.jpg)
Los miembros del MAS instalaron dicho plantón para demandar al gobierno de Rafael Moreno Valle la liberación de 44 personas consideradas presos políticos.
Ricardo Jiménez y Marcos Mazatle, dirigentes del MAS, informaron que alrededor de las dos de la madrugada los policías irrumpieron en el zócalo a bordo de seis camionetas sin placas y sin identificarse. Tampoco mostraron orden judicial, ni ofrecieron explicaciones; en su lugar, quitaron las casas de campaña y se llevaron todos los utensilios, catres, mesas, sillas y anafres que tenían en su interior.
Dos de los integrantes del MAS que se encontraban en el campamento trataron de oponer resistencia y fueron golpeados por los policías, denunció Jiménez.
En un comunicado, el MAS condenó esta acción al señalar que es un atentado más del gobierno estatal en contra del derecho constitucional de libre expresión y manifestación.
Además, denunciaron que este ataque contra la organización ocurre la víspera de la marcha que anunciaron al Distrito Federal para protestar ante la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados en contra de las políticas represivas de Moreno Valle.
Recordaron que desde hace quince días sufrieron amenazas por parte de Guillermo Aréchiga, secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, quien les advirtió que si no se retiraban voluntariamente serían desalojados porque “afeaban” el zócalo.
El 30 de octubre, policías municipales trataron de detener a Irene Herrera, activista del MAS, quien se encontraba ese día en el campamento.
El MAS adelantó que interpondrá una denuncia penal en contra de las autoridades municipales y quien resulte responsable del desalojo, que calificó como un acto represivo.
Desde el 4 de octubre, el MAS emprendió una cadena de ayunos para exigir la liberación de las personas que han sido encarceladas durante este año por participar en movimientos sociales, protestas o por oponerse a proyectos de obras o a políticas del gobierno estatal que afectarían a sus comunidades.
Al defender su derecho a la protesta pacífica en un lugar público, los integrantes del MAS se negaron a retirar el plantón hasta obtener una respuesta a su principal demanda que es la liberación de cargos para la comisariada ejidal, Enedina Rosas Vélez, opositora del Gasoducto Morelos y quien actualmente se encuentra bajo arraigo domiciliario.
Rosas Vélez es acusada del robo de dos celulares, pese a que los empleados de la empresa que construye el gasoducto, quienes la denuncian, no se han presentado a declarar en el proceso penal instruido en su contra desde el pasado mes de abril.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
No hay comentarios: