La investigación sobre la casa blanca en Las Lomas de Chapultepec, propiedad de Angélica Rivera -según informó la Presidencia de la República-, sirve para poner de una vez por todas un golpe en la mesa y mostrar la fragilidad de nuestro régimen de transparencia, afirmó Miguel pulido, director de Fundar, centro de análisis e investigación.
En entrevista para Aristegui CNN, apuntó que en México falta una doctrina sobre lo que es el interés público y, asimismo, falta un compromiso serio de los servidores públicos de entender que están sujetos a un estándar de fiscalización superior.
Sobre la casa de Rivera, consideró que podría afirmar que hay un conflicto de interés, el cual está regulado y tipificado en la Ley General de Responsabilidades de la Administración Pública por lo que el tercer actor que está llamado a dar explicaciones serias y contundentes es la Secretaria de la Función Pública.
Pulido llamó “a pensar en el interés público, a la noción de lo público en el sentido de que nos pertenece a todos, que tiene que ver con el criterio en función de los cuales los servidores públicos toman decisiones o dejan de tomar decisiones y que de eso se trata la regulación del conflicto de interés como una medida de prevención de afectaciones de lo que nos pertenece a todos”.
Indicó que es de suma relevancia lo que expuso la investigación sobre la casa blanca y, sobre todo, la reacción de la propia oficina de la Presidencia, quien reconoció un mecanismo de financiamiento que tiene una “arquitectura de sofisticación muy compleja y esto hay que señalarlo”, en referencia a que fue adquirida a una empresa (Ingeniería Inmobiliaria del Centro) sigue a nombre de ella, y Rivera hace abonos a la propia empresa para terminar de pagarla.
“Vayamos con profundidad a las medidas preventivas de corrupción, por ejemplo (el tema) conflicto de interés, ahí si les tiembla la mano y por eso es que no podemos conocer lo que tienen y por eso es que es de tanto escándalo internacional lo que ha salido a la luz, primero como un asunto de interés periodístico pero me parece que hoy más que nada es un asunto de debate jurídico y un asunto de debate de carácter público en el sentido gubernamental”, subrayó Pulido.
Por otra parte Guillermo Ávila, investigador de Fundar -también en entrevista en CNN-, señaló que vale la pena hacer notar los límites y las fallas que hay en la regulación de las declaraciones patrimoniales y los conflictos de interés, en el sentido de la rendición de cuentas.
Además, indicó que en este caso se trata de la cónyuge de un servidor público (el Presidente de la República), quien tiene la mayor notoriedad dentro de la administración pública en el país, y está obligado a presentar la declaración patrimonial tanto de él como de ella, pero no tenemos acceso público a esa información, señaló, en referencia a cuáles son todos los bienes de Angélica Rivera.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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