La captura ha generado todas las reacciones esperadas en la clase política: “Es una gran noticia”, “ayudará a dar con el paradero de los 43 normalistas”, “el gobierno federal está cumpliendo con sus promesas”, “se combate al narcopoder”, entre otras frases hechas para vender como un triunfo lo que, a todas luces, es una vergüenza para el gobierno federal, para el PRD, para sus protectores y cómplices.
Los sanguinarios y excéntricos Abarca y Pineda no estaban solos en su huida ni en su refugio. ¿Cómo llegaron hasta la delegación Iztapalapa después de la fuga de Iguala, Guerrero? ¿Se camuflaron para atravesar el estado de Morelos y ocultarse en el Distrito Federal? ¿Nadie supo, nadie vio en Morelos –entidad donde opera un mando único policiaco– a la “pareja más buscada” por todas las fuerzas ministeriales, militares y policiacas? ¿Por qué hace 10 días corrió el rumor de que fue detenido en Veracruz? ¿Estuvo realmente en esa entidad?
Al parecer, Abarca y Pineda también viajaban con un maletín lleno de dinero. Suficiente para corromper y pagar favores a quienes desde alguna instancia gubernamental los ayudaron a llegar hasta el Distrito Federal.
Abarca y su esposa rentaban una casa en la delegación más poblada del Distrito Federal, gobernada también por el PRD, específicamente por Jesús Valencia, quien estuvo cercano al exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y en meses recientes se sumó a la causa de Miguel Ángel Mancera. En esta misma delegación también están desplegados los operativos federales de seguridad.
Hasta ahora, lo que sabemos son piezas sueltas sobre el poder sanguinario de Abarca y sus padrinos políticos. Antes de pedir licencia y huir de Iguala se reunió en la Ciudad de México con Jesús Zambrano, exdirigente nacional del PRD, perteneciente a la corriente Nueva Izquierda (NI). Zambrano ha admitido este encuentro y señala que no fue para protegerlo sino obligarlo a entregarse a las autoridades.
Difícil entender que tres días después de la tragedia que ya era una noticia nacional, Zambrano Grijalva se reuniera tan tranquilo con el mismo alcalde que había sido acusado por René Bejarano, dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), de los asesinatos de otros militantes perredistas como Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas y otros.
Por supuesto, Abarca no le hizo caso al consejo de Zambrano. Mientras el nuevo dirigente del PRD nacional, Carlos Navarrete, también de la corriente de los Chuchos, pedía “perdón” al pueblo de Guerrero por postular narcoalcaldes, Abarca huyó con su esposa, emparentada con los Beltrán Leyva, presuntos jefes del cártel de los Guerreros Unidos que opera en Iguala y otros municipios colindantes de Morelos y el Estado de México. Este cártel estaría enfrentado con Los Rojos.
Los Guerreros Unidos y Los Rojos también operan en el estado de Morelos, gobernado por Graco Ramírez, otro político perredista perteneciente a la corriente de Los Chuchos. Un día antes de que se conociera la detención de Abarca, órganos de inteligencia del gobierno federal y de Morelos filtraron a la prensa que siete diputados locales están relacionados con el crimen organizado o con actos de corrupción.
Sin aportar muchas pruebas, estos informes mencionan al diputado del PT, Alfonso Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazari Miranda, presunto líder de Los Rojos en la entidad. Miranda fue alcalde de Amacuzac (2009-2012). En enero pasado, este legislador local organizó una fiesta en su oficina del Congreso morelense donde llegó un grupo norteño y cantaron narcocorridos, acto por el cual fue sancionado.
Hasta ahora, no sabemos dónde está el jefe de la policía municipal de Iguala, cómplice de Abarca en los hechos que desembocaron en la muerte de seis personas y el secuestro de los 43 normalistas.
Las piezas sueltas aún son muchas, pero la opinión pública nacional e internacional no espera sólo detenciones espectaculares. Reclama saber dónde están los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS)
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