Por más intentos que haga de maquillar su imagen, nada ni nadie podrá borrar este pasaje fatídico representado en esta cifra numérica que ya es conocida en todo el mundo como parte del horror que hay en el país y que intenta ser ignorado desde el nicho del poder.
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y la tardía e insuficiente respuesta de Peña Nieto es el ejemplo más emblemático de la espiral de violencia que tiene postrado a México con miles de muertos, desaparecidos y desplazados por la guerra contra el narcotráfico y la simbiosis del crimen organizado con el gobierno y el Estado.
Pese a que desde 2006 se han registrado miles de víctimas, nada ha llamado más la atención en otros países que la desaparición de los jóvenes estudiantes desde el 26 de septiembre a manos de la policía municipal de Iguala y bajo la mirada complaciente de los soldados del 27 batallón instalado en ese lugar.
El conteo de c-u-a-r-e-n-t-a-y-t-r-e-s coreado por miles de voces en diversas plazas de Europa, América, Asia y Oriente, así como en todas las entidades del país, se ha expandido a todos los medios sociales, incluidos el cultural y del espectáculo, que han dedicado parte de su trabajo a exponer el horror de este pasaje infernal mexicano.
Peña Nieto parece estar en arenas movedizas, pues a cada paso que da, a cada movimiento para tratar de salir a flote del vendaval de críticas por su incapacidad de gobernante, se hunde más y más sin que nadie de su equipo sea lo suficientemente honesto y sincero para reconocer que el crimen organizado está dentro del Estado, cogobernando en buena parte del país.
Bien dice el presidente de Uruguay, José Mujica, que Ayotzinapa es uno de los episodios más oscuros de México y el ejemplo más claro de un Estado fallido. Aunque habría que agregarle que es ejemplo del narco-Estado mexicano.
Organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e instancias como Amnistía Internacional, así como el Vaticano y gobiernos de diversos países, han reconocido este vergonzoso pasaje que tiene en jaque al gobierno de Peña Nieto, quien nunca valoró su impacto y tardó diez días en reaccionar, argumentando que se trataba de un delito estatal y que el gobierno de Guerrero tenía que resolver.
En su tiempo, otros presidentes han enfrentado matanzas y tragedias que pudieron evitarse, como la de Aguas Blancas en 1996 y la de Acteal un año después. Otros las ocasionaron, como la de Tlatelolco en 1968 y el Jueves de Corpus en 1971. Pero en el caso de Ayotzinapa, la responsabilidad de Peña Nieto es aún más directa, pues su gobierno contó con reportes entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las actividades ilícitas del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y no los atendió a tiempo.
De haber actuado en su momento, pudo haber evitado la desaparición forzada y otros asesinatos. Su falta de visión como gobernante, su insensibilidad por la situación de emergencia nacional y su miopía ante la tragedia social, producto de la violencia que ha generado el crimen organizado y el propio Estado, produjeron y lamentablemente seguirán generando más víctimas como las de Ayotzinapa.
Hoy el número 43 ha marcado al gobierno peñista y lo seguirá haciendo hasta que se vaya, en 2018. Y lo perseguirá como una terrible pesadilla desplazando aquel sueño que tenía de pasar a la historia nacional como el gran reformador de México en la segunda década del siglo XXI.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)
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