En la Recomendación 11/2014, el organismo documentó seis casos de ocho personas que –entre el 19 de junio de 2013 y el 3 de agosto de 2014– fueron amonestadas, detenidas y algunas hasta encarceladas por ejercer su derecho de expresión y acceso a la información al documentar acciones violentas de los uniformados contra manifestantes, vendedores ambulantes y hasta adultos mayores.
Las seis investigaciones fueron acumuladas en el expediente CDHDF/I/121/CUAUH/13/D4389 por tener el mismo común denominador.
El “delito” de grabar
Entre los casos que integran dicha Recomendación se cuenta el de Roberto Hernández, quien el 30 de junio de 2013 grabó con su teléfono móvil el forcejeo entre tres policías –dos hombres y una mujer– para someter a un hombre en aparente estado de ebriedad en la Alameda Central.
El policía auxiliar L. Juárez R. lo cuestionó por la grabación “que no le corresponde” y con el argumento de que “entorpecía” su trabajo lo jaló del brazo y le dijo que lo remitiría al Juzgado Cívico. Cuando el ciudadano alegó que grabarlos no era ningún delito, el uniformado desistió de su amenaza.
El 14 de diciembre de 2013, Aldo Sotelo Lázaro, identificado como periodista de Radio Nederland, grababa una manifestación sobre la avenida Juárez, donde hubo encapsulamientos y “acciones que pudieran considerarse ilegales y agresivas” de policías capitalinos.
Al realizar entrevistas con los participantes, observó que algunos uniformados lo señalaban directamente. Minutos después fue pateado por varios policías hasta que se alejó del lugar.
El 19 de febrero de 2014, Luis Méndez Pérez, identificado como reportero del portal Somos el Medio, grabó una manifestación de personas con discapacidad visual en la estación del Metro Pino Suárez. Una policía le pidió dejar de grabar y otro le exigió que entregara las imágenes.
Como se negó a entregar su material, fue remitido, junto con otras 40 personas, a la Agencia 50 del Ministerio Público, donde fue liberado sin que se levantara constancia oficial de su traslado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia local.
El pasado 22 de abril, Andrés Landero, Lilian Hernández y Carlos Barrera participaban en la marcha contra la censura en internet y la llamada Ley Telecom, como integrantes del medio independiente Brigada Informativa Altavoz.
La joven grabó diferentes momentos de confrontación entre policías y manifestantes. Al terminar se fue con Andrés hacia la estación Pino Suárez del Metro, donde fueron agredidos por un hombre y una mujer vestidos con ropa y botas negras. “¿Ustedes sacaron unas imágenes?”, les gritaban.
Pocos minutos después, nueve policías del DF los detuvieron, los sacaron de la estación, los golpearon en la cara y el cuerpo y los subieron a una patrulla, pero nunca los pusieron a disposición de ninguna autoridad, sólo les quitaron las imágenes que grabaron durante la marcha.
El pasado 8 de junio, un hombre tomó fotografías de varios policías auxiliares que intentaban remitir al Juzgado Cívico a un vendedor ambulante en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. Una mujer uniformada pidió detener a una ciudadana bajo la acusación de que la había golpeado, pero el hombre –identificado como periodista– negó que existiera tal acción y aceptó ratificar su dicho.
Al llegar al Ministerio Público, los agentes le pidieron entregar las fotografías que tomó, él se negó y exigió que se le requiriera por escrito. Por su negativa le abrieron una averiguación previa por el delito de “ultrajes a la autoridad”. Al día siguiente fue consignado ante el juez Séptimo Penal de Delitos no Graves; cuatro días después fue liberado por “falta de elementos para procesar”.
El 14 de marzo de 2013, un hombre comenzó a grabar a dos policías de la Bancaria Industrial que reprimían verbalmente a dos adultos mayores en la estación del Metro Deportivo 18 de Marzo. La gente a su alrededor les decía que “esa no era la forma de tratar a los adultos mayores”.
Los policías se acercaron al de la grabación y le ordenaron dejar de hacerlo pues no tenía “su consentimiento”. Sin embargo, la presión de los demás pasajeros obligó a los uniformados a retirarse.
Las medidas
Según la Recomendación 11/2014 de la CDHDF, estas acciones de los policías de la SSP-DF constituyen violaciones a los derechos de libertad y seguridad personales, a la integridad personal –en particular a no ser sometido a actos de tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes–, y a la libertad de expresión y acceso a la información.
Por tales razones, el organismo recomendó a la SSP-DF dar vista de los casos mencionados a la Dirección General de Inspección Policial para que investigue y determine la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en las denuncias; así como reparar el daño emergente, lucro cesante y daño moral ocasionado a las víctimas.
También le solicitó incluir en sus programas de capacitación del personal cursos especializados en materia de libertad de expresión y que el titular –Jesús Rodríguez Almeida– emita una circular entre todos los uniformados en la que enfatice “la obligación de garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la información y se prohíba la obstaculización de los mismos”.
Al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), como autoridad colaboradora, la CDHDF recomendó revisar “de manera exhaustiva” y adecuar la normatividad vigente respecto al apoyo que brinda la SSP-DF en sus instalaciones para tener las medidas de control pertinentes que prevengan violaciones a derechos humanos, como las acreditadas en la Recomendación 11/2014.
Además, pidió al titular, Joel Ortega Cuevas, difundir entre el personal de la dependencia una circular que hable de la “obligación de garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la información y de denunciar los abusos de las autoridades cuando limiten el ejercicio de los mismos”.
A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal /ALDF), la CDHDF pidió hacer del conocimiento de las comisiones encargadas de los temas de justicia y de derechos humanos dicha recomendación para que discutan sobre el tipo penal de “Ultrajes a la Autoridad”, sus alcances y el empleo que se le ha dado por parte de las autoridades de seguridad pública, procuración y administración de justicia del DF.
Incluso, pidió que dicha recomendación se difunda entre los diputados que discutirán la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del DF en la actual legislatura, “toda vez que su contenido debe ser considerado tanto para medidas de protección, como en las políticas públicas que se diseñen en la materia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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