Se trata de nueve expedientes, llamados Acuerdos de Reserva, que la oficina del Ejecutivo estatal evitó que sean analizados por la opinión pública por los próximos 10, 6 y 5 años, respectivamente.
Estos acuerdos están relacionados con los servicios de asesoría que ha recibido el mandatario sonorense, la logística en materia de seguridad que se sigue en sus giras estatales y el recurso entregado, desde 2009, a los padres de los 49 niños fallecidos y los más de 70 lesionados durante el incendio de la guardería ABC, entre otros.
De acuerdo con la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00162614, el titular del Poder Ejecutivo en Sonora elaboró estos nueve Acuerdos de Reserva a fin de proteger “datos personales” del Estado.
En el documento firmado por Óscar Francisco Rodríguez Miranda, titular de la Unidad de Enlace de la Gubernatura, se argumenta que el contenido de estos acuerdos se deja fuera del alcance de los sonorenses debido a que:
“(De darse a conocer) se estaría poniendo en riesgo la vida, seguridad y salud de cualquier persona. Se arriesgaría la estabilidad de las instituciones del estado de Sonora y sus municipios; o la integridad de las máximas autoridades de los tres poderes de la entidad”.
No obstante, en nada se vulnera la seguridad de la entidad si se transparentan en 2014 -y no hasta el 2024- los montos que recibe cada uno de los padres de las víctimas por lo ocurrido en la Guardería ABC.
Hasta el 2020 se protegió la información para que los sonorenses conozcan los contratos que firmó Ejecutivo estatal con los asesores que lo asistieron en la comunicación social de 2009 a 2015.
En ese mismo año podrá ser consultado el uso de vehículos oficiales asignados a secretarios y subsecretarios que colaboren directamente con el gobernador, así como del personal y los vehículos que se utilizan en Casa de Gobierno.
Este último Acuerdo de Reserva se contrapone con el decreto de austeridad que dictó el propio Guillermo Padrés el 6 de mayo de 2013, sobre todo lo respectivo al capítulo de “Economía Presupuestal”:
“Las dependencias deberán suspender de forma definitiva la celebración de contratos por honorarios, por honorarios asimilables a sueldos, o cualquier otra cosa que sea de su denominación”.
También en 2020 se podrán conocer las transacciones bancarias y financieras realizadas por la oficina del Ejecutivo a lo largo del sexenio, pese a que este 17 y el 29 de octubre se interpusieron sendas demandas contra el gobernador sonorense por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero luego de darse a conocer las dimensiones de su rancho Pozo Nuevo, valuado en 99 millones de pesos, sin contabilizar las 300 hectáreas de nogal, que por cada una de ellas se paga 20 mil dólares anuales en gastos de mantenimiento.
En 2019 también será posible conocer el contrato celebrado con el despacho “Grupo RSS S.C.” para implementar este año los juicios orales en la entidad.
Asimismo se conocerá el contrato contraído con el despacho Falcon Expertos en Opinión Pública S. de R.L. de C.V. para difundir y analizar los avances los juicios orales en Sonora.
La solicitud antes citada argumenta que la decisión gubernamental de resguardar estos nueve expedientes se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Desconoce acuerdos
En entrevista reciente, el gobernador Guillermo Padrés Elías dijo desconocer el origen de los nueve expedientes que desde su oficina se ordenó fueran resguardados para no ser conocidos hasta dentro de 10 años.
“La verdad es que es un tema que no conozco, lo reviso y lo informo”, justificó.
Cabe mencionar que la solicitud de acceso a la información pública 00162614 precisa que estos Acuerdos de Reserva fueron elaborados por el titular del Ejecutivo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
No hay comentarios:
Publicar un comentario