda vez que asumió el cargo en 2010, al inicio de la gubernatura de Javier Duarte, luego de ser subsecretario de Educación durante la administración de Fidel Herrera y presidente del comité directivo estatal del PRI y diputado federal por ese partido.
Estados incumplidos
Los recursos a los estados eran asignados por la Subsecretaría de Educación Pública, cuyo titular era Fernando González yerno de Elba Esther Gordillo, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Sin embargo, los mecanismos de distribución carecían de claridad, según detectó la ASF por lo que realizó observaciones al respecto durante el análisis de la cuenta pública de 2010. Las reglas de operación “no se incluían los criterios de distribución, aplicación y comprobación que permitieran asegurar la transparencia de los recursos”, se explicó.
Los otros implicados en el programa y que distribuían los recursos y debían dar seguimiento a las metas del programa eran Juan José de la Mora, entonces coordinador nacional de HDT y la directora de Materiales Educativos, Edith Bernáldez, gente de confianza de Fernando González y Elba Esther Gordillo, y quien actualmente es titular de la Unidad de Vinculación, Fortalecimiento Educativo y Coordinación Paraestatal en la SEP de Puebla.
Sin embargo, ninguno de estos funcionarios lograron que HDT cumpliera con las expectativas. Al inicio del programa, la SEP planteó como meta la instalación de 208 mil aulas telemáticas en todo el país, para lo cual recibió un presupuesto de siete mil 22 millones 693 mil 470 pesos, de 2009 a 2011, de lo cual, cinco mil millones 490 mil pesos se otorgó a las entidades federativas. Sin embargo, al concluir dichos ejercicios fiscales solo lograron 10 mil 122 aulas telemáticas, según se informa en el libro blanco de la SEP.
Ahí se explica que tan solo en 2011 la meta de cumplimiento alcanzó 7.9 por ciento y se justifica que “el equipamiento de aulas se ha mantenido por debajo de la meta esperada debido a que el programa no contó con el recurso suficiente para el equipamiento y conectividad que se distribuye a las entidades, por lo que sólo fue posible atender a Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias”.
En tanto, la ASF reportó que, aunque la federación otorgó recursos para este programa, no los aplicaron, por lo que Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas realizaron reintegros extemporáneos por 290 millones 519 mil pesos. Mientras que Jalisco tuvo que regresar 272 millones 278 mil pesos que no ejerció.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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