“Si fueran extorsionados tuvieran para comer. Cuando la gente anda ‘en cosas’ se sube inmediatamente, pero mire sus deudas: éste no tenía para cigarros, éste para galletas, éstos pedían fiados almuerzos”, dice la mujer mientras prepara un queso en salsa.
Sus hijas, encariñadas con sus antiguos clientes, mencionan las irregularidades en el proceso que llevan contra ellos que han escuchado. Según su versión, los estudiantes no llegaron esa noche a los separos ubicados a escasos metros de la tienda, en la base policial con fachada de cárcel y roída por la humedad. “Cada que hay detenidos se oye cuando gritan ‘¡poli, dame agua!’, pero esa noche no se escuchó nada, no vimos patrullas fuera”. La madrugada del día 7 no volvieron a ver a sus exvecinos pues ya estaban acuartelados en la policía estatal.
Un cliente comenta que los hicieron rendir honores a la bandera y detonar sus armas, por ello dan positivo en las pruebas de radiozonato que indican que ellos dispararon la noche del 26 de septiembre cuando activaron el operativo contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y dejaron a seis personas muertas (uno desollado), 15 heridas (una con muerte cerebral) y 43 desaparecidas. Esa noche que, hoy se sabe, entregaron a los detenidos a miembros del cártel Guerreros Unidos.
Esta mañana a la fonda van llegando familiares de policías que no quieren identificarse, pero piden se transmitan sus inconformidades: “Se los llevaron a Acapulco, y luego los sacaron y no sabemos dónde están…. No dejan pasar a verlos… ¿Por qué no revisan a las demás corporaciones, por qué los municipales son los culpables? ¿Por qué cuando la federal, los militares y la estatal ven esto se abren y mandan al patito feo?… Hay gente que no estaba en el turno en el que ocurrió todo… Además, ¿quiénes son esos ayotzinapos?, unos delincuentes…. Los balazos del autobús y de los cuerpos no coinciden con las armas que trae la policía que no traen el 762… Violaron sus derechos, los aislaron en Acapulco, ni comida les dieron… ¿Por qué los culpan a ellos si sabemos que hay patrullas clonadas… ¿En qué momento pudieron salirse del turno para ir al cerro a enterrarlos si ya los habían encuartelado? No cuadra”.
Uno de ellos, furioso, interroga a la reportera, pide a los demás que revisen si tiene una cámara oculta, amenaza, reclama por las noticias en la televisión, hace un berrinche hasta que suelta: “¿Sabe por qué no hablamos? Hablar es ir al panteón”.
En Iguala hay una preocupación especial por una oficial de nombre Margarita que tiene dos hijos pequeños y la noche salvaje estaba asignada a cuidar la estación de ferrocarriles.
Según la lógica de detenciones del gobierno, los narcopolicías trabajaban en un mismo turno, como si los que entraban en el turno siguiente todos estuvieran limpios y sólo los que estuvieron en servicio durante la noche fueran culpables.
A limpiar el nombre de Iguala
El martes 7, miércoles 8 y viernes 10, a las ocho de la mañana, afuera de la presidencia municipal se repitió una misma escena. Iniciaba un pase de lista y cuando escuchaban su nombre (“…Procopio…. Bulmaro… Basilio… Rufo… Pànfilo… Pantaléon… Margarito….Irineo….”) los policías tenían que dejarse fotografiar de frente por militares y subir con su equipaje a unos autobuses que los llevarían a Tlaxcala a entrenarse. Abajo, sus llorosas esposas les entregaban el lonche y esperaban en la calle hasta verlos marchar.
Algunos policías estaban asustados. El primer día pensaban que los militares los iban a capturar, por eso sólo 112 se presentaron. El segundo día iban más confiados porque ya tenían información: los del primer grupo habían sido llevados a dormir a unas cabañas encima de unos cerros en Tlaxcala donde pasaron la noche con frío y tenían que hacer sus necesidades más básicas en el monte a base de sanitarios, pero no sufrieron maltratos.
“Es voluntario, nadie nos está forzando, es para prepararnos mejor y ser mejores y resguardar la seguridad”, explicó Basilio Rivera Ramírez, hombre con 60 años, siete como policía y un sueldo mensual de siete mil pesos.
Su respuesta parece inspirada en el mensaje de despedida que les dio el síndico Óscar Chávez Pineda, encargado de despacho en ausencia del presidente municipal prófugo, quien realzó su sacrificio en nombre de Iguala.
“Esta medida va a ser muy buena para ustedes y provechosas, para poner en alto el nombre de Iguala, que habemos gente buena. Pongan toda su entereza para aprovechar este curso que va a ser para bien de la ciudad y de ustedes y a poner en alto el nombre de Iguala… ¡No están solos!”. Nadie aplaudió.
Inspirada, una reportera asignada a la cobertura de nota roja, repeló en voz baja: “Hacían cosas malas que no debían de hacer, pero decir que estaban en el crimen organizado no me parece”. Las ‘cosas malas’ son los arrestos a los borrachitos e indigentes. Cada falta administrativa se cobraba por 500 pesos en barandilla. No mencionó las denuncias que existen contra la corporación por secuestro, tortura, desaparición, extorsión y por las que el municipio ha sido considerado foco rojo por la comisión estatal de derechos humanos.
Esperaba su turno a los autobuses Matías González Domínguez, un hombre flacucho de rostro chupado que roza los 70 años de edad y los 16 de servicio. Este exmilitar no recordó cuántos cursos de capacitación ha tomado en la Academia de Policía y cuando se le pregunta qué cosas aprendió respondió: “Ya ni me acuerdo”.
Después de hacer memoria recordó uno: era sobre la forma como debe tratar a la ciudadanía. Un curso que sus colegas pasaron por alto cuando perseguían a los normalistas que empañaban el informe de la esposa del alcalde y presidenta del DIF.
¿Señor, la razón por la que se hizo policía? “Allá afuera está medio crítico, no dan trabajo a gente grande”.
Otra respuesta: “No ajustábamos, éramos gente humilde, necesitaba trabajar”.
El policía primero Carlos Manuel Díaz, quien quedó a cargo de la corporación luego de que los directivos se fugaron cuando a la ciudad llegaron fuerzas federales, reconoce que la mitad de los elementos no tiene estudios de preparatoria, muchos son adultos mayores, sus capacitaciones han sido irregulares y ninguno goza de jubilación.
Díaz no puede precisar el número de policías que existen en la corporación: los que estaban antes se llevaron todo, expedientes y computadoras a sus casas. En el área de Recursos Humanos se niegan a proporcionar los datos: el encargado es yerno del hermano del alcalde fugado, uno de los parientes de Abarca incrustados en la nómina municipal.
Odio a muerte contra los ayotzinapos
¿Cómo explicar la saña con la que fueron perseguidos los estudiantes que boteaban para pedir cooperación en las calles de Iguala y tomaron tres camiones para volver a su escuela? ¿Cómo se explican los dos episodios con balaceras, la cacería, la rafaguiza a los camiones que los transportaban, la persecución como perros, el desollamiento de quien no quiso quitarse la bufanda del rostro, las ejecuciones extrajudiciales, la entrega de los jóvenes a sicarios, la masacre arriba de un cerro donde la fiscalía dice que quemaron a los que permanecen desaparecidos y arrojaron a fosas? Sobre eso no tienen muchos comentarios.
“Esos estudiantes no eran una perita en dulce”, dice un sesentón que trabajaba como administrativo en la policía, encargado de cuidar las armas.
“Yo vi cuando esos ayotzinapos pintarrajearon el palacio, quebraron vidrios, hicieron vandalismo el otro año. Vandalismo, eso es lo que saben. Otro es el que paga por lo que ellos hacen”, dice uno que antes de convertirse en policía fue campesino.
“Mucha gente nos está culpando a los policías, pero sabemos que no es de ahí, que no tenemos que tirar antes, hemos tenido cursos. No sé si había patrullas clonadas, a veces hay reportes pero desconozco”, dice uno pelón de 57 años.
“El procurador hizo su trabajo, quiso quedar bien, pero los policías no hicieron esto, el policía tiene siempre que pagar. A ellos se los llevó otra gente, no fueron policías”, dice uno con 37 años de edad y 11 de servicio.
Sólo un joven de 30 años, un policía con dos años de servicio, es el único que no se expresa mal de los estudiantes, que los ve como cara de un mismo problema: “Las represalias de los ayotzinapos son porque a veces son algo agresivos, pero yo pienso que esa gente era como nosotros que cuando no nos quieren dar bonificación o Subsemun (fondos federales) hacemos nuestros paros porque no les hace caso el gobierno, y hacemos protestas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
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