En su primera presentación ante los medios luego de que el jueves 13 rindiera protesta ante el Senado como nuevo ombudsman nacional para el periodo 2014-2019, González Pérez calificó el caso Ayotzinapa como “una desaparición forzada”, al ser evidente la participación de servidores públicos del ayuntamiento de Iguala.
El exabogado de la UNAM destacó que a dos días de asumir formalmente el cargo, toda vez que su antecesor, Raúl Plascencia, dejó la CNDH el sábado 15, hizo contacto con los representantes legales de los familiares de los jóvenes desaparecidos.
La idea, aclaró, es concretar una reunión con los padres de familia y revisar el estado en que se encuentra la investigación abierta por el organismo público.
Cauto en sus respuestas, el ombudsman nacional aseguró que revisará la investigación sobre el caso Iguala iniciada en la gestión de Plascencia Villanueva, e incluso la misma podría ser reencauzada.
“Se trata de un acto injusto que nos indigna y nos agravia. El caso nos obliga a llegar a toda costa a la verdad (…) que los criminales, todos, sean sancionados”, advirtió González Pérez.
Después de informar que el mismo jueves 13 recibió una llamada del presidente Enrique Peña Nieto para felicitarlo por su designación, González Pérez reconoció que su incorporación a la CNDH ocurre en momentos de una grave crisis de derechos humanos, y que negarlo sería como “tapar el sol con un dedo”.
Para superar la crisis de credibilidad en la CNDH, González Pérez se comprometió “a no ser un ombudsman de escritorio, sino un auténtico representante del pueblo”.
Es por ello, anunció, que en los próximos días presentará una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar la ley orgánica de la CNDH de manera que se elimine la reelección en el organismo.
En su primera rueda de prensa, González Pérez celebró el convenio de asistencia técnica pactado entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la localización de los jóvenes desaparecidos, y agregó que como titular de la CNDH buscará convenios con ese organismo regional, así como con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
También se refirió al caso Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron a manos del Ejército Mexicano, acción que dio lugar a una recomendación de la CNDH.
No obstante, González Pérez dijo que se mantendrá al pendiente para que las autoridades señaladas cubran en su totalidad con las indicaciones marcadas por su antecesor, o de lo contrario echar mano de las facultades del organismo para llamar a comparecer ante el Senado a las autoridades que incumplan las recomendaciones emitidas por el ombudsman.
En cuanto a los señalamientos hechos por organizaciones sociales de un manejo poco claro de los recursos de la CNDH durante la gestión de Plascencia Villanueva, González Pérez dijo que llamará al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que incluya a este organismo en el análisis del desempeño del gasto público.
En tanto, algunas de esas agrupaciones enviaron una carta al nuevo ombudsman en donde enlistan algunos de los retos del organismo público de derechos humanos.
Las ONG advierten que la no reelección de Plascencia Villanueva, cuya gestión fue calificada como “inoperante”, abre un panorama “proclive para la “interlocución y coordinación a favor de la defensa de los derechos humanos”.
Además, enlistan como principales retos el análisis del trabajo que realizan funcionarios de la CNDH, en especial los dedicados a atender a víctimas y casos de violaciones graves a derechos humanos, como torturas, ejecuciones y desapariciones.
Asimismo, la pertinencia de establecer protocolos de investigación apegados a estándares internacionales, incluyendo casos de migrantes; así como crear un programa de acercamiento a las víctimas, con pleno respeto a ellas y sus representantes.
Incluso sugieren que en la redacción de próximas recomendaciones el ombudsman tome en cuenta los “criterios internacionales en materia de reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos”.
Además, llevar a cabo “acciones efectivas” para el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones, y reabrir recomendaciones que no hayan sido cumplidas a cabalidad por las autoridades señaladas.
También piden garantizar a las víctimas el acceso a los expedientes y copias de los mismos aun cuando no se hayan concluido; establecer un procedimiento de impugnación de las recomendaciones cuando las víctimas no estén satisfechas, e impulsar un programa de litigio estratégico que vincule a la CNDH con el sistema universal e interamericano de derechos humanos.
Sobre el personal que labora en la institución, los activistas plantean una revisión de los perfiles y que los de nuevo ingreso cuenten con “probidad y experiencia en materia de derechos humanos”, en tanto que los visitadores “no deben responder a ningún interés político”.
En la misiva, las ONG solicitan a González Pérez respetar su trabajo y no criminalizar a los defensores; revisar los casos en los que “ha litigado en contra de las víctimas y la sociedad civil”, y promover una reforma a la Ley de la CNDH ante el Senado para llevar cabo “procesos de consulta genuinos y adecuados, además de que se garantice la transparencia en el proceso”, así como eliminar la posibilidad de la reelección en el organismo.
Entre quienes respaldan la carta destacan Artículo 19, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho y Grupo de Información en Reproducción Elegida. (GIRE).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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