En un comunicado, el CJF detalló que Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides rindieron su declaración preparatoria y solicitaron “duplicidad del término constitucional”.
Así, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal tiene de plazo hasta el 7 de noviembre a las 8:22 horas para resolver la situación jurídica de los militares; es decir, auto de formal prisión o de libertad.
Hasta ahora, los soldados están recluidos desde el pasado 25 de septiembre en la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en el DF.
El viernes 30 de junio, los militares fueron acusados ante un juez civil por delitos ligados a la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, informó el domingo 2 de noviembre el CJF.
A todos se les acusa de “ejercicio indebido del servicio público” pero solo a tres, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, se les imputa “homicidio calificado en agravio de ocho personas”, abuso de autoridad y “alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo”.
A otro de sus compañeros, Ezequiel Rodríguez Martínez, se le acusa de encubrimiento “en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito”.
Los tres militares que quedan sólo con la acusación más leve son Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz y Samuel Torres López.
Las autoridades habían sostenido que en el incidente, que en un primer momento tacharon de “enfrentamiento”, participaron siete soldados y un teniente, pero en el comunicado del poder judicial del domingo solo se hace mención a siete personas y no a ocho y por primera vez se hicieron públicos sus nombres.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al dar a conocer los resultados de una investigación propia el pasado 21 de octubre dijo que al menos 15 personas, de las 22 que murieron ese día, habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por soldados tras un enfrentamiento en una bodega de San Pedro Limón, una comunidad de la municipalidad de Tlatlaya, en el Estado de México y a más de 200 kilómetros al suroeste de la capital mexicana.
Sin embargo, sólo en las acusaciones por presentadas ante el juez se especificó que quienes murieron víctimas de homicidio fueron sólo 8 personas.
La comisión, un organismo oficial, también constató intentos de autoridades civiles y castrenses de encubrir los hechos.
“(Es) una de las más graves violaciones a los derechos humanos que se pueden cometer”, dijo su presidente, Raúl Plascencia, cuyo informe contradice afirmaciones previas sobre lo que ocurrió ese 30 de junio y revela que funcionarios de la fiscalía del Estado de México, que inicialmente investigó los hechos, también incurrieron en torturas y agresiones sexuales contra al menos dos de tres mujeres que sobrevivieron.
Una de las sobrevivientes dijo hace algunas semanas a The Associated Press que sólo un individuo había muerto en un tiroteo inicial, y que los 21 restantes, incluida su hija de 15 años, habían sido asesinados por soldados cuando ya se habían rendido.
El caso Tlatlaya fue el primero de una serie de sucesos que han puesto en entredicho el compromiso de México con los derechos humanos. EU, Naciones Unidas, la Unión Europea y numerosas organizaciones nacionales e internacionales han exigido al gobierno mexicano una investigación rápida e independiente para esclarecer los hechos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
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