Durante la presentación del informe “Arrancados de raíz. Causas que originan el desplazamiento transfronterizo de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de Centroamérica y su necesidad de protección internacional”, Bukhari recordó que “asegurar la protección, el acceso al procedimiento a los niños que entran a México es una responsabilidad y es un derecho no es un favor que se hace a estos niños”.
En su estudio, la ACNUR encontró que 75% de los niños detenidos no recibieron información por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre su derecho a solicitar refugio ante las condiciones de violencia de sus países de origen.
El representante de la ACNUR resaltó en la presentación de los resultados del informe la urgente necesidad de “capacitar y sensibilizar” a personal del INM a fin de identificar a menores de edad que cumplen con lineamientos internacionales para acceder a un proceso legal que les permita obtener la condición de refugiado.
Bukhari admitió que esto es un reto mayúsculo cuando muchos de los 272 niños, niñas y adolescentes encuestados “banalizan la violencia”, a pesar de que han sido víctimas desde sus países de origen o en el tránsito por México.
El informe coordinado por el investigador Abdel Camargo revela que 48.6% de los niños entrevistados en grupos de discusión y de forma individual, habían salido de sus países de origen, Honduras, El Salvador y Guatemala, por “una situación asociada a algún tipo de violencia –golpes, amenazas, intimidación e inseguridad— (…) evidenciando el grave nivel de desprotección en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en esta región del mundo”.
De acuerdo con el investigador, de octubre a diciembre de 2013 fueron entrevistados en las estaciones migratorias de Tapachula, Chiapas, y la de Iztapalapa, en el Distrito Federal, 124 menores guatemaltecos, 109 hondureños y 39 salvadoreños, lo que permitió identificar la prevalencia de una violencia generalizada en la región, tanto en su entorno social como familiar, y la ausencia de la protección de sus gobiernos para atenderlos como orígenes de la búsqueda de nuevas oportunidades.
El informe de la ACNUR da cuenta de que 60% de los niños de Honduras identificaron a la violencia como la causa de expulsión, en tanto que esa condición se aprecia en 40% de los niños guatemaltecos y 33.3% en los salvadoreños.
En su exposición, Camargo resaltó que la mayor parte de los adolescentes y los niños describieron situaciones de “amenazas, inseguridad e intimidación” provenientes del entorno social, es decir, de grupos de delincuencia organizada y pandillas que buscan reclutar a menores varones de entre 13 y 17 años.
En el caso de las adolescentes y las niñas, apuntó el investigador, la violencia descrita tiene que ver con “golpes y maltratos”, originados del entorno familiar, sobre todo entre menores de 12 años.
Las otras causas de migración descritas por los niños son la búsqueda reunificación familiar, siendo el principal motivo de migración para 40% de los menores salvadoreños; 20%; para los hondureños y 15% para los guatemaltecos; en tanto que los motivos económicos movieron a 50% de los niños guatemaltecos entrevistados, y a los hondureños y salvadoreños, en 20% respectivamente.
La investigación de Camargo detectó que el 95% de los aseguramientos de los menores ocurren en Chiapas, y que el 70% de los agentes aprehensores son funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que no informan a los niños de sus derechos y por el contrario, orientan a que renuncien a ellos.
A partir de las entrevistas, el consultor de ACNUR detectó que la policía federal es señalada mayormente como la principal fuente de extorsión, con 9.6%. Le siguen el Ejército, con 5.6%, la Marina, con 1.4% y la policía estatal, con el mismo porcentaje.
En la presentación del documento, el jefe de la Unidad de Protección de ACNUR, José Francisco Sieber, puntualizó que para México el “gran desafío que tenemos es la gran invisibilidad de estos niños”.
“Se requiere de capacitación, de una especificidad profesional técnica, no sólo de los OPi´s. sino todo oficial de migración, el oficial de policía desde, la municipal, estatal federal, tienen que tener esta sensibilidad de tomar la decisión sobre quién es o no un niño sujeto a ser refugiado y por lo tanto a recibir protección internacional, en México a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), tiene que haber sensibilidad para que, frente a las circunstancias y los relatos, se canalice al niño, niña o adolescente a esa dependencia y no su expulsión inmediata”, puntualizó Sieber.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario